Duelo tributario

El Ministerio de Economía y la Sunat se han mostrado en contra del fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la prohibición del cobro de intereses moratorios de deudas en litigio. Aplicar el fallo significaría dejar de recaudar algo de S/12 mil millones, según cálculos de la propia Sunat.

Con un pedido de nulidad y otro de aclaración de sentencia, el MEF y la Sunat buscan que el TC reconsidere su decisión.

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Una de las primeras cosas que ha sido aclarada por distintos especialistas es que la aplicación del fallo no es retroactiva. En cristiano: la deuda pagada, pagada se queda. Distinta es la situación de los litigios en curso que sí pueden acogerse a la decisión del TC. Dicho fallo no crea nueva legislación. Más bien, extiende la ya existente que aplica al Tribunal Fiscal y la Sunat, al Poder Judicial. La mayor demora se da en este último poder del Estado.

Existe la preocupación de que con esta medida las empresas opten por ralentizar los procesos, interponiendo infinitos instrumentos legales. Y aunque es una preocupación válida, también lo es el criterio que defiende el TC: respetar los plazos legales de las tres instancias.

Distintos gremios empresariales como Comex, la Confiep y la Cámara de Comercio de Lima se han mostrado a favor del fallo. Es razonable que los procesos judiciales no sean parte de la política tributaria nacional. ¿Por qué lo serían? La caja fiscal debería depender de los plazos extendidos de procesos administrativos o judiciales.

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Pero, dependerá de las empresas que los gremios que las representan, y de todas las compañías que disputan litigios con el Estado que las preocupaciones del MEF y la Sunat no se materialicen en un futuro cercano, pues eso solo alimentaría una percepción negativa de la ciudadanía. Y a más percepción negativa, más razones se acumulan en el vasto libro de reclamaciones que ya conocemos, y que logra hasta bloquear carreteras.

En estos tiempos convulsos en los que la estabilidad y la seguridad jurídica son elementos fundamentales para reactivar la inversión privada, las compañías deben optar por representar responsabilidad y transparencia, y no viveza o extremo criollismo.