Luego de casi cuatro meses desde su detención preliminar en marzo y casi tres meses desde que ingresó al penal Ancón I, el investigado empresario Zamir Villaverde salió el martes por la tarde de este centro penitenciario y retornó a casa, en La Molina.
Sin embargo, la noche del miércoles fue detenido por varias horas en una comisaría de dicho distrito, a donde había acudido a presentar una denuncia por un presunto reglaje. El argumento de los policías fue que todavía había orden de captura en su contra. Esta situación motivó un comunicado del Ministerio del Interior.
Villaverde y la presunta red en el MTC
El martes por la tarde, en el camino del penal de Ancón a La Molina, Villaverde estuvo rodeado de prensa y personal de seguridad. Precisamente, su seguridad fue uno de los elementos que consideró el juez Manuel Chuyo para decidir, el 8 de julio, revocar la orden de 24 meses de prisión preventiva que venía cumpliendo e imponerle comparecencia con restricciones mientras es procesado por el Caso Puente Tarata.
MIRA: Lilia Paredes se presentó ante el Congreso, pero se abstuvo de declarar
“Hay la declaración de una persona que se le ha asignado una clave, que ha corroborado la presencia de amenazas, que no solo se han hecho de manera vedada en el penal, de forma indirecta, sino que se han hecho a través de llamadas telefónicas”, comentó al respecto Julio Rodríguez, abogado de Zamir Villaverde, este miércoles en RPP.
El interés periodístico también está justificado. Zamir Villaverde es una pieza clave dentro de esta investigación fiscal en la que se señala al presidente Pedro Castillo como presunto líder de una organización criminal dentro su gobierno. Y es el protagonista de audios en los que se le escucha hablar sobre presuntos actos ilícitos con otros personajes vinculados a la supuesta red.
La defensa de Villaverde reconoce que él ha venido dando información a la fiscal Karla Zecenarro para colaborar con sus indagaciones por este caso, luego de haber admitido hechos que para el Ministerio Público “configuran delito”.
“Se trata de una información que ha significado [...] para el Ministerio Público un fuerte sustento para las imputaciones que venía teniendo como tesis incriminatoria”, dijo Rodríguez.
La hipótesis de la fiscal es, como reportó El Comercio desde abril, que Pedro Castillo sería el presunto cabecilla de esta mafia, que habría tenido entre sus filas al exministro Juan Silva, al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, al sobrino del presidente Fray Vásquez Castillo y al propio Zamir Villaverde. De estos, el empresario es el único que hoy no está prófugo.
A partir del caso armado por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro y por la fiscal de lavado de activos Luz Taquire, quien tuvo a su cargo la colaboración eficaz de Karelim López, el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez abrió una investigación al presidente Pedro Castillo. Allí, también tomó la tesis de la presunta mafia con el mandatario a la cabeza y con Villaverde como connotado integrante.
Las sustentaciones de la Fiscalía de la Nación ante la Corte Suprema en audiencias públicas relacionadas a este caso representan las más recientes exposiciones sobre el esquema de esta red. El Comercio tuvo acceso a esos documentos, donde se detalla el supuesto rol que habría tenido Zamir Villaverde.
En la resolución al pedio del impedimento de salida del país contra Juan Silva, publicado a inicios de junio, se da cuenta de que, Zamir Villaverde “se habría encargado de contactar, ofrecer y acordar con empresarios, interesados en ser adjudicados con obras públicas, para ser favorecidos en las licitaciones convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre ellas, obras públicas a cargo de Provías Descentralizado”.
Estas actividades, según el Ministerio Público, las “habría realizado en coordinación con los sobrinos del presidente de la República, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, quienes de forma directa y otras veces indirecta coordinaban con el entonces ministro Juan Silva Villegas para que atienda las solicitudes de favorecimiento de los empresarios”.
También se señala que fue Bruno Pacheco quien “habría presentado al empresario Zamir Villaverde García a los sobrinos del presidente” y que estos, a su vez, “habrían presentado a dicho empresario al exministro Silva Villegas, el cual le habría otorgado la lista de obras de su sector”. Otro aspecto que se le atribuye es el de haber solicitado nombramiento de funcionares en el MTC.
De forma general, la tesis fiscal es que la presunta red criminal tendría dos brazos: un brazo operativo de captación y negociación con empresarios y un brazo de ejecución del delito. A Zamir Villaverde se le ubica como parte del brazo operativo junto a Bruno Pacheco y junto a los “mandos medios” de Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente.
Adicionalmente, en la disposición donde se abrió investigación al presidente Pedro Castillo se citó la declaración del colaborador eficaz CE-02-5D-2FPCEDCF-2022. Este dijo tener conocimiento de que Zamir Villaverde habría hecho dos entregas de dinero a Juan Silva: una de 30 mil soles y la otra de 50 mil. Según este testimonio, los S/ 30 mil habrían sido para Pedro Castillo, de acuerdo con lo referido por Silva a Villaverde.
El abogado Julio Rodríguez afirmó este martes que “con el aporte hecho por el señor Villaverde, esta tesis incriminatoria se sustenta de manera tan contundente que permite incorporar al presidente como investigado y dar una orden de detención preliminar a un exministro”. Esto último en referencia a Juan Silva, quien lleva más de un mes prófugo.
Las revelaciones del Caso Puente Tarata también apuntan a presuntos favorecimientos o beneficios que habría otorgado Zamir Villaverde, mediante sus empresas, al entorno presidencial. Entre estos está el uso de camionetas de parte los sobrinos de Pedro Castillo y el financiamiento de pasajes para vuelos aéreos a otros familiares, entre ellos dos hermanos del mandatario.
Más de 9 horas de audios
La tesis de la fiscalía partió de las irregularidades alrededor de la concesión de la obra Puente Tarata y de las declaraciones de Karelim López, la primera en señalar a Pedro Castillo, Juan Silva y Zamir Villaverde como parte de esta red.
Sin embargo, desde que Zamir Villaverde anunció su intención de, “colaborar” con la tesis del Ministerio Púbico, la investigación ha comenzado a nutrirse con audios protagonizados por él y otros investigados, con Pacheco y Silva.
Uno de ellos fue el que se escuchaba a Zamir Villaverde hablar con una persona identificada como Bruno Pacheco –su abogada negó en su momento que sea él- sobre sus intereses en asumir puesto en ministerios y otros sectores del Ejecutivo. También se hace referencia a Juan Silva como el que “el que le dio el maletín de millón de dólares o soles” y a que “Pedro sabe del millón de soles”, y se menciona una “lista de adquisiciones”.
Luego se pudo conocer la transcripción de otro audio entre dos personas, a las que un colaborador eficaz identifica como Zamir Villaverde y Juan Silva. En el documento, al que también accedió este diario, la voz identificada como la del empresario menciona la entrega de “cien grandes” o 100 mil soles, al hoy prófugo exministro, supuestamente relacionada a obras del puente Tarata. Poco después de la difusión de esta información, Juan Silva se dio a la fuga.
Julio Rodríguez ha reconocido que fue Zamir Villaverde quien “entrega un conjunto de audios que son de mucha importancia” y que van a ser remitidos “en su oportunidad” al despacho de la fiscal de la Nación, ya que involucrarían a altos funcionarios que solo pueden ser investigados por ella. El abogado agregó que la fiscal Zecenarro realizó actos de corroboración relacionados a dichos audios y que, a partir estos, ella elevó informes a la fiscal de la Nación.
Antes de salir del penal, Rodríguez afirmó que su cliente tenía incluso más audios, los cuales no podía entregar mientras seguía recluido. Cuando se le consultó por esto, el abogado respondió que en los momentos previos a que se revoque su prisión preventiva, Zamir Villaverde entregó tres nuevos audios “de una enorme importancia” a la fiscal, uno de los cuales está vinculado al supuesto “fraude electoral”.
“Estamos hablando de una persona que ha estado 70 días internado en un penal, aproximadamente. Tiene temas de carácter personal que tiene que atender, de carácter familiar, de carácter laboral. En buena cuenta, se tomará un par de días y de ahí, definitivamente estará abocado a cumplir con su acuerdo. Su acuerdo es seguir colaborando con la justicia”, afirmó el defensor legal.
Rodríguez añadió que no puede hablar de una cantidad de audios, pero sí de un aproximado en horas. “En algún momento se habla de unas 8 u 9 horas. Creo que eso absolutamente insuficiente con la posibilidad de acceso a mayor cantidad de información. Eso, finalmente, se va a determinar al momento que se obtenga de los dispositivos todos los registros”, indicó.
En los audios, reiteró el abogado, no hay contacto directo con el presidente, pero sí hay vinculación con su núcleo familiar. “Estamos hablando de los sobrinos, de la entrega de pasajes a la familia del presidente. Sí hay vínculo con ello, pero registro de llamadas de ellos no hay, porque no ha habido conversación, salvo con los sobrinos”, afirmó.
Sobre las grabaciones relacionadas al supuesto fraude, Rodríguez dijo que involucran directamente a “aquellos que estuvieron durante el proceso de realización de las coordinaciones” con autoridades electorales. “Se registra a aquellos que eran los articuladores de la realización del fraude”, entre los cuales estarían -según él- Vladimir Meza y Silvia Barrera. Ambos han negado ese rol.
La subsecuente entrega de estos audios ya no será con la fiscal Karla Zecenarro, debido a que esta tuvo que entregar la carpeta del caso al equipo especial contra la corrupción en el poder, que dirige la fiscal Marita Barreto. Rodríguez afirmó que tiene previsto presentarse ante su despacho y ponerse a su disposición.
“El señor Villaverde tiene un compromiso con la fiscalía, firmado, de seguir colaborando con las investigaciones (…) Hay una serie de audios que ustedes no conocen, que existen y que también tiene que pasar por el mismo procedimiento de corroboración que estuvo a cargo, de manera exitosa, de la doctora Zecenarro”, afirmó.
Finalmente, el defensor de Zamir Villaverde aseguró que “lo que van a reflejar algunos audios son interacciones, coordinaciones para direccionar determinadas obras, colocar a determinadas personas en otros ministerios, no solo en el MTC”. “Estamos hablado (…) de una organización criminal montada de manera paralela al Estado y encabezada por los más altos funcionarios, que pasan, evidentemente, por el liderazgo del presidente de la República”, aseguró.
Para la abogada penalista Liliana Calderón, Zamir Villaverde deberá continuar entregando evidencias al Ministerio Público y si, como dice su abogado, estos implican a otros ministerios, estas podrán llevar a nueva línea de investigación.
“Seguramente vamos a conocer en los siguientes días qué otros ministerios, qué otras entidades del Estado, qué contrataciones se habrían direccionado. Y esa información seguramente va a generar que nuevas personas sean incluidas en la investigación”, dijo.
Calderón indicó que, a partir del cambio de fiscal en el caso, será importante que este desarrolle una relación de confianza con el investigado que aporta información y con su defensa. “Finalmente, lo que busca el Ministerio Público es que la organización criminal y los cabecillas caigan y asuman la responsabilidad del caso”.
El exprocurador Iván Meini señaló que, al margen que haya un nuevo fiscal a cargo de la carpeta, la colaboración debe ser con el Ministerio Público como institución. “Si realmente el señor Villaverde quiere colaborar, va a tener que seguir entregando información. No puede condicionar”, dijo.
“Villaverde no lo hace porque sea un ciudadano ejemplar, lo hace porque obtiene un beneficio. Ese beneficio, esto es importante, permite que el Ministerio Público acceda a informació muy importante que, de otra manera, sería muy difícil que pudiera tener”, afirmó.
En línea generales, el abogado señala que con la liberación de Zamir Villaverde y la posibildiad de que entregue más información, “el escenario jurídico para el entorno presidencial se torna cada vez más complicado”.