Construcción repunta en mayo, pero el ritmo aún no alcanza para cumplir la meta de crecimiento del 2025

Tras una caída del 1,3% en abril, la actividad constructora creció 3,6% en mayo, según estimaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Con ello, el sector acumuló un avance de 3,4% entre enero y mayo. El consumo de cemento —que creció 5% en el mes— y el aumento del empleo formal en construcción fueron las principales señales positivas.

Macroconsult reportó una cifra similar de 3,3% de crecimiento en el mismo periodo. “Esperábamos un rebote del consumo de cemento tras la caída de 5% el año pasado, y estimamos que este año podría crecer entre 8% y 9%”, indicó Pamela Bernabé, economista de la consultora.

Desde el Instituto Peruano de Economía (IPE), el diagnóstico es más cauteloso. “El crecimiento de mayo está explicado principalmente por el avance de la autoconstrucción y la mayor ejecución de obras privadas, pero la inversión pública sigue sin repuntar con fuerza”, señaló Paola Herrera, economista senior del IPE. Agregó que es necesario observar la sostenibilidad del dinamismo en el segmento formal.

Pese a ello, el ritmo aún está por debajo de lo necesario para alcanzar la proyección de crecimiento anual del 3,8% del Banco Central de Reserva (BCR). “Crecer 4,1% simplemente es una cuestión aritmética. Si ya acumulamos 3,4% en cinco meses, eso es lo que se necesita para alcanzar 3,8% en el año”, explicó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo del gremio y agregó que no debería ser un problema lograrlo, si las condiciones se mantienen como hasta ahora.

Juan Suito, especialista en infraestructura de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, coincidió en que la meta de Capeco es alcanzable. “La estimación que hace Capeco es consistente con la que hace el BCR de 3,8% para el sector Construcción al cierre del 2025. Sí es lograble, pero debemos crecer un poco más (en el segudno semestre)”, indicó. Suito resaltó que este año comenzarán a ejecutarse muchas Obras por Impuestos (OxI) adjudicadas el año pasado, por más de S/ 4.000 millones. “Obviamente la incertidumbre que existe a nivel político y económico hoy en día fastidia un poco, pero de que es lograble, lo es”, añadió.

Aunque el Gobierno Nacional alcanzó niveles récord de ejecución de inversión pública en 2023, los gobiernos regionales y locales mostraron retrocesos este año. Capeco alertó que esta debilidad subnacional está minando el impacto del gasto público sobre el sector.

“Duplicar el Foncomun no va a resolver la baja ejecución. Solo fortalecerá estructuras ineficientes”, señaló Valdivia y añadió que se necesita certificar capacidades regionales y fortalecer las oficinas técnicas antes que recentralizar o crear un nuevo ministerio.

Desde Macroconsult, sin embargo, se observa una corrección a la baja en sus proyecciones anuales. “Esperábamos un crecimiento de 4% para este año, pero lo hemos ajustado a 3,7% por la debilidad persistente de la inversión pública, que no está mostrando el rebote esperado”, advirtió Bernabé.

En ese mismo sentido, Suito recordó que la obra pública representa aproximadamente el 20% del sector construcción —19,6% en 2024— y que su debilitamiento impacta directamente en la evolución del sector. “La caída de obra pública va a afectar bastante. Todo lo que son inversiones de obras paralizadas afecta muchísimo, en eso sí tenemos muchos problemas, sobre todo en el tema de la obra”, advirtió.

Crédito e inversión privada

En paralelo, el mercado formal de vivienda mostró señales de recuperación. En mayo se desembolsaron más de 4.000 créditos hipotecarios —la cifra más alta desde 2022— y se superó la barrera de los S/ 40.000 millones en colocaciones.

Este dinamismo coincidió con una moderación en la caída de los créditos Mivivienda y una mejora en la colocación del fondo estatal. “La demanda existe, pero la oferta formal sigue limitada por normas, trámites y descoordinación técnica”, afirmó Valdivia.

Herrera explicó que el repunte en los créditos podría ser estacional y que aún no es claro si marcará una tendencia estructural. “Habrá que ver si en el segundo semestre mantiene ese ritmo, especialmente en un contexto de tasas todavía elevadas y restricciones en la oferta formal”, advirtió.

Empleo formal creció y la informalidad retrocedió

El empleo en construcción aumentó 13,1% en el trimestre móvil marzo–mayo, superando ampliamente el crecimiento del empleo general. A su vez, el subempleo en el sector cayó 17,5%.

Para Capeco, esta tendencia reflejó una mayor participación de obras formales, especialmente privadas. “No se trató de autoconstrucción. Este empleo tuvo trazabilidad, seguros y contratos. Fue una buena señal”, indicaron.

La informalidad se mantuvo como la mayor amenaza estructural. El 93% del crecimiento urbano en las ciudades peruanas ocurrió de manera informal, y solo en Lima, entre 2008 y 2020, el 67% de las viviendas nuevas se construyeron sin estándares técnicos.

“No estamos planificando el territorio. La informalidad se está institucionalizando y eso es gravísimo”, advirtió Valdivia. Capeco propuso crear un Operador Público de Suelo, impulsar Techo Propio en Sitio Propio y priorizar inversiones en ciudades con déficit crítico de vivienda.

Bernabé precisó que, aunque la autoconstrucción informal representa cerca del 60% del sector, es actualmente el principal factor que estaría sosteniendo el crecimiento en 2025. La inversión pública y los grandes proyectos —aunque visibles en regiones específicas— tienen impacto limitado a nivel agregado.

Costo de la delincuencia

Además de los factores normativos y políticos, Capeco advirtió sobre el impacto creciente de la violencia en obras. “El BID calculó que el costo de la violencia representa aproximadamente el 3% del PBI del sector construcción. Es una cifra altísima”, afirmó Valdivia.

Macroconsult coincidió en que este es un problema para seguir de cerca. “Las implicancias negativas de la violencia existen, sobre todo en el segmento privado, que es el que más pesa en el sector. Aunque no lo contemplamos aún en nuestro escenario base, sus efectos son reales y presentes”, señaló Bernabé.

Desde el IPE, Herrera añadió que los efectos no se limitan al costo directo. “La inseguridad genera paralización de obras, retrasa cronogramas y eleva el costo de financiamiento para empresas pequeñas, especialmente en regiones más expuestas a extorsión”, comentó.

Ese costo oculto incluye extorsiones a empresarios, trabajadores y proveedores, así como paralización de obras y encarecimiento de materiales por inseguridad en canteras y rutas logísticas. Según el gremio, estas condiciones restan eficiencia al gasto, debilitan la inversión y complican aún más la sostenibilidad del crecimiento.