Más del 90% de los funcionarios públicos condenados por delitos sexuales en los últimos 10 años fueron sentenciados por atacar a menores de edad

Tras la visita de la Contraloría, los informes de estos hechos fueron presentados al SíseVe, pero fuera del plazo legal de 24 horas, lo que dificultó aún más un seguimiento institucional oportuno.

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Este caso evidencia un problema: aunque se haya identificado violencia sexual en aulas, no siempre se registra ni investiga formalmente.

Una base de datos entregada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) revela que entre 2015 y junio de 2025, el Estado ha inscrito 2.885 condenas penales por delitos sexuales cometidos por servidores públicos. Todos los casos se encuentran en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) y cuentan con sentencia consentida o ejecutoriada.

Es decir, en promedio, alrededor de 269 servidores públicos por año fueron condenados por delitos sexuales.

Con la finalidad de conocer cuántos de estos condenados pertenecían al ámbito educativo, ECData solicitó a SERVIR —mediante la Ley de Transparencia— el número de docentes y personal educativo del Ministerio de Educación (Minedu) y de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) que, entre 2015 y 2025, hubieran sido condenados en última instancia por delitos sexuales.

La respuesta oficial fue que “no es posible remitir el número de profesores, directores y personal educativo del MINEDU y SUNEDU [...] debido a que las sanciones penales inscritas solo contienen los datos personales de los condenados, número de resolución, descripción del delito y periodo de vigencia de la inscripción”.

Esto quiere decir que el Estado no puede identificar a los agresores específicos del sector Educación, de modo que no puede monitorearse que estos no sean, eventualmente, reinsertados en espacios educativos, por ejemplo, privados.

Todos los sancionados registrados perdieron la capacidad de ejercer cargos públicos. La base analizada incluye condenas por los delitos más graves del Código Penal peruano, como tocamientos y actos libidinosos a menores, violación sexual de menor de edad, violación sexual, entre otros.

En Perú, más de 3,000 escolares reportan cada año presuntas situaciones de abuso sexual en las aulas, según el portal SíseVe. Y aunque el registro penal es un avance, la opacidad institucional permite que agresores condenados pasen desapercibidos y puedan reinsertarse en entornos escolares.

Más del 90% de los casos incluidos en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles corresponden a delitos contra niños, niñas y adolescentes. La mayoría de sanciones (más del 85%) están tipificadas bajo la figura de inhabilitación definitiva para ejercer función pública. Es decir, los autores fueron removidos del cargo y no podrán ocupar ningún puesto en el Estado. Pero no hay certeza sobre si el cargo implicaba contacto directo con menores.

El análisis también evidencia un aumento sostenido de los registros desde 2015. Solo entre 2021 y 2024 se registraron casi el 50% del total de sanciones. El año 2025, que aún no concluye, ya acumula más de 33 casos.

En el 2024, SíseVe alcanzó un récord de 3 942 reportes de violencia sexual en instituciones educativas. No obstante, solo 300 casos terminaron en una condena registrada formalmente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. En ese sentido, solo el 7.6% de las denuncias por violencia sexual escolar habrían culminado en una sentencia firme con inhabilitación del agresor. El 92% restante de casos aún está en investigación, fue archivado, desestimado, no judicializado o no ha concluido el proceso.

En el 2023 sucedió algo similar: SíseVe reportó 3,517 denuncias. Sin embargo, solo 437 casos terminaron en una condena firme registrada en el RNSSC, a cargo de SERVIR. Esto significa que apenas el 12.4% de las denuncias culminaron en una sentencia ejecutoriada con inhabilitación del agresor para ejercer cargos públicos.

No solo las cifras de sentencias son alarmantes, sino la incapacidad del Estado para rastrear el cargo, institución o sector al que pertenecía el agresor. La base no permite saber cuántos de ellos eran profesores de inicial o primaria, docentes universitarios, personal de apoyo educativo o directores escolares.

Tampoco hay forma —a través de este registro— de saber si el hecho ocurrió en un colegio, universidad, centro de salud, iglesia, policía, institución castrense u otra entidad estatal.

La información entregada por SERVIR revela la existencia de violencia sexual dentro del Estado, pero también muestra las limitaciones del sistema para proteger a las víctimas más vulnerables: los niños. A falta de interoperabilidad entre bases de datos, el Perú sigue sin saber cuántos agresores sexuales han pasado por sus aulas.