Cinco propuestas para mejorar el sistema de pensiones peruano

La baja tasa de reemplazo (la pensión que recibes como porcentaje de tus últimos salarios) es una de las principales preocupaciones, pues no le permite a la mayoría de los trabajadores sostener su nivel de calidad de vida durante la vejez. Lo recomendado por el Banco Mundial es que la tasa de reemplazo sea de por lo menos 50%. Sin embargo, en la realidad esta oscila entre 25% y 35%. Dada la baja densidad de cotización, es decir, el insuficiente número de aportes que realiza el trabajador durante su vida productiva, una solución puede ser incrementar el aporte previsional.

En muchos países de la región, como Ecuador, Uruguay, Chile, México y Argentina, el empleador es responsable de financiar parte del aporte previsional. Sin embargo, esta contribución debería favorecer principalmente a los trabajadores de menores salarios. Esto debido a que sus niveles de ingreso probablemente no le permitan acceder a una pensión que elimine el riesgo de vulnerabilidad a la pobreza (hoy equivalente a S/1.600 mensuales).

Por ello, se propone incorporar un aporte del empleador equivalente al 2% de la remuneración del trabajador, pero con un tope de S/80 mensuales por empleado (de manera que el porcentaje de aporte se diluye para aquellos de salarios más altos). Esta sería una contribución mucho menor que el que hacen las empresas en otros países, donde el aporte puede llegar hasta 12% del salario.

Todos los peruanos deberían tener acceso a una pensión, pero también es responsabilidad de cada uno generar ingresos durante su vida laboral que permitan cubrir también las necesidades durante su vejez. Sin embargo, la economía del comportamiento ha demostrado que las personas valoran más el consumo presente que el futuro, por lo que es necesario contar con un mecanismo que las obligue al ahorro para su vejez. Por eso existen los sistemas de pensiones obligatorios y esto debería cumplirse para todos los tipos de trabajadores. De hecho, en países como Chile, Uruguay, Alemania y España, tanto los trabajadores dependientes como independientes están obligados a cotizar en el sistema de pensiones.

En ese sentido, en el Perú, el trabajador independiente también debería aportar obligatoriamente el 10% de sus ingresos percibidos a la AFP o el 13%, a la ONP. Para aquellos trabajadores independientes cuyos servicios sean contratados por empresas, estas serían las responsables de realizar la retención y efectuar el aporte a la cuenta individual de capitalización del trabajador o a la ONP, según corresponda.

Un gran reto, particular para el Sistema Previsional peruano, es como incorporar a la gran mayoría de trabajadores que son informales. A este grupo de trabajadores es imposible retenerle aportes vía sus ingresos, pero sí es posible hacerlo a través de sus gastos. Para ello, se puede establecer un mecanismo de devolución mensual del IGV que paga todo ciudadano mayor a 18 años, cuando consume por los canales formales, y que sería transferido a su cuenta individual de capitalización en el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Esto les permitiría a los trabajadores contar con un capital inicial en su fondo, lo que podría incentivar a que realicen aportes adicionales para incrementar el valor de su pensión al jubilarse.

La medida busca realizar aportes previsionales adicionales financiados con la devolución mensual del IGV por los primeros S/250 consumidos. Con ello, se evita que la devolución del IGV tenga un carácter regresivo y, además, se limita el costo fiscal. Asimismo, con el objetivo de beneficiar a la población más vulnerable, esta medida aplicará siempre que el aportante tenga un saldo menor a S/80.000, pues este nivel le permitiría a un jubilado alcanzar una pensión que le cubra una canasta básica de consumo personal. Con este mecanismo, un aportante que recibe la devolución de S/45 mensuales de manera consistente desde los 18 hasta los 67 años, podría acceder a una pensión de jubilación que cubra una canasta básica de alimentos. El costo fiscal de esta medida sería limitado (menor a 1% del PBI anual), en la medida que genera incentivos para ampliar la base tributaria y solo se devuelve impuestos a aquel que consuma por los canales formales.

Hace 30 años, cuando se creó el sistema de AFP y se estableció la edad de jubilación, la esperanza de vida de una persona que cumplió 65 años era de 19 años más. Hoy es de 24 años. Esto implica que, en promedio, los ahorros previsionales deben alcanzar para cinco años más de pensión. Parte de la solución es incrementar los aportes que se realizan durante la etapa productiva, para lo cual hemos propuesto las políticas anteriores.

Sin embargo, esto puede ser insuficiente y resulta inevitable la necesidad de incrementar la edad de jubilación, por lo menos de 65 a 67 años. De igual manera, el trabajador puede decidir voluntariamente seguir trabajando hasta los 70 años, como sucede actualmente.

El sistema debe estar diseñado para garantizar que aquellas personas que han aportado durante un determinado tiempo al sistema previsional tengan derecho a una pensión mínima, que les permita acceder a una canasta básica de consumo individual. En el sistema público peruano, todo afiliado que aporte al menos 20 años tiene derecho a una pensión mínima de S/500 mensuales (o una pensión proporcionalmente menor, si aporta menos años).

Para hacer este esquema más equitativo, el beneficio de pensión mínima debería ser aplicable también a los afiliados del sistema privado. Esta sería financiada los primeros años por los aportes del trabajador y el Estado solo asumiría el riesgo de longevidad (es decir, si es que el saldo del aportante se consume antes de su fallecimiento). Por ejemplo, una persona que gana una remuneración mínima vital, que aporta al sistema previsional por 25 años y se jubila a los 67, le alcanzaría para acceder a una pensión de S/500 por 20 años. Si esta persona vive más de 87 años, la pensión mínima sería cubierta por el Estado.