Tomás Gálvez: ¿Cómo funcionará y quiénes integran la comisión especial que elaborará una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público?

La resolución que hace oficial las designaciones fue publicada este domingo en el diario oficial El Peruano. Según se detalla en el documento, la formación de este grupo es consecuencia de un acuerdo tomado el pasado 11 de noviembre, de forma unánime, por los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos: Tomas Gálvez, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena.

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A partir de ello, la resolución firmada por Tomás Gálvez señala que se debe “promover un espacio de participación amplio y plural” para revisar los proyectos ya existentes para una nueva ley orgáncia e incorporar las propuestas de fiscales y de otros integrantes del Ministerio Público.

También es necesario “contar con los aportes de representantes de diversas instituciones y sectores vinculados al ámbito jurídico, social y académico, lo que garantizará que el proyecto normativo cuente con una visión integral y complementaria”.

Con la nueva Ley Orgánica se buscaría una “verdadera reforma institucional y consolidar un marco jurídico que permita responder adecuadamente a los retos y funciones establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, promoviendo un ejercicio eficiente y coherente de sus atribuciones”.

En particular, la resolución sostiene que se busca “asegurar una justicia penal más confiable y cercana al ciudadano” y “dar una respuesta eficiente a la criminalidad extorsiva y organizaciones criminales”. También se buscaría “una racional utilización de los recursos humanos y logísticos de la institución” para contribuir a “mejores resultados en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y una debida protección del medio ambiente”.

La conformación anunciada para esta comisión consiste en 26 representantes del Ministerio Público, ocho conocidos abogado como “representantes de la Sociedad Civil y la Academia”, y 13 “representantes de entidades públicas y privadas”.

Los 26 representantes del Ministerio Público incluyen al propio Tomás Gálvez como presidente de la comisión, a sus dos fiscales adjuntos supremos, otros 21 fiscales, entre supremos y provinciales, a un asesor del despacho del fiscal de la Nación interino y al Secretario Técnico de la Oficina Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal del MP.

La resolución precisa que la comisión es “temporal” y estará vigente por tres meses contados “desde su instalación, prorrogable previa solicitud sustentada por el presidente de la comisión”. Culminada su labor, deberán presentarán al Fiscal de la Nación un “informe con la propuesta final del proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público”.

También se indica que los fiscales supremos “podrán participar en cualquiera de las sesiones que programe la comisión para brindar sus aportes” y que los gastos que surjan de las actividades del grupo saldrán del “presupuesto institucional del Ministerio Público”. No obstante, la participación de los representantes de la sociedad civil y academia, y de las universidades “será ad honorem”.

Entre los nombres más conocidos del grupo destacán los fiscales superiores Jorge Chávez Cotrina, Omar Tello, Frank Almanza y Fanny Quispe, así como los fiscales provinciales Alonso Peña Cabrera y Rocío Gala. No obstante, no están incluidos representantes del Equipo Especial Lava Jato, que tiene una relación distante con Tomás Gálvez.

La lista de abogados “representantes de la Sociedad Civil y la Academia” incluye a ocho conocidos abogados, tanto en el mundo académico como por sus apariciones en medios de comunicación y en la defensa de casos mediáticos que involucran a políticos o exautoridades.

El primer nombre en el grupo es el del conocido constitucionalista Aníbal Quiroga. Durante su carrera, el jurista ha integrado distintas comisiones consultivas de este tipo y es conocido por sus apariciones en medios de comunicación.

Además, ha ejercido la defensa del Congreso en casos presentados ante el Tribunal Constitucional y fue invitado por la defensa de la excandidata presidencial Keiko Fujimori para sustentar un recurso ante esa misma instancia en el 2019. En junio del 2023, fue parte de la comisión consultiva constitucional que asesoró a Dina Boluarte, pero renunció poco después.

En diálogo con El Comercio, Aníbal Quiroga indicó que, antes de su designación, desde la Fiscalía de la Nación le preguntaron si aceptaría formar parte de la comisión. “Es un tema académico ad honorem. La actual Ley Orgánica del Ministerio Público es preconstitucional (fue con la Carta Magna de 1979) y tiene más de 40 años”, indicó.

En cuanto a cuando a comenzaría a reunirse la comisión, respondió: “No tengo idea”. “Recién ha salido la resolución. Imagino que el Ministerio Público convocará”, dijo.

En la lista también está el conocido penalista Arsenio Oré Guardia. De una larga trayectoria en el Derecho, el letrado se hizo más conocido a nivel mediático cuando ejerció la defensa de Keiko Fujimori en su investigación por lavado de activos ligada a sus aportes de campaña.

El mismo abogado fue luego incluido en el llamado ‘Caso Cocteles’ y acusado por el delito de obstrucción a la justicia. Sin embargo, por defectos formales advertidos por su defensa, el Tribunal Constitucional anuló su acusación, dispuso que el caso (solo por ese delito) vuelva a la fase de investigación y sea encargado a un despacho fiscal distinto del afectado por la supuesta obstrucción. En mayo pasado, un juez ejecutó esa decisión.

Luego está Carlos Caro, un conocido abogado penalista tanto en lo académico como lo mediático, quien ha participado en comisiones como la que el nuevo Código Procesal Penal de 2004. A nivel mediático, ha ejercido defensa de políticos que van desde César Acuña hasta el exministro Juan José Santiváñez, y ha ejercido la vocería legal de la Federación Peruana de Fútbol. En el Caso Lava Jato, su estudio defiende a la empresa española Enagás.

El penalista comentó a este Diario que lo contactaron desde la Fiscalía de la Nación interina “hace unos días” para consultarle si podía colaborar con el proyecto “ad honorem” “Acepté. Me invitan por ser profesor, académico. He sido miembro de diferentes comisiones reformadoras, entre ellas la que hizo el actual Código Procesal Penal. Sobre la fecha de reunión, aún no convocan”, indicó.

Caro negó que las defensas particulares que él o sus colegas puedan haber ejercido puedan afectar este encargo. “Para nada, es un trabajo técnico. Todos ven casos: los fiscales, los jueces, los procuradores. Todos podrían ser cuestionados por lo mismo. Es un proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público, su alcance afecta a los imputados y a los abogados, de modo que los abogados deben ser escuchados. Como todo proyecto, tendrá revisiones posteriores en el Congreso si lo somete a debate. La Fiscalía no puede convertir el proyecto en Ley. Es solo un insumo técnico para discusiones posteriores”, dijo a El Comercio.

Sobre el mismo tema, Aníbal Quiroga evitó pronunciarse, pero señaló que “cada vez que se forma una comisión para tratar de hacer algo, son más las críticas que se escuchan que los aportes constructivos”. “Ya hemos pasado por eso varias veces. Cada vez es más notoria la oposición ideológica en esos temas; pero cuando se formó, en el año 2000, la Comisión de bases para el estudio de la reforma de la Constitución, nadie criticó eso. Y cuando se formó la CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Ad- ministración de Justicia), que poco o nada logró, tampoco nadie criticó eso”, comentó.

Otro abogado en el grupo es Julio Rodríguez, quien ha defendido a investigados por el Caso Lava Jato como Juan Carlos Zevallos y Miguel Atala; a otros procesados como Zamir Villaverde y Andrés Hurtado ‘Chibolín’; al general PNP Manuel Lozada en el juicio a Pedro Castillo por el golpe de estado; y al actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos.

En la lista también está Percy García Cavero, otro abogado penalista ampliamente reconocido en el ámbito académico. Ha ejercido la defensa el exarzobispo José Eguren y -en el Caso Lava Jato- del empresario chileno Gerardo Sepúlveda y de su colega Arsenio Oré Guardia. Más recientemente, fue parte del equipo lega que sustentó ante el TC el recurso con el que se anuló el proceso a Keiko Fujimori por el Caso Cocteles.

En la lista también está la conocida penalista Romy Chang, cuya defensa mediática más reciente fue la de Real Plaza Trujillo ante el colapso del techo del centro comercial en febrero pasado; el penalista Luis Iberico Castañeda; y Víctor García Toma, exministro de Justicia del gobierno de Alan García y expresidente del Tribunal Constitucional. El jurista también fue parte de la Comisión Consultiva Constitucional que tuvo Dina Boluarte.

El resto de integrantes de la comisión serán un representante por institución de: el Poder Judicial, el Congreso, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, la Dirección General de Defensa Pública, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, del Colegio de Abogados de Lima, de Basel Institute on Governance y de las universidades.

La resolución refiere que el representante de las universidades saldrá de entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad de Piura.

En diálogo con El Comercio, Jorge Vargas Sueldo, abogado penalista y ex fiscal anticorrupción, remarcó que esta iniciativa para crear una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público proviene de la “unanimidad” de la Junta de Fiscales Supremos y la consideró “oportuna”, al margen de que la institución no pasa por su mejor momento.

“Este año hemos visto diversas propuestas de modificación constitucional, lo cual atañe también la Ley Orgánica del Ministerio Público (...) Pero también hemos propuestas que buscan, por ejemplo, establecer el voto popular o la elección popular de los fiscales supremos, las cuales no son sanas, sino que distorsiona lo que es el Ministerio Psúblico”, señaló.

El abogado consideró que es positivo que se haya convocado a fiscales de distintos niveles y a especialista en Derecho para esta evaluación, aun cuando actualmente se vive una “disputa el en el en el comando, en la cabeza del Ministerio Público”.

“Es una medida saludable, es una una salida buena, correcta, pero siempre tiene que realizarse dentro de los lineamientos, dentro del marco constitucional por el cual se creó el Ministerio Público”, declaró.