El costo fiscal del proyecto de ley de Electromovilidad ascendería a S/20.000 millones entre el 2023 y el 2032, según dio a conocer el MEF esta semana. ¿Qué busca esta iniciativa? Entra otras cosas, la exoneración del pago del IGV para los vehículos eléctricos.
Entre las cosas que menciona el MEF está que el 97% de las emisiones de material particulado en Lima y Callao se genera por el diésel utilizado principalmente por los vehículos de transporte público de pasajeros y transporte de carga. Por esto, aplicar una exoneración de IGV para vehículos eléctricos terminaría beneficiando a un segmento de la población que no necesita ayuda estatal. Personas o familias que están en la capacidad de comprar un automóvil eléctrico cuyo precio no es del todo modesto. Los S/20.000 millones a los que ascendería esta medida, estima el MEF; equivalen a dos veces lo que se necesita para reemplazar a todos los ómnibus de Lima y Callao por ómnibus eléctricos.
Aunque suene contradictorio que el MEF se muestre en contra del proyecto, esto no significa que la cartera busque poner obstáculos al avance de la transición energética. Todos sabemos que esto llegará tarde o temprano, pero es curioso el momento en el que se desenvuelve esta discusión en nuestro país. Esta tendencia en desarrollo a nivel mundial nos encuentra aún en medio de la discusión (y ni siquiera el despliegue de la estrategia) de la masificación del gas natural (GN), hidrocarburo que abunda aún en el suelo peruano.
¿Es posible que que saltemos al uso intensivo de las energías renovables en los siguientes años dejando de lado al GN, y por lo tanto, el GLP? Sería un desperdicio que nuestra industria de hidrocarburos quede multiplicada por cero, por lo que generar sinergias y concebir la convivencia es una salida salomónica en el camino a esta transición que tomará tiempo y esfuerzo. Los incentivos para incrementar las inversiones y el uso de las energías renovables son importantes, pero deben decidirse en beneficio de la mayor cantidad de los peruanos.
