La Cámara de Comercio de Lima (CCL) señala que, luego que el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, reconoció que las nuevas normas de tercerización no están contribuyendo a generar más empleo, es el momento que el Congreso deje sin efecto el Decreto Supremo N° 001-2022-TR que limita dicho servicio en el sector privado, lo que supondría que dicha norma no podría aplicarse.
El gremio empresarial sostuvo que esta decisión del Congreso de la República se sumaría a la decisión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que suspendió la aplicación de las nuevas disposiciones de tercerización en el caso de una empresa, medida que también alcanzó a todas las tercerizadoras.
La CCL remarca que las limitaciones a la tercerización dispuestas por el gobierno son “a todas luces ilegales y carentes de razonabilidad”.
En ese sentido, afirma que el gobierno está equivocando su mirada y tiene una visión ideologizada del tema laboral, como lo demuestra la Agenda 19 que tiene establecida el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el hecho de tomar decisiones fuera de la mesa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“El gobierno olvida que la tercerización para el país ha sido una de las herramientas más importantes para el desarrollo de las empresas en los últimos años, sobre todo para las pequeñas y medianas que son las que finalmente prestan servicios a las grandes empresas”, manifiesta el gremio.
Además, que las nuevas normas de tercerización harán que la mayoría de estas empresas quiebren o pasen a formar parte de la informalidad empresarial la que bordea el 80%, por tanto, dicho decreto supremo empeorará la posibilidad de generar más puestos de trabajos formales.
Según las últimas cifras oficiales, hasta diciembre del 2021, el país cuenta con 1,031 empresas dedicadas a la tercerización, de las cuales 451 se ubican en el sector inmobiliario, empresarial y de alquiler, es decir, dedicadas a la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles. Otras 121 empresas pertenecen al rubro de servicios comunitarios, sociales y personales como la eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento, entre otros.
También están las empresas del rubro de esparcimiento, actividades culturales, deportivas, call center, además existen 114 empresas que trabajan en el sector transporte y comunicaciones, 89 son del sector manufacturero y 84 pertenecen al sector comercio.
“Como se observa la tercerización comprende múltiples actividades que contribuyen al desarrollo económico. Por tanto, el referido decreto está descaminado y no tendrá efecto sobre los problemas reales que sufren muchos trabajadores por la vulneración de sus derechos sociales, debido a que este problema lo genera principalmente la informalidad laboral y el incumplimiento de las normas por parte de algunas empresas”, finaliza la CCL.
El alza de precios de los productos de la canasta básica familiar ha llevado al Poder Ejecutivo a anunciar una subvención económica. 
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