Omar Chehade: “Si no se logra eliminar totalmente la inmunidad, buscaremos una opción intermedia”

El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chehade (Alianza para el Progreso), adelantó que, en dos semanas, pondrá a debate los proyectos de reforma de la Carta Magna que buscan eliminar en su totalidad o parcialmente la inmunidad parlamentaria. Una de estas iniciativas es la que él mismo presentó el último viernes.

Chehade, con el respaldo de la bancada de APP, plantea dos cambios al artículo 93 de la Constitución: el primero versa sobre que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación “por actos propios de su representación”.

Y el otro es la eliminación del tercer párrafo del actual artículo: “No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”.

En comunicación con El Comercio, Chehade Moya afirmó que, de no haber sido por el estado de emergencia por el coronavirus, este habría sido el primer punto en la agenda de su grupo.

“Después de que se defina [cómo se realizarán] las primarias, que están cerca, el segundo punto será la eliminación de la inmunidad, nosotros queremos la eliminación total, otras bancadas quieren regularla simplemente. Los votos decidirán si se regula o se elimina, pero de que se va a modificar el actual texto, que no te quepa la menor duda. Este punto, calculó, se debatirá en dos semanas”, refirió.

El congresista de APP subrayó que, si no se logra llegar a un acuerdo para eliminar totalmente la inmunidad, propuesta que comparte su partido con Somos Perú y el Frepap, impulsará una opción intermedia.

“Si no se logra eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria buscaremos consensos para una opción intermedia, que altere esta inmunidad que se ha convertido en impunidad”, expresó.

Por ejemplo, indicó que, dentro de Alianza para el Progreso, él propuso que la inmunidad parlamentaria proteja a los congresistas que están a cargo de investigaciones a organizaciones criminales o a funcionarios implicados en corrupción. Añadió que esta iniciativa no prosperó, por lo que finalmente acató lo que, por mayoría, decidió su partido.

Precisó que no enviarán al archivo las propuestas para regular la inmunidad si es que inicialmente no se alcanzan los votos requeridos.

“Si no hay unanimidad, si no hay una mayoría que diga que se elimina la inmunidad totalmente, bueno existe la acumulación de proyectos, esta medida siempre ofrece alternativas y textos sustitutorios que nos pueden ayudar a llegar a un consenso general”, remarcó.

Tampoco le cerró las puertas a la opción que planteó el Ejecutivo, en el sentido, de que un órgano, como la Corte Suprema de Justicia, tenga la prerrogativa de levantar la inmunidad a los congresistas.

Sin oposición dentro de APP

El congresista Humberto Acuña (APP), por su lado, dijo que él respalda el proyecto de Chehade, a pesar de que su firma no figura en este.

“Estoy de acuerdo en este proyecto de ley, no tengo ningún problema”, expresó Acuña, quien es investigado por el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en el proyecto Olmos a favor de la constructora brasileña Odebrecht.

“Estoy totalmente dispuesto a asistir a todas las convocatorias que realice la fiscalía y el Poder Judicial”, agregó el exgobernador regional de Lambayeque.

Los datos

La bancada de APP, en el proyecto presentado por Chehade, considera que esta iniciativa contribuirá a “legitimar ante el pueblo” al Poder Legislativo y a los congresistas, debido a que “ya no serán vistos como” personas dotadas de “privilegios” y mecanismos de protección “que les permita abusar de su investidura para mantenerse en la impunidad”.

El Congreso que fue disuelto desaforó a dos congresistas de Alianza para el Progreso: Benicio Ríos y Edwin Donayre. El primero fue sentenciado a siete de años de prisión por colusión agravada, mientras que el general EP en retiro a cinco años por el robo sistemático de combustible en el Ejército.

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