

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo formalizó investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y otros cuatro exmiembros del Ejército del Perú por el caso Madre Mía.
El exmandatario y los otros exmilitares serán investigados por los presuntos delitos de homicidio calificado (ejecuciones extrajudiciales) y desaparición forzada, perpetrados presuntamente en 1992, en la base militar Madre Mía.
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Acorde con la investigación declarada compleja por la fiscal provincial Marita Barreto, también están implicados Tobías Huaringa (alias ‘Huaringa’), Nicanor Guerra ( ‘Rambo’), Amílcar Gómez ( ‘Chicho’) y Russel Vela ( ‘Livio’).
Todos ellos estuvieron bajo el mando de Humala Tasso (alias ‘Capitán Carlos’) cuando se desempeñó desde junio de 1992 como jefe del Batallón Contrasubversivo 313, en la base militar Madre Mía.
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Entonces, habría conformado grupos de patrullaje en zonas aledañas al distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, provincia de Marañón, en Huánuco.
El caso comprende la tortura y el asesinato con crueldad de Edgardo Isla, el 25 de junio de 1992, cometido presuntamente por los subordinados de Ollanta Humala en el caserío de Yanajanca, así como la muerte de Nemer Acuña en dicho mes. Los restos óseos de ambas víctimas ya han sido recuperados e identificados como parte de la investigación.
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También se investiga la desaparición forzada de Luis Izaguirre, el 25 de junio de 1992, en el caserío de Yanajanca; de Nelson Hoyos, el 5 de junio del mismo año, en el caserío La Morada; Hermes Estela, el 6 de junio, en el caserío La Morada; y de Yander Leandro, el 23 de setiembre de 1992, en el caserío de Alto Pucayacu.
Cabe precisar que estos delitos cometidos se enmarcan en el contexto de crímenes de lesa humanidad y se dispuso, para el avance del caso, recibir la declaración de los procesados, familiares de las víctimas, solicitudes de información al Ministerio de Defensa, entre otras diligencias.
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Finalmente, se declaró compleja la investigación y se dispuso la prolongación del plazo de la indagación por ocho meses, hasta mayo del 2026.
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