Voluntad Transformadora: las claves del caso de la presunta organización terrorista que adoctrinaba niños en Trujillo

El Segundo Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos de Lima —que investiga a Santos Romero y a sus cómplices por presunta afiliación a organización terrorista— realizó el requerimiento al Poder Judicial a la medianoche de viernes; de cara al vencimiento de la detención preliminar de 15 días. Al cierre de este informe, la audiencia para evaluar esta nueva solicitud aún no tiene fecha.

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La solicitud realizada por el Ministerio Público recae contra Santos Romero, sindicado como el cabecilla político del organismo generado y quien purgó cárcel por terrorismo; así como de José Ismael Orbegoso Romero (33), José Dominio Orbegoso (62) y Lucio Noé Orbegoso Romero (30). También contra Angelita Cerna Calderón (28), Flor Orbegoso Romero (36) y Erika Lisset Namoc Loyola (33).

Ellos fueron detenidos en un megaoperativo realizado en conjunto entre la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía y la Fiscalía, el cual inició minutos antes de la medianoche del 19 de octubre pasado. Tras ser aprehendidos en La Libertad y ejecutarse allanamientos e incautación en diversos inmuebles, fueron trasladados —vía terrestre— a Lima para cumplir la medida de detención que había sido autorizada por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Ahora, fuentes de El Comercio confirmaron que se cursó a la Dircote una notificación para que, ante el vencimiento del plazo de detención preliminar, se mantenga todavía “en custodia” a los siete investigados, en lo que se convoca a la audiencia y se resuelve el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses.

“Dicho plazo solicitado es necesario para garantizar la presencia de los imputados durante la investigación preparatoria, la etapa intermedia y especialmente en el juicio oral. Así también se deberá tener en consideración que la presente medida cautelar no solo permite asegurar la presencia de los investigados a juicio, sino también la ejecución de una probable sentencia”, se lee en el requerimiento fiscal al que accedió El Comercio.

Según las investigaciones, “Voluntad Transformadora” formaría parte de la estructura de la organización terrorista Sendero Luminoso; y cuyos integrantes venían operando “como una célula clandestina” en Trujillo, haciendo sobre todo un trabajo de captación de masas en asentamientos humanos, así como acciones de agitación y propaganda.

En fotos y videos compartidos en las redes sociales quedaron registradas también las acciones de adoctrinamiento a menores de edad que llevaban a cabo los miembros del clan familiar, con cánticos y marchas. Ellos, además, hacían supuestas actividades recreativas en favor de los niños, pero que en realidad tenían un trasfondo y solo habría sido una fachada.

“Voluntad Transformadora es un organismo generado, al igual que el Movadef. No es una ONG ni nada, es un organismo generado por Sendero Luminoso. En este caso, por su cabecilla Juan Santos Romero, ‘camarada JJ’, quien estaba trabajando en esa zona [Trujillo]”, dijo en una entrevista con este Diario el coronel PNP, Max Anhuamán.

Juan Santos había sido detenido a fines de 1993 por participar en un aniquilamiento de cinco personas en el caserío de Chuquibamba (Cajamarca). Cuando fue intervenido e interrogado no ocultó su pertenencia a Sendero Luminoso; tampoco el haber sido entrenado respecto al uso de armas de fuego y explosivos.

“Mi nombre de combate dentro del PCP-SL es de ‘JJ’, habiendo ingresado a las filas de mi partido hace aprox. unos ocho meses. (…) He participado en juicios populares (…) siendo mi misión específica de vigilancia, portando una granada de guerra, la misma que tendría como finalidad lanzarla en cuanto lleguen los ‘perros’ o, caso contrario, gritar una clave que consistía en las siguientes palabras: ‘tapa el agua’ o ‘llegó la plaga’”, reconoció Santos Romero, según los atestados policiales.

Fue condenado a 20 años de prisión en 1994; sin embargo, solo cumplió parte de su condena y fue excarcelado en el 2006. Al salir del penal de Picsi de Chiclayo, todas las evidencias apuntan a que Santos Romero siguió ligado la organización.

Fue secretario de propaganda de la base de Trujillo del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), así como estuvo vinculado al Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp). Ambos grupos —que buscaron reconocimiento en el sistema de partidos— no son otra cosa que fachadas de Sendero Luminoso.

Y durante el operativo realizado hace unas semanas, El Comercio dio cuenta que las autoridades habían hallado tarjetas de presentación en donde Santos Romero ofrecía “atención psicológica a niños”, a pesar de su pasado ligado a la organización subversiva.

A lo largo de los 15 días de la detención preliminar, la Policía realizó interrogatorios y analizó todo el material incautado; elevando así un informe al Ministerio Público que sirvió para la solicitud de prisión preventiva.

El abogado penalista Andy Carrión explicó que la naturaleza de la prisión preventiva es de “sujeción al proceso” y al de “impedimento para obstruir la investigación o la justicia”.

“Lo que está haciendo entonces ahora la fiscalía es, por un lado, en atención a la gravedad de los delitos imputados, querer preservar que no escapen de la persecución pública y puedan asistir a las diligencias, que puedan realizar los actos de investigación sin ningún inconveniente. Por otro, que no perturben la investigación, contactándose con testigos, con los agraviados”, dijo en diálogo con este Diario.

Dependerá del juzgado si acoge el requerimiento fiscal.