La historia de la denuncia contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, que Patricia Benavides planeaba archivar

Como funcionario con antejuicio o inmunidad, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, era la única que podía iniciar una indagación de este tipo contra Josué Gutiérrez. La decisión de investigarlo o no era de su despacho. Sin embargo, pasados tres meses, Benavides nunca se pronunció respecto a la denuncia de la PGE contra Josué Gutiérrez.

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De hecho, de acuerdo con fuentes de El Comercio, su despacho tenía todo listo para declara que no había mérito para investigar a Josué Gutiérrez y mandar al archivo la solicitud de la PGE. Sin embargo, la crisis desatada por la ‘Operación Valkiria V’ y la posterior suspensión de Patricia Benavides pusieron toda decisión de ese tipo en pausa.

Ya por entonces era pública la investigación del equipo especial contra la corrupción en el poder (Eficcop) contra los asesores de Patricia Benavides y el señalamiento a ella misma como líder una presunta red criminal. Una de los supuesta objetivos de esa red criminal era, según la investigación del Eficcop, “contar” con “un defensor del Pueblo a la talla de la organización criminal”.

Ello se habría materializado a través de tratos ilícitos con el Congreso para asegurar la elección de Gutiérrez como defensor del Pueblo en mayo pasado. Gutiérrez ha negado ser parte del esquema criminal y ha dicho que, más bien, él no era el candidato del que se hablaba en los chats de Jaime Villanueva, exasesor principal de Benavides y hoy colaborador eficaz.

Como defensor del pueblo, Josué Gutiérrez presidirá la comisión que elegirá a los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el ente encargado de nombrar y sancionar a jueces y fiscales. Ya por entonces, Benavides tenía conflictos con la JNJ por las investigaciones que esta le seguía.

La denuncia que presentó la PGE contra el defensor del Pueblo se vincula al proceso por lavado de activos contra Nadine Heredia, Ollanta Humala y el Partido Nacionalista. Gutiérrez se hizo conocido en la política peruana durante su etapa como congresista (2011-2016) como un fiel ‘escudero’ del expresidente y su esposa. Para el 2021, se sumó a Perú Libre, partido liderado por Vladimir Cerrón, y su postulación como defensor fue apoyada por su bancada.

En junio pasado, como parte de las reglas en su proceso por lavado de activos, Nadine Heredia pidió permiso al juez Richard Concepción Carhuancho para viajar el extranjero por un tratamiento médico. La fiscalía se opuso y, más bien, requirió que se le impida salir del país, citando un riesgo de fuga en medio del avance de su juicio por ese caso.

El juez rechazó el permiso para viajar y accedió a imponerle impedimento de salida. La defensa de Heredia apeló y una sala superior le revocó la prohibición de salir del país. Sin embargo, la sala también informó que la defensoría les había enviado un escrito en el que pedían “evaluar el presente caso, teniendo en cuenta el derecho a la salud” de la acusada Nadine Heredia.

Ante ello, los jueces recordaron que, si bien la defensoría vela por los derechos ciudadanos, eso no le permite “sugerir a los órganos jurisdiccionales, interpretaciones de las normas”. “Tratándose de procesos judiciales, esta es una tarea exclusiva de la función jurisdiccional”, afirmaron.

Fuentes ligadas al caso de Nadine Heredia también consideraron una “intromisión” la postura de la institución dirigida por el excongresista nacionalista. La suspicacia pasaba, sobre todo, en torno al pasado nacionalista de Josué Gutiérrez y su notoria cercanía con la ex primera dama.

Días después, la PGE presentó la denuncia por patrocinio ilegal. En ese momento, Gutiérrez calificó la acusación de una “ligereza” y atribuyó la intervención a sus adjuntías. “El defensor no despacha estos temas [...] El defensor no interviene en estas acciones, intervienen las adjuntías”, afirmó en una conferencia de prensa.

No obstante, la decisión de investigarlo o no ya estaba en manos de Patricia Benavides y del área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, bajo la coordinación del fiscal Marco Huamán. Huamán hoy también es incluido en el esquema de la presunta red criminal.

Fue allí donde el caso pasó tres meses sin ser resuelto, hasta que Patricia Benavides y Marco Huamán fueron removidos. En contraste, por ejemplo, la ex fiscal de la Nación abrió una investigación a miembros de la JNJ por presunto patrocinio ilegal solo días después de recibir una denuncia ciudadana al respecto.

Como todo caso contra un funcionario aforado, la denuncia contra Josué Gutiérrez recayó en el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Se trata de un área especializada que comandaba Patricia Benavides, que coordinaba Marco Huamán, y que juega un rol clave en el Ministerio Público.

Su función es recibir esas denuncias y proponer si se archivaban o si ameritaban que se abra una investigación preliminar. Luego, se encargaban de hacer esa investigación preliminar -siempre bajo la aprobación de la fiscal de la Nación- y finalmente, planteaban si el caso requería una denuncia constitucional para poder formalizar la investigación. En esa fase, el caso ya pasaba a depender del Congreso y si se aprobaba allí la denuncia, de un fiscal supremo.

Para entender cómo funcionaba esta área durante la gestión de Patricia Benavides es necesario conocer al ‘tridente’ formado por el ya mencionado fiscal adjunto supremo Marco Huamán, la fiscal superior Karina Quineche y el fiscal provincial Ricardo Dulanto. Los tres eran de extrema confianza de Patricia Benavides y eran bastante cercanos entre sí, de acuerdo con fuentes de El Comercio. Eran, en la práctica, quienes supervisaban de cerca todo lo que pasaba en el área más importante de la Fiscalía de la Nación.

La influencia de estos tres fiscales en la gestión de Patricia Benavides se dejó ver incluso cuando esta entró en crisis. Quineche, a su vez particularmente cercana a Huamán, fue una de las pocas fiscales superiores que la acompañó en el mensaje que dio para anunciar su denuncia contra Dina Boluarte. Allí también estuvo Dulanto. Este último también la acompañó a sus presentaciones ante el Congreso y la Junta Nacional de Justicia para defenderse frente al caso ‘Valkiria V’. Su nombre también aparece en el más reciente esquema de la presunta red criminal.

Fuentes de este Diario comentaron que mientras el ‘tridente’ -bajo el amparo de Benavides- lideraba el área, esta estuvo marcada por un complicado ambiente laboral, con frecuentes renuncias de fiscales que eran destacados para trabajar en ella. Revisando las resoluciones de la Fiscalía de la Nación, El Comercio identificó al menos 13 renuncias o ceses en el área durante la gestión de Patricia Benavides (2022-2023), una cifra inusual para un sector especializado que ve casos complejos y de alto perfil. En algunos casos, duraron apenas dos meses (o menos) en el cargo. Una fuente vincula esas salidas a la incomodidad generada por el liderazgo.

Las fuentes explicaron que cada caso que llegaba era asignado a un fiscal del área, pero que finalmente todas las decisiones del despacho pasaban por ellos. Tanto las que resultaban en el archivo de denuncias como las que resultaban en el inicio de diligencias preliminares.

Las disposiciones de archivo no son apelables. Sin embargo, la PGE recurrió al Poder Judicial vía demandas de amparo para intentar revertir dos casos en los que la fiscal de la Nación sí llegó a decidir que no se investigue: el de los llamados ‘Niños 3′ y el de Lady Camones y los congresistas de APP por el caso del audio de César Acuña. Ambos recursos están pendientes de resolución.

Respecto a la denuncia contra Josué Gutiérrez, el fiscal al que se le asignó el caso fue Herald Ramos Machaca, quien -de acuerdo con las fuentes- inicialmente propuso que se inicien diligencias preliminares. Sin embargo, agregan las fuentes, al ‘tridente’ no le gustó la propuesta e hicieron que la rehaga, esta vez proponiendo el archivo.

El proyecto de disposición se presentó, pero no llegó a ser firmado por la crisis que culminó en la suspensión de Benavides. Ya bajo la gestión de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación interino, Marco Huamán, Karina Quineche y Ricardo Dulanto fueron removidos de sus cargos.

El Comercio envió mensajes al fiscal Marco Huamán para conocer su versión frente a lo relatado por las fuentes y sobre el caso del defensor del pueblo. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

¿Ese archivo que buscó la gestión de Benavides se debió a que realmente no había sospecha simple para investigar a Josué Gutiérrez o tuvo otras motivaciones? El análisis tendrá que hacerlo el nuevo fiscal de la Nación y el nuevo responsable del área de Denuncias Constitucionales, el fiscal Luis Germaná.

Según conoció El Comercio, el equipo del fiscal Germaná viene evaluando el estado de los casos que tenía esta área y podría cambiar el sentido de las resoluciones que aún estaban por emitirse. Como mucho de lo que rodea a la Fiscalía de la Nación, las primeras semanas del 2024 serán claves para el caso de Josué Gutiérrez y de varios altos funcionarios, como la propia Patricia Benavides.

En tanto, un hecho anecdótico puede dar más luces sobre la relación entre las gestiones de Josué Gutiérrez y Patricia Benavides. A mediados de noviembre, solo días antes de que todo estalle, el defensor fue uno de los invitados a una ceremonia en el Ministerio Público por al aniversario de las fiscalías anticorrupción, la cual estuvo encabezada por la fiscal de la Nación.

Durante el evento se transmitió un video institucional donde se puso una foto de Vladimir Cerrón, por entonces ya prófugo y condenado gracias al trabajo de una fiscalía anticorrupción de Junín, a modo de ejemplo de un caso de corrupción. Fuentes de El Comercio señalaron que tras la emisión de las imágenes, Jaime Villanueva ordenó que la foto de Cerrón sea retirada.