

En el segundo día del juicio oral, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, ratificó su pedido de 29 años de prisión contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por los aportes que recibió de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocatoria (2013) y de su reelección (2014).
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público acusó a la exburgomaestre capitalina de los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad ideológica y cohecho pasivo propio.
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Asimismo, el fiscal solicitó la aplicación de 426 días-multa para Villarán de la Puente y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 7 años.
Pérez Gómez señaló que Susana Villarán “pactó con Odebrecht” y le otorga la concesión de los peajes de la ciudad de Lima, a través de Rutas de Lima, a la empresa brasileña por 30 años a cambio de pagos ilícitos.
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“La contraprestación es que Odebrecht diera un pago ilícito de 3 millones de dólares y a cambio Susana Villarán y otros les darían los peajes de la ciudad de Lima”, detalló el fiscal del equipo Lava Jato.
Explicó que para tal fin, se adelantó la adjudicación de la concesión “de una manera inusual y célere”, y se procuró evitar la competencia de otros postores. También se ejecutó la concesión y aprobó el cierre financiero antes de que haya un cambio de gestión municipal.
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Manifestó que el contrato de concesión se firmó evadiendo el artículo 9.3 del Decreto Legislativo 1012, que era requisito legal para proceder en este caso de asociación público-privada. Es decir, se firmó el acuerdo sin la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Pérez Gómez anunció que se presentará el relato Jorge Barata en el juicio. Relató que en su testimonio, señaló que el fallecido José Miguel Castro se reunió con él para solicitarle el pago del dinero acordado.
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“Susana Villarán me llama agradeciéndome. Luego acordamos que 2 millones de dólares se paguen en Brasil por intermedio de Garreta y 1 millón de dólares se dieran a José Miguel Castro para gastos locales”, narró Barata.

José Domingo Pérez también anunció que otros testigos que se presentarán en el juicio son Salomón Lerner Ghitis, los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre, y las excongresistas Anel Townsend y Marisa Glave, además de colaboradores eficaces.
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Según relató el fiscal, cuando Susana Villarán se presentó a la reelección municipal en el 2014 recibió 1 millón 193 mil 816.68 dólares más de Odebrecht. Este pago se canalizó por el pago de obras sobrevaloradas.
Más dinero en campaña edil
En el caso de OAS, relató que presuntamente la exalcaldesa se comprometió a una firmar una adenda para aumentar la concesión de 30 a 40 años. De este modo, se cambió la naturaleza de autosostenible a cofinanciada.
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“Con la adenda 1 eliminó el Metropolitano por la Vía de Evitamiento. El contrato estipulaba que OAS le diera a la ciudad de Lima un nuevo Metropolitano. La exalcaldesa de Lima, pensando en su propio interés, eliminó con esta adenda esa posibilidad. El resultado: cero transporte público masivo en Lima. La consecuencia: más carros, más combis y por lo tanto, más peajes para pagar a la empresa OAS”, subrayó.
A cambio se le prometieron 3 millones de dólares, que fueron entregados en tres partes iguales a los acusados Luis Ernesto Cornejo Rotalde, Óscar Ricardo Vidaurreta y Valdemir Garreta.
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Tras no ser vacada en el proceso de revocatoria del 2013, Susana Villarán se mostró “agradecida” y viajó a Río de Janeiro con José Miguel Castro para reunirse con Leo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, en un restaurante.
Para la campaña municipal del 2014, OAS entregó 4 millones de dólares a cambio de ser favorecida en un trato directo.
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En el caso de Graña y Montero, el fiscal José Domingo Pérez indicó que en el proceso de revocatoria municipal del 2013 se le pidieron 200 mil dólares, que se efectivaron a través de José Alejandro Graña Miró-Quesada.
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