El Poder Judicial resolvió a favor de un pedido que hizo la defensa de Pedro Castillo para que puedan acceder sin costo alguno a la carpeta fiscal que está en la fiscalía por el presunto caso de organización criminal contra exfuncionarios de su gobierno.
El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, resolvió así la tutela de derechos que presentó un abogado del expresidente, Wilfredo Robles Soria.
Este abogado, según la resolución del juez, denunció que se violaron los derechos al debido proceso, específicamente a la defensa de Pedro Castillo, alegando que el Ministerio Público no había entregado a su pedido copias en PDF de la carpeta fiscal 66-2023.
Esta investigación implica los presuntos actos de corrupción cometidos en organización criminal en sectores como Petroperú y los ministros de Vivienda y Transportes y Comunicaciones, y se encuentra en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos.
En la audiencia convocada para evaluar la tutela de derechos, el abogado precisó que pidió acceder a la carpeta fiscal el 18 de diciembre y luego el 20 de diciembre. Ante la insistencia, la fiscalía respondió que debía realizar un pago de 50 céntimos por hoja escaneada y 10 céntimos por copias físicas simples por cada hoja.
Esto lo calificó como un cobro “indebido, abusivo y no contemplado en la norma administrativa” porque no se contempla dinero a cambio de un material que ya se encuentra escaneado.
El juez Checkley determinó que la carpeta se encuentra digitalizada, tal y como lo afirmó la defensa de Pedro Castillo, por lo que el pedido para acceder a ella no requiere otro escaneo.
Asimismo, resalta que los textos legales y el Código Procesal Penal establece que el acceso a la justicia penal es gratuito gastos procesales, aspecto que el Ministerio Público no pudo contradecir al justificar su actuación en la audiencia.
“Se restringieron indebidamente los derechos de defensa, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional”, determinó el magistrado al resolver a favor de Castillo.
Al aprobar la tutela de derechos, el Poder Judicial ordena a la fiscalía que entregue gratuitamente a la defensa las copias en PDF de la carpeta fiscal 66-2023.
