(Foto: El Comercio)
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Iván Álvarez Arredondo

El Gobierno y el consorcio Gasoducto del Sur Peruano (GSP) -integrado por las empresas Enagás, Odebrecht y Graña y Montero- acordaron el último miércoles iniciar la entrega de los bienes del , el cual contempla la construcción de un ducto de más de 1.000 km de longitud para llevar gas natural a las regiones sureñas desde Camisea.

Con la firma de un acta, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el mencionado consorcio establecerán la próxima semana un cronograma para que la empresa Estudios Técnicos SAS . Dicha transferencia debe hacerse en un plazo de 45 días calendario.

"Esta transferencia implica que el consorcio entregue los estudios de ingeniería del proyecto, las obras, maquinaria y equipos", señala Carlos Fonseca, especialista en licitaciones y contratos con el estado del Estudio Licita Perú.

Este era uno de los procedimientos pendientes que el Estado debía realizar para avanzar con la realización de nueva licitación del proyecto a cargo de Pro Inversión, después de dar por finalizado el contrato de concesión que tenía el consorcio GSP.

LOS PRÓXIMOS PASOS
, ex presidente de Perú-Petro, dice que ahora el Estado debe agilizar el concurso público para elegir a la entidad responsable de elaborar la auditoria de valor contable de todos los bienes del proyecto, un aspecto clave que se requerirá para la nueva licitación.

Este Diario buscó conocer con y el Minem si ya se sabe cuándo se realizará dicho proceso, pero ambas entidades se abstuvieron de brindar información.

El ex consorcio operador ha informado anteriormente que desembolsó alrededor de US$1.000 millones y que el gasoducto tenía un avance general de 37% cuando se resolvió el contrato. Fonseca considera que una vez que se seleccione al responsable de la auditoria, se necesitarán entre 3 y 4 meses para definir el monto que se debe pagar a las empresas de la caducada concesión por las inversiones realizadas.

Si eventualmente el Estado y el mencionado consorcio no están de acuerdo con la valorización hecha por el auditor, las discrepancias se deberán resolver en un arbitraje internacional. En opinión de Ochoa, este escenario podría generar retrasos en la nueva licitación del gasoducto del sur.

No obstante, Fonseca considera que el nuevo concurso no sería afectada por un arbitraje debido a que el Estado puede llevar ambos procesos por cuerdas separadas. También, el especialista dice que en la licitación que ejecutará Pro Inversión se podrán establecer reglas que propicien el interés de los inversionistas.

“La reactivación del proyecto demandará el rediseño del modelo contractual. A partir de la auditoria, el Estado va obtener una nueva línea de base que le permitirá hacer cambios y establecer un nuevo modelo de contrato para el nuevo titular de la concesión”, sostiene Fonseca.

El Gobierno ha dicho que espera que la nueva licitación del gasoducto del sur se concrete en el primer semestre del 2018. Sin embargo, los temas contractuales y posibles contratiempos con el ex operador podría aplazar dicha intención.

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