El entonces presidente Ollanta Humala y el titular del MTC Carlos Paredes durante el inicio de las obras de la carretera Huaura-Sayán-Churín en julio del 2013. Para la fiscalía, la licitación fue sospechosa.
El entonces presidente Ollanta Humala y el titular del MTC Carlos Paredes durante el inicio de las obras de la carretera Huaura-Sayán-Churín en julio del 2013. Para la fiscalía, la licitación fue sospechosa.
Karla Ramírez Camarena

Un ex trabajador de Lual Contratistas Generales y testigo protegido de la fiscalía entregó a El Comercio copias de una parte del archivo contable de la empresa, que habría servido como intermediaria para el pago de sobornos del llamado , según la investigación fiscal del caso.

Son más de 14 hojas de cálculo con el “registro de ventas” de Lual de octubre del 2012 y de todo el 2013, que comprometen a constructoras sindicadas por la fiscalía como miembros del presunto ‘club’.



La hipótesis fiscal indica que Lual, así como las empresas PyP Proyectos y RAL Contratistas, fue usada para que las constructoras bancarizaran y justificaran a nivel tributario las supuestas coimas que dieron tras la concertación de licitaciones con funcionarios en Provías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Comprobantes vs. licitaciones. Las facturas que Lual emitió a las constructoras para justificar los supuestos sobornos en el MTC coinciden con licitaciones ganadas por estas empresas con la entidad en el mismo período.
Comprobantes vs. licitaciones. Las facturas que Lual emitió a las constructoras para justificar los supuestos sobornos en el MTC coinciden con licitaciones ganadas por estas empresas con la entidad en el mismo período.

El material al que accedió este Diario describe en detalle las 37 facturas que fueron emitidas por Lual en el 2013 a siete constructoras y cuatro consorcios por un total de S/17’797.477, y en el 2012 otras tres facturas a dos constructoras por S/1’181.180.

El archivo reúne mes a mes los montos girados a los “clientes [constructoras]”, e incluye los impuestos y detracciones de cada operación.

El ex empleado de Lual afirmó que Rodolfo Prialé de la Peña, sindicado como el coordinador de las firmas integrantes del ‘club’, era el dueño real de esta empresa. Explicó que Lual “no tenía ni ingenieros ni obreros ni maquinaria que realizara las obras. Solo contaba con personal para ordenar la contabilidad, organizar la agenda de Prialé, un agente de seguridad y un chofer”. Agregó que, aunque la dirección fiscal indica que operó en San Borja, la sede real era un departamento alquilado en un segundo piso ubicado en Los Tallanes 125, Santiago de Surco.

—Facturas de pantalla—
Según testimonios recogidos por la fiscalía, a inicios del gobierno de Ollanta Humala el ‘club’ proyectó pagar en coimas alrededor de S/250 millones para una cartera de proyectos –en el MTC– superior a los S/5 mil millones.

El colaborador eficaz 014-2018 de la fiscalía detalló que, en principio, se entregaron en efectivo US$17 millones a José Guillermo Paredes, hermano de Carlos Paredes, ministro de Transportes y Comunicaciones entre julio del 2011 y junio del 2014. Sin embargo, hubo otras modalidades: el uso de empresas ‘offshore’ en Panamá para las transferencias de las coimas y la emisión de facturas en empresas dedicadas a justificar los sobornos. Aquí apareció Lual.

El colaborador 014-2018 ha declarado que cuando “surgió la idea de hacerlo [pago de sobornos] a través de la empresa Lual Contratistas”, se suscribieron “una gran cantidad de contratos ficticios que permitían efectuar los pagos mediante trabajos simulados, trabajos inexistentes, cuyo registro llevó Luis Humberto Prevoo Neira [gerente general de Lual]”.

Los archivos con el “registro de ventas” de Lual Contratistas detallan mes a mes las facturas que esta emitió a constructoras.
Los archivos con el “registro de ventas” de Lual Contratistas detallan mes a mes las facturas que esta emitió a constructoras.

En el mismo sentido, el ex trabajador de Lual dijo a El Comercio que las facturas que la compañía extendió a las constructoras –miembros del presunto ‘club’– fueron reales e incluso declaradas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat); pero los servicios (supuestas consultorías o valorizaciones de obra) nunca se prestaron. “Todas las facturas se emitieron y fueron declaradas a la Sunat, pero Lual nunca realizó el trabajo […], nunca hizo obras”, afirmó.

El ex empleado de Lual precisó a este Diario que “Prevoo, por orden de Prialé, tenía el encargo de ir a las constructoras para firmar informes falsos que sus especialistas elaboraban para justificar las órdenes de servicio”. Esta persona indicó que ya declaró ante el fiscal Germán Juárez, responsable de la investigación.

—Constructoras responden—
Andrade Gutierrez
“Reafirma la postura de colaboración que la empresa adoptó ante los órganos competentes […]. La compañía apoya toda iniciativa de combate a la corrupción, y que tiene por objeto esclarecer y reparar hechos ocurridos en el pasado, incluyendo el resarcimiento de daño”.

OHL Perú
“OHL Perú ni sus colaboradores son sujetos investigados en el llamado caso del ‘club de la construcción’ […]. La totalidad de los procesos de licitación […] han sido ejecutados con la máxima transparencia, de acuerdo a la ley […]. OHL mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción”.

Conalvías
“Nunca ha realizado pagos indebidos a funcionarios del gobierno para la obtención de alguna obra pública […] en cuyos concursos obtuvimos la buena pro en mérito a nuestras propuestas […]. Es totalmente falso que alguna empresa en el Perú haya emitido una factura a favor del señor [Mario Santana], pues se trata de un funcionario de nuestra empresa de reconocida solvencia moral y profesional”.

Mota Engil
“Ratifica que ha venido atendiendo y atenderá, conforme a ley, todos los requerimientos de la autoridad competente respecto a la investigación en curso, la cual es de carácter reservado”.

Cosapi
“No hará comentarios acerca de hechos que serían materia de investigación fiscal”.

Camargo Correa
“No ha sido emplazada de manera formal, en la investigación por la cual ustedes nos preguntan. Por esta razón, no podemos hacer ninguna declaración. Nuestra empresa, sin embargo, viene atendiendo a cuanta información solicita la fiscalía”.

Las firmas Queiroz Galvao, Constructores y Mineros, E. Reyna C. y Camesa, además de los consorcios Sayán y Las Vegas, no declararon para esta nota.

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