La inversión pública es una de las herramientas más poderosas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Desde la perspectiva teórica, un buen sistema de inversión pública se basa en tres pilares: planificación eficiente, ejecución efectiva y evaluación de impacto. Lamentablemente, el Perú tiene todavía mucho que mejorar de cara a evitar que los proyectos queden atrapados en un ciclo interminable de retrasos y falta de continuidad.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado en diversos estudios que la calidad del gasto en inversión es más importante que la cantidad. Países con altos niveles de inversión pública pero sin una ejecución eficaz no logran generar crecimiento sostenible. En el Perú, la evidencia es clara: se invierte, pero no se concluye. No se puede hablar de desarrollo si los proyectos se inician pero nunca llegan a beneficiar a la población.
El análisis del Consejo Privado de la Competitividad (CPC) resalta algunos aspectos positivos de inicio de año. La data de enero muestra que la inversión pública creció en 47% frente al mismo mes del 2024. También es positivo ver que el 75% de estos proyectos sean continuación de la ejecución 2024.
Sin embargo, preocupa en extremo que el número actual de proyectos que se están ejecutando sea muy bajo en comparación con el total al cierre del año pasado, lo que es señal de que muy probablemente, en los próximos meses, la cantidad de proyectos se incrementará de manera significativa. ¿Se incluirán nuevos proyectos sin tener en cuenta los más de 37 mil que tenían presupuesto en el 2024 y que no se han continuado? ¿Se olvidarán de estos sabiéndose que tienen un costo actualizado de S/255 mil millones? Esto sería un tremendo error.
¿Qué hacer para evitar que esto suceda? Se necesita (i) priorizar la culminación de proyectos en lugar de dispersar esfuerzos en nuevos; (ii) fortalecer las capacidades de gestión en gobiernos locales y regionales, responsables de la mayor parte de la inversión; y (iii) mejorar los mecanismos de evaluación y supervisión, asegurando que los recursos asignados realmente se traduzcan en obras concluidas y en beneficio tangible para la población. En esa línea, la clave estará en priorizar la continuidad de lo que el CPC llama “proyectos críticos”; es decir, aquellos con una ejecución financiera menor del 85% (23 mil proyectos), en lugar de incorporar nuevos. Por nivel de gobierno, se observa que las municipalidades tienen el mayor porcentaje de proyectos críticos no continuados (89%).
Si no terminamos las obras, nunca cerraremos las brechas. La inversión pública no puede seguir siendo un indicador de gasto, sino de resultados. La típica foto de la “inauguración de la primera piedra” no puede convertirse en el fin. Debemos trabajar para que este se convierta en el verdadero primer paso dirigido a culminar las obras que ayuden a traer bienestar ciudadano.
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