El proceso disciplinario contra Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato y las fiscalías contra el lavado de activos, avanza en medio de cuestionamientos, falta de respaldo institucional y el aliento de políticos de partidos que son procesados por los equipos que lidera el fiscal superior.
Este miércoles se realizó la audiencia para escuchar la apelación que presentó Rafael Vela contra su suspensión de ochos meses y 15 días dictada el 6 de octubre, en primera instancia, por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. El Comercio intentó acceder a la sala virtual para seguir el desarrollo de la sesión, pero los representantes de la oficina liderada por el abogado Juan Fernández Jerí nunca autorizaron el ingreso.
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“Nosotros no mediatizamos los casos”, argumentó la fiscal de la ANC al discutirse la posibilidad de que ingrese la prensa, de acuerdo con fuentes de este Diario. Esto a pesar de que al presentar su plan de trabajo para asumir la jefatura de la institución, Fernández Jerí había hecho énfasis en que iba a “promover la transparencia” de los procesos disciplinarios.
La decisión de no permitir el acceso a los medios de comunicación fue criticada por la Asociación Nacional de Periodistas. ”Diversos medios fueron impedidos de acceder virtualmente a audiencia. Esto afecta derecho a información de la ciudadanía en un hecho de alto interés público”, manifestaron.
La ANC no permitió el ingreso de prensa a la audiencia disciplinaria
El exprocurador Antonio Maldonado comentó a este Diario que la restricción al acceso de prensa es grave y representa “un retroceso institucional”. “Están consolidando una cultura inquisitorial. El no permitir el acceso a la prensa o de cualquier individuo contraviene los estándares mínimos de Derechos Humanos aplicables a las audiencias judiciales o disciplinarias internas”.
En esa línea, advirtió que para este tipo de audiencias ligadas a procesos disciplinarios se debe aplicar el mismo principio de publicidad que tienen las audiencias judiciales, que en este caso se hubiese garantizado con la presencia de la prensa en la sala virtual. “Las audiencias secretas ya fueron superadas en el Perú y en el mundo [...] En última instancia, la salvaguarda e integridad de esos principios está a cargo de la fiscal de la Nación”, afirmó.
Luego de esta audiencia de apelación, la ANC del Ministerio Público podrá confirmar la sanción y esta pasará a ser efectiva. Todo apunta a que ello sucederá. Esto dejará sin cabeza a los equipos de fiscales que investigan y procesan a políticos como Keiko Fujimori, Dina Boluarte, Vladimir Cerrón, Rafael López Aliaga, Martín Vizcarra, Susana Villarán, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros.
Rafael Vela y los integrantes del equipo especial han cuestionado el proceso en su contra, considerándolo como parte de una campaña de acoso y de censura, que tiene como objetivo afectar el desarrollo de los casos que llevan adelante y removerlos de ellos. El Comercio contactó a la ANC para tener su versión frente a los distintos cuestionamientos a su accionar, pero no hubo respuesta. Sobre el tema, Fernández Jerí ha declarado que “no hay más fiscales que sean intocables, dioses, ni idólatras”
Rafael Vela y Patricia Benavides durante una reunión de la fiscal de la nación con coordinadores de las fiscalías. (Foto: Ministerio Público)
Quiebre en la fiscalía
La Fiscal de la Nación dijo, luego de conocerse la sanción en primera instancia, que Rafael Vela tenía su respaldo. Sin embargo, El Comercio pudo conocer que esto no se ha traducido en ninguna acción concreta. El mismo 6 de octubre, en entrevista con Canal N, el fiscal informó que había conversado con Patricia Benavides y que esta accedió a reunirse con él al día siguiente para tratar el tema. Sin embargo, la reunión no ocurrió ese día y tampoco se ha podido concretar pasados casi dos meses.
Aquel 7 de octubre, sin embargo, Patricia Benavides, sí acudió al Congreso para dar su declaración por la investigación parlamentaria a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. “El doctor Vela sigue ejerciendo sus funciones como coordinador y tiene el respaldo, así como todos los coordinadores”, declaró a su salida del lugar. “Fue un respaldo solo para la prensa”, comentó al respecto una fuente ligada al Ministerio Público. Desde la Oficina de Imagen de la Fiscalía de la Nación no hubo respuesta a consultas de este Diario sobre el tema.
De hecho, en la fiscalía es un secreto a voces el distanciamiento entre Patricia Benavides y el fiscal Rafael Vela, quien la respaldó durante los agitados primeros meses de su gestión al frente del Ministerio Público. Las diferencias se agravaron hacia abril de este año, sobre el cierre del proceso de extradición de Alejandro Toledo al Perú, el cual fue impulsado por el Equipo Especial Lava Jato.
Por esos días, Rafael Vela dio entrevistas a medios de comunicación para comentar los alcances del caso y el proceso de la extradición, mientras que el fiscal José Domingo Pérez -encargado directamente del proceso a Alejandro Toledo- dio declaraciones a periodistas a la salida de las audiencias ligadas al expresidente. El Comercio conoció que ello causó molestia en la fiscal de la Nación y su entorno.
Patricia Benavides es fiscal de la nación desde julio del 2022 (Foto: Ministerio Público)
Coincidentemente, meses después, la ANC del Ministerio Público inició indagaciones y luego procedimientos disciplinarios contra Vela y Pérez por declaraciones dadas en ese contexto, en las que explicaban que la fiscal de la Nación no tenía participación directa en el caso de Alejandro Toledo. Según el órgano de control, esto representaba una falta de respeto a Benavides y constituía una presunta falta grave. Como parte de sus indagaciones, la ANC del Ministerio Público indicó que buscaban verificar si ambos fiscales tenían autorización de la Oficina de Imagen del Ministerio Público para dar entrevistas. En ese momento, desde esa oficina negaron que ellos autoricen entrevistas, sino que solo las coordinan.
Patricia Benavides, quien no suele dar entrevistas y declara en muy contadas ocasiones a la prensa, no se ha vuelto a referir directamente al tema. Sin embargo, el pasado 10 de noviembre, durante un discurso institucional, afirmó que el trabajo de los fiscales debe ser “objetivo, silencioso y discreto sin ningún tipo de apasionamiento político”. “Hay quienes mal entienden la función fiscal y que, movidos por dictados extraños y ajenos al mandato de la ley, utilizan las facultades que tienen para venganzas personales o satisfacción de intereses políticos. De mí, los críticos podrán decir lo que quieran, pero nunca que no soy una demócrata que no respeta la pluralidad de opiniones o la crítica”.
La declaración, difundida con particular énfasis por el Ministerio Público, fue interpretada en la institución como un mensaje dirigido a los fiscales del equipo especial Lava Jato. De hecho, se dio al día siguiente de una entrevista dada por José Domingo Pérez, quien cuestionó el accionar de la ANC y recordó que la fiscal de la Nación firmó el traslado del fiscal que firmó la sanción a Rafael Vela solo un día antes de que esta se emita. Esa entrevista también provocó una nueva investigación del órgano de control al fiscal Pérez.
Por su parte, fiscales más cercanos a Patricia Benavides, como Jorge Chávez Cotrina o Marco Huamán, han declarado a la prensa que a ellos no les consta o no han visto estas divisiones dentro de la institución.
Juan Fernández Jerí, jefe de la ANC, en una reunión con César Acuña, gobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso.
Cuestionamientos y respaldo
La sanción contra Rafael Vela considera como faltas muy graves las declaraciones que dio en el 2020, donde cuestionó -como vocero del equipo especial Lava Jato- la revocatoria de la prisión preventiva que cumplía Keiko Fujimori. Ese es el hecho considerado como falta grave para suspenderlo por ocho meses y medio, período en el que no podrá desarrollar ninguna otra actividad profesional, más allá de la docencia.
El proceso disciplinario ha sido cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió medidas cautelares a favor de Rafael Vela hace un par de semanas ante actos de hostigamiento reportados en su contra. En su resolución, la organización también manifestó preocupación por la posibilidad de que ante su suspensión, existe la posibilidad de que se le retire la protección que le da el Estado por su rol como fiscal superior.
En los últimos días, distintas organizaciones y especialistas han emitido pronunciamientos sobre el tema. En entrevista con El Comercio, Edison Lanza, exrelator especial para la libertad de expresión de la CIDH, expresó su “preocupación” por la “falta de fundamentación suficiente” detrás de la sanción de primera instancia al fiscal. “He leído las decisiones del órgano de control de la fiscalía. Las encuentro amplias y ambiguas, no se ve fundamento estricto o suficiente [...] Parecen figuras o tipificaciones amplias y ambiguas de procesos que se pueden tornar arbitrarios y pueden tener un efecto silenciador o de persecución”.
El especialista consideró que, de forma general, los fiscales deben ser abiertos al diálogo y al control de la prensa y que esto debe ser promovido por la jefatura del Ministerio Público. Por el contrario, advirtió que la sanción al fiscal Vela puede generar un efecto de miedo o temer de otros fiscales a declarar a la prensa o informar sobre sus casos, por más que sean de interés públicos.
Comunicado de organizaciones contra proceso disciplinario al fiscal Rafael Vela.
Para el exprocurador Maldonado, el proceso contra Rafael Vela “carece de fundamentos objetivos y razonables”, por lo que “deviene en arbitrario y en un abuso de poder”. Según dijo, la conducta de fiscales se juzga con las normas internas peruanas, pero también con los estándares internacionales sobre el tema. Alí se contempla sus derechos de libertad de expresión y a intervenir en el debate público sobre aspectos relacionados a su trabajo: “Al fiscal Vela y al fiscal Pérez, les imputan conductas que no vulneran esas directrices”.
“El papel de los fiscales no es estar sometidos a la voluntad de su institución. Son parte de un órgano con jerarquías, pero que tienen espacio para su autonomía, siempre bajo los parámetro institucionales. En el caso de Vela, como fiscal superior, ha hecho una defensa de sus funciones y ha hablado de sus funciones porque el Ministerio Público no se debe a la voluntad de su órgano de control o a la fiscal de la Nación, sino a la sociedad [...] Los fiscales están para hablar públicamente y en voz alta”, afirmó.
En esa línea, Maldonado opinó que la actuación de la ANC del Ministerio Público “se aprecia como dependiente de las jerarquías más elevadas” de la misma Fiscalía de la Nación. “Que no aparezca en el papel una orden donde la fiscal de la Nación le diga a la autoridad de control que haga esto o lo otro, no significa que la prensa o la sociedad no pueda concluir eso: la señora está digitando a la ANC”.
La supuesta injerencia de la Patricia Benavides sobre la ANC del Ministerio Pública es negada tanto por ella como por el órgano de control.
El abogado y exprocurador Antonio Maldonado cuestionó la labor de la fiscal de la nación y el accionar de la ANC del Ministerio Público en este caso. (Foto: Archivo El Comercio)
Organizaciones ligadas al derecho y a los Derechos Humanos han manifestado su preocupación por el procedimiento. En un comunicado firmado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Cejil, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Robert F. Kennedy Human Rights, se alega que el proceso es “sumario y carece de sustento”.
“La decisión de sancionar al fiscal Vela por realizar declaraciones públicas en casos penales de alto interés puede tener el propósito o el efecto de inhibir que otros fiscales ejerzan su libertad de expresión para dar información a la población sobre el avance de los casos, así como para denunciar presiones y hostigamientos que provienen desde el Ministerio Público”, dice el pronunciamiento.
La abogada Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Humans Rights Watch, afirmó que la ANC del Ministerio Público “debería aceptar la apelación del fiscal Vela y dar marcha atrás con su suspensión”. “El fiscal Vela no debe ser castigado por declaraciones a la prensa que hizo hace tres años sobre un caso en el que ejerció su rol de acusador. Convalidar su suspensión sería un terrible mensaje para los fiscales anticorrupción en el Perú y América Latina”, dijo en su cuenta de X (ex Twitter).
Del otro lado, el proceso contra Rafael Vela ha sido alentado por representantes de Fuerza Popular y Perú Libre, partidos cuyos líderes, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, son o fueron investigados por el equipo especial Lava Jato y las fiscalías contra el lavado de activos, respectivamente, bajo su liderazgo.
El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es uno de los que aliente este proceso. Cerrón es procesado por lavado de activos por una fiscalía bajo el liderazgo de Rafael Vela.
Mediante X, el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, por ejemplo, hizo eco de versiones periodísticas según las cuales Rafael Vela presentó un certificado médico falso dentro de su proceso disciplinario. Así también lo hizo el propio Vladimir Cerrón, quien sigue prófugo de la justicia. En tanto, la fujimorista Tania Ramírez destacó las citadas declaraciones de Patricia Benavides, vinculándolas con el equipo especial Lava Jato. Su tuit fue republicado por Waldemar Cerrón.
El equipo especial Lava Jato actualmente tiene 15 acusaciones penales presentadas ante el Poder Judicial. Las principales investigaciones ya fueron concluidas y fueron objeto de acusación.
Entre estas están los casos de Alejandro Toledo, el Metro de Lima u Ollanta Humala, que están en pleno juicio oral; o los de Martín Vizcarra, Susana Villarán o Pedro Pablo Kuczynski, que están en control de acusación, la fase previa a acusación. En el caso de Keiko Fujimori, el caso están con el control de acusación concluido y a la espera de que el Poder Judicial programe fecha para el juzgamiento.
El avance del proceso disciplinario contra el fiscal Rafael Vela coincide con avances similares en procesos abiertos a José Domingo Pérez; al fiscal contra el lavado de activos Richard Rojas Gómez, que investiga a Vladimir Cerrón y Dina Boluarte; y a la fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial contra la corrupción. Estas fiscalías también han acusado problemas de presupuesto y personal, tal como ha reportado previamente El Comercio.
