Vizcarra apostó y reculó. Una crónica de Fernando Vivas sobre su frustrada candidatura como vicepresidente

Vizcarra es el que más chance tiene de llegar lejos en su estratagema y en su campaña. Está inhabilitado no una sino tres veces (10 años a contar desde el 2021 por el ‘Vacunagate’; 5 años a contar desde el 2022 por indicios de corrupción en el MTC; 10 años a contar desde el 2025 por haber disuelto el Congreso en el 2019); sin embargo, se presentó como vicepresidente de la única fórmula presidencial de su partido Perú Primero liderada por su hermano Mario. Sabía que sería cancelado ¿Por qué lo hace, entonces? No creo que por puras ganas de pechar al poder electoral, pues mucho arriesga. Tras conversar con mis fuentes vizcarristas, mi hipótesis es que aprovechó la ocasión para hacer digerible a su hinchada el endose de su candidatura a Mario, que se la pasó diciendo que Martín era plan A, plan B y plan C. Además, ha querido engrosar su expediente de presunto ‘perseguido político’.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Recíbelo

LEE TAMBIÉN | Betssy, te vas y no te has ido, una crónica de Fernando Vivas sobre la asilada exministra

El riesgo para Perú Primero, repito, era alto alto. El antivizcarrismo presionará al JNE para que le cobre la osadía de algún modo, si es posible tachando su plancha entera. “Está enfrentándose al ordenamiento jurídico”, me dice el experto en legislación electoral y exministro de Justicia, José Tello. Para él, “el JEE debiera hacer una valoración, si es que deja pasar este abuso del derecho de participación política a un partido que contraviene sus propios estatutos, o prima el respeto a la seguridad jurídica del proceso”. En este caso, lo segundo vale más para José: “Debieran declarar improcedente la fórmula presidencial”, remata. Uyuyuy.

En su sustento legal, Tello dice que la ley, aunque no menciona específicamente el asunto de los inhabilitados a ejercer cargos públicos, faculta al JNE a fiscalizar la democracia interna. Ésta, por ahora, se circunscribe a comprobar que los personeros son válidos y las afiliaciones correctas; pero podría extenderse e interpretar que la presentación de candidatos no habilitados para ejercer cargos públicos, es sancionable. Además, siguiendo el razonamiento del experto, una cancelación de la plancha completa se ampararía en un principio de protección del proceso electoral frente a las burlas de los partidos. José agrega un último argumento: Perú Primero contraviene su propio estatuto de partido comprometido con el estado de derecho. En su Art.2 dice que el partido postula “respetando de manera irrestricta la Constitución Política, las normas legales sobre la materia…”.

La de Martín Vizcarra fue una inscripción mañosa. El gran reto para el proceso electoral es que Mario, el habilitado, sí tiene -de acuerdo a las tendencias marcadas en diversas encuestas- chance de saltar la valla y llegar incluso más allá, de modo que sacarlo de carrera sería un acto hiper dramático; que haría recordar a la exclusión de Julio Guzmán en el 2016. Se armaría un tremendo debate nacional sobre si 5 personas -el pleno del JNE- pueden decidir en lugar de millones de electores ¿Tiene el JNE la fuerza para cancelar la fórmula presidencial vizcarrista y, sino no lo hace, tiene el temple para resistir las presiones del antivizcarrismo que quieren que lo haga? Basta oír unos minutos al aún novato presidente Roberto Burneo para dudar de que tenga semejante fortaleza.

Consulté a Fernando Tuesta, ex jefe de la ONPE, experto en temas electorales y politólogo. Discrepa con Tello. “Cuando lleguen las tachas, que sin duda las va a haber varias contra Martín Vizcarra solo y contra la fórmula completa; el JEE debe tachar solo a Martín, que es lo que cabe, porque no hay ningún artículo en la ley que diga que inscribir a un inhabilitado sea una causal para excluir a la fórmula entera”. Fernando cita, además, antecedentes, como el de Vladimir Cerrón en el 2021, segundo vicepresidente en la fórmula de Pedro Castillo, tachado por tener una sentencia firme (que luego se anuló) y que no impidió que la fórmula corriera sola con Castillo y Dina Boluarte.

Vamos a otro antecedente que tiene un significado especial en este cuento porque vincula a los dos ‘antis’ más intensos del Perú, aquellos contra Martín y Alberto/Keiko. En el 2005, cuando Fujimori veía la forma de retornar de Japón al Perú para, al menos, estar cerca del proceso electoral; los fujimoristas agrupados entonces en el partido Sí Cumple inscribieron formalmente la candidatura de Fujimori, que no solo estaba inhabilitado sino ausente. En resolución 010-2006-JEE/LC, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente, citando el argumento de la inhabilitación, a la plancha encabezada por Alberto y que incluía de vices a su hermano Santiago Fujimori Fujimori y a su prima Rosa Fujimori Inomoto. El JNE confirmó la tacha en Res. 010-2006-JNE. Ojo: tacharon la plancha completa pues Alberto la encabezaba. Entonces, el fujimorismo encontró rápidamente otra vía legal: Sí Cumple se alió a Cambio 90-Nueva Mayoría, otro partido fujimorista, formando la Alianza Para el Futuro que lanzó la candidatura presidencial de Martha Chávez. Keiko encabezó la lista por Lima. Al final del proceso, Martha se quejó públicamente de que la campaña se concentró en Keiko y la dejaron sola; pero ese es otro relato.

Me detuve en este caso, porque no me quiero perder la comparación entre Martín y Alberto: Ambos disolvieron el Congreso (uno ilegalmente, el otro validado polémicamente por el TC); ambos tienen una hinchada que rescata solo lo bueno y sepulta lo malo; y ambos practicaron el ‘endose de la sangre’, transfiriendo su candidatura y liderazgo a un familiar habilitado. Alberto ya no es tema de este cuento; pero sí Martín que pechó al JNE sin tener el escape legal de otro partido vizcarrista.

Volvamos a la pechada, pero no para oír a los expertos sino al propio vizcarrismo. Llamé a Alejandro Salas, ex ministro de Trabajo en el gobierno de Pedro Castillo, y vocero de PP. Le pregunté por qué provocan al diablo (por decirlo de alguna forma): “Estamos enviando el mensaje de que en el Perú no se respeta el derecho a la participación política, que es un derecho humano. Queremos dejar rastro de ello. Además, no hay riesgo legal porque no se puede tachar a la fórmula completa”. Alejandro agregó un argumento que atenúa los cuestionamientos de José Tello: “Hemos presentado una plancha de suplentes encabezada por Jorge Meléndez [ex congresista y ex ministro del Midis], con Carlos Illanes y Gretel Oliva, precisamente para que haya un reemplazo si a Martín lo tachan”. Aclaremos que la nueva normativa electoral faculta voluntariamente a presentar suplentes para la plancha, de modo que si tachan a uno, esta no queda coja. Martín será reemplazado por el coronel FAP en retiro, Carlos Illanes, que fue jefe de la DINI durante la gestión vizcarrista.

Y así pasó. Este sábado 8, Perú Primero dijo en un comunicado que la ONPE no considera a Martín en la fórmula presidencial y, por lo tanto, el partido ha procedido a inscribir a Illanes como candidato a la primera vicepresidencia. No tuvieron que esperar a las tachas de las que hablamos con los expertos, para poner fin al bluff. Si el vizcarrismo sobrevive sin mayores contratiempos a este incidente, el debate con sus antis será tan intenso como el que ha acompañado a Keiko en tres campañas. Que si los indicios de corrupción por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua son tan abrumadores que llevarán a Martín a la cárcel (la sentencia podría aparecer en plena campaña) o a una pena leve; que si eso bajará la llanta a la candidatura de Mario o la alimentará con el supuesto ‘calvario’ de su hermano; que si la gestión de Martín durante el COVID, cuando tuvimos uno de los mayores índices de mortalidad en el mundo, lo liquidará o su generoso electorado le agradecerá por haber sobrevivido (los más de 200 mil muertos no votan); que si el PJ hace justicia caiga quien caiga o mera persecución; serían discusiones de rutina.

El caso de Vladimir Cerrón es legalmente más complejo. Juristas de todos los colores han opinado que no tiene impedimento para postular, pues no hay sentencia firme contra él. Sin embargo, hay una orden de prisión preventiva desde diciembre del 2023, por un proceso que se le sigue por presunta pertenencia a una organización criminal enclavada en Perú Libre, que habría cometido otros delitos, además de lavado de activos, en su gestión como gobernador. Tuvo una sentencia firme condenándolo por el Caso Aeródromo Wanka, pero luego fue anulada. El cerronismo esgrime esa razón no solo para alegar persecución política, sino con la esperanza de que próximas resoluciones judiciales dejen libre y coleando a su candidato. Si ello no pasa, según Tello, el JNE debe respetar por ahora la presunción de inocencia, pero a la hora de las tachas ciudadanas que también le lloverán, podría resolver en contra de él interpretando que la condición de prófugo o reo -lo que sea primero- es motivo de exclusión. Sin embargo, existe el antecedente de Gregorio Santos, el ex gobernador de Cajamarca, que corrió estando preso y tuvo un permiso especial para acudir al debate presidencial.

En todo caso, Cerrón y su partido no han despertado el entusiasmo electoral de su pasado castillista (con el que rompieron). En Ipsos suele aparecer en el grueso de los ‘otros’ y en CPI llegó a figurar con un escaso 1.1%. A menor puesto en las encuestas, menor debate. Su fórmula, presidida por él, deriva del culto a la personalidad del que el sujeto de culto es, además, su principal cultor. Ni siquiera le dio chance dinástico a su hermano Waldemar; aunque sí lo aplicó al colocar de segunda vicepresidente a su madre Bertha Rojas, dama emérita del comunismo huanca. De primer vicepresidente, va el congresista Flavio Cruz, rostro amable del cerronismo. Sin la convicción de tener un chance ni el pragmatismo vizcarrista, Perú Libre, si tiene que morir, lo hará con su líder radical en la cabecera.

Un Camino Diferente, el partido de Arturo Fernández, el ex alcalde del distrito liberteño de Moche, se basa en su pequeña e insólita épica política que consistió en colocar una escultura ‘king size’ de un huaco erótico con un falo gigante; y reconstruirla todas las veces que fue vandalizada hasta que quedó como atracción turística y patrimonio mochero. De allí pasó a ser motor y motivo de su candidatura triunfal a la alcaldía de Trujillo, de donde fue vacado. Tiene una condena a pena efectiva por delito de difamación agravada. Por ello, está prófugo. De acuerdo a las últimas reformas electorales, una sentencia de pena efectiva por delito doloso, aunque sea en primera instancia, inhabilita al candidato; por lo que Un Camino diferente -cuyo símbolo es el famoso huaco sin su atributo- moriría electoralmente con una castración a la vez legal y simbólica. Falocéntrico y dinástico, Arturo colocó a su hermana Rosario del Pilar Fernández como primera vice presidenta.

Aún no sabemos, aunque la posibilidad es grande, si Juntos Por el Perú, el partido del congresista y ex ministro del Mincetur, Roberto Sánchez, tendrá tiempo de designar a Pedro Castillo como candidato en su lista al senado, antes de que sea inhabilitado por el Congreso. Puede candidatear aunque esté preso. La condición es que tendría que hacerlo con permiso expreso de su partido Todo Con el Pueblo, que fue inscrito recientemente, por lo que no correrá en las elecciones. Sánchez también había anunciado su voluntad de lanzar a Betssy Chávez al Congreso, pero el asilo de esta, deja sin sentido a ese jale. Para el debate, la anti política nacional y el trémulo JNE, la inscripción de los Vizcarra sigue siendo el escándalo mayor.