¿PPK debe nombrar un Gabinete totalmente nuevo como exige FP?

El pleno del Congreso rechazó la cuestión de confianza que presentó el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Según indica la Constitución, esto produce una crisis total del gabinete, lo que significa que todos los ministros tienen que dejar su cargo.

Sin embargo, lo que ha generado un debate en las últimas horas es la posibilidad de que PPK vuelva a nombrar a varios de los actuales ministros en sus mismos puestos, situación que la oposición fujimorista del Congreso rechaza. "Volver a reincorporar a algunos de los ministros ya censurados sería una acto inconstitucional, una leguleyada", dijo el vocero de Fuerza Popular, Héctor Becerril.

- Ninguna limitación -

"No existe ningún impedimento, ninguna norma, que diga lo que el presidente de la República puede hacer o no hacer al nombrar un nuevo Gabinete. El Ejecutivo solo actúa según las normas y no hay un bloque en ese nivel. Elegir un gabinete es competencia constitucional del mandatario", dijo a El Comercio el constitucionalista Samuel Abad.

Para el especialista, lo que exige Fuerza Popular es algo político que no tiene respaldo alguno a nivel jurídico. "Que no vuelvan a nombrar a ningún ministro es algo que ellos quieren, pero no tiene base legal. Quien designa ministros es el presidente. Los parlamentarios solo otorgan su confianza", añadió.

El ex magistrado del Tribunal Constitucional, César Landa, señaló que la práctica parlamentaria también demuestra que los actuales ministros pueden ser ratificados en el cargo luego de renunciar con el resto del gabinete.

"Ni la Constitución y el reglamento del Congreso precisan los alcances, pero en la práctica parlamentaria, en el gabinete de Ana Jara ella tuvo que dejar el cargo, pero los ministros se mantuvieron en sus cargos y no se hizo cuestión alguna en el Parlamento. Con Fernando Belaunde también ocurrió lo mismo cuando censuraron al primer ministros Oscar Trelles", recordó.

Para Landa, querer considerar al Congreso como un poder del Estado que tiene la capacidad de poner limitaciones al nombramiento de ministros es inconstitucional.

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