¿Existe una mejor opción?

Hace un par de años, una municipalidad distrital quería resolver un problema público: alrededor de los colegios, durante el horario de entrada y salida de los alumnos, se generaban grandes congestiones vehiculares de autos particulares y movilidades escolares. Con el fin de resolver dicho problema, a través de una ordenanza, la municipalidad decidió establecer zonas rígidas y grúas que se llevaban los autos de quienes osaban estacionarse allí, sean unos minutos o unas horas. ¿Se solucionó el problema público? Si bien el número de autos mal estacionados disminuyó, la congestión vehicular siguió creciendo al igual que las arcas municipales y el malestar de los vecinos y conductores que debían pasar una serie de tortuosos trámites para recuperar sus autos.

¿Existía otra alternativa para resolver el problema? ¿Con qué datos se contaban antes y después de la medida para demostrar su impacto positivo en la comunidad?

La función del Estado es poner las reglas de juego claras entre los jugadores – sean ciudadanos o empresas - pintar la cancha, administrar el marcador y sancionar cuando se comete una falta. Pero también es función del Estado, asegurar que la regulación sea la mejor decisión para abordar un problema público como el caótico tránsito y continuos accidentes, la inseguridad ciudadana, la construcción ilegal en cuencas de rio, la falta de empleo digno o la pobreza extrema.

De acuerdo con el Documento de Política de Calidad Regulatoria (2021), las regulaciones bien diseñadas “pueden impactar positivamente en las empresas y ciudadanos, y obtener mejores resultados para la economía”. Por el contrario, “las regulaciones deficientes o insuficientes pueden perjudicar a las empresas y ciudadanos, inhibir la productividad y el crecimiento económico del país”.

Con el fin de incentivar una regulación de calidad por parte de entidades públicas del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, la edición 2023 del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública organizado por Ciudadanos al Día ha establecido la categoría Mejora de la Regulación que distinguirá “el diseño de normas basadas en evidencia, racionalidad y evaluación de sus posibles impactos y efectos, con la participación de la ciudadanía y empresas; así como asegurar la transparencia, comunicación y provisión de información adecuada durante el diseño, implementación y evaluación de la regulación”.

¿Qué tipo de prácticas esperamos ver? Por ejemplo, el ordenamiento de directivas y ordenanzas regionales y municipales que estén vigentes y sean comunicadas adecuadamente a empresas y personas antes de una fiscalización; el análisis de impacto regulatorio ex ante de una regulación para comprender que es la mejor alternativa en la solución de un problema público; las agendas tempranas y consulta previa para el diseño de la regulación, así como herramientas para la generación, recopilación, procesamiento y análisis de datos e información que permitan tener evidencias para una evaluación de la medida regulatoria y no dejarla al azar o capricho de una autoridad o legislador.

Y seguramente más de un lector dirá, “nadie se va a presentar”, “mejor premien malas prácticas, de ésas hay un montón”. Confío que no será así y que tengamos varios ejemplos concretos e inspiradores de cómo mejorar la regulación en el Perú.