Pedro Castillo: Poder Judicial declara infundada solicitud de tutela de derechos presentada por expresidente

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada solicitud de tutela de derechos promovida por el expresidente Pedro Castillo en la investigación que se le sigue por rebelión, alternativamente conspiración, y otros delitos, como parte del Caso golpe de Estado.

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De acuerdo con una publicación del Poder Judicial en Twitter, el exmandatario argumentó una presunta violación de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (derecho a la prueba) porque supuestamente la Fiscalía no habría respondido a su pedido para recabar testimonios, obtener documentos y realizar otros actos de investigación.

El juez supremo Juan Carlos Checkley señaló en su fallo que no se advierte la vulneración de los derechos de Pedro Castillo, pues algunas diligencias sí fueron concedidas por la Fiscalía y otras rechazadas por ser impertinentes e inútiles para la investigación.

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El recurso

El pasado 5 de julio, Eduardo Pachas, abogado del expresidente Pedro Castillo, solicitó al juez Juan Carlos Checkley se recoja el testimonio de diversos personajes políticos y funcionarios en el proceso que se sigue al exmandatario por el delito de conspiración y rebelión.

A través de un documento, Pachas pide que “se declare fundado la tutela de derechos” por supuestamente haberse negado “el derecho a probar” y ordene al Ministerio Público admita el testimonio de un grupo de políticos, funcionarios y congresistas.

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El abogado de Pedro Castillo considera que deben declarar Jorge Chávez Cresta (actual ministro de Defensa), Lina Sánchez Kamada, Víctor Manuel Canales Rosas, Zoraida Ávalos (exfiscal de la Nación), Andrés Salas Jaén y los congresistas Américo Gonza, Martha Moyano, María del Carmen Alva, Patricia Chirinos, José Williams Zapata y Jorge Montoya Manrique.

Embargo

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó ayer, lunes 24 de julio, que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas sus solicitudes y dictaminó el embargo, hasta por 67 millones, de los bienes del exmandatario Pedro Castillo Terrones y del expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres Vásquez por el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre.