El oro y una enfermedad criolla: Este año la exportación ilegal podría igualar a la legal

A inicios de mes, el Bank of America advertía que el Perú muestra síntomas de una ‘enfermedad holandesa’ ante el auge del oro. Esta se da ante una gran entrada de divisas que fortalecen la moneda local y perjudican la competitividad de otros sectores exportadores. Sí, el precio del oro se ha disparado y la apreciación de la moneda se siente. Sin embargo, nuestra enfermedad tiene particularidades agravantes: la alta carga de ilegalidad y la captura del Estado. Una enfermedad criolla, tal vez.

Nuestra historia clínica tiene varios ‘booms’ que crónicamente no alcanzaron para tener un Estado capaz de asegurar un desarrollo efectivo para todos. Hoy, con el precio del oro duplicado en tres años y un Estado que no frena a la minería ilegal, se estima que este año la exportación de oro ilegal podría igualar a la legal.

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Los síntomas habituales están: Bank of America resalta una sobreevaluación del tipo de cambio real cercana al 8%. Pero los efectos criollos son devastadores: contaminación, deforestación y una violencia que se dispara. Los homicidios, en lo que va del año, ya superaron al total del 2023: hoy, un peruano es asesinado cada cuatro horas. Esto es aún peor en zonas de minería ilegal. Y así se pretende reducir el presupuesto para seguridad del 2026.

¿Y nuestro sistema inmunológico? Las instituciones deberían mitigar daños. El rol del BCR para mantener la estabilidad monetaria es impecable, pero no podemos decir lo mismo de las instituciones encargadas de justicia y seguridad, donde la confianza ciudadana es bajísima.

Un hallazgo del PNUD revela que la población está migrando hacia zonas con menor presencia del Estado (menos servicios públicos) en busca de ingresos inmediatos. En varias regiones con minería ilegal, el porcentaje de menores de entre 11 y 14 años que trabaja a cambio de ingresos es mayor al promedio nacional (8%), como Madre de Dios (12%), Ucayali (22%), Huánuco (31%) y Amazonas (51%). Aunque la minería ilegal no sea el único factor detrás, son alarmas por considerar.

La enfermedad trae secuelas. Un estudio de Micaela Sviatschi (Universidad de Princeton) sobre el ‘boom’ de la coca en el Perú demostró que, ante el aumento de precios por un choque externo, aumentó en 26% la deserción escolar en niños de 11 a 14 años –edad de paso a la secundaria– y el trabajo infantil (+30%). La tragedia no fue solo la educación perdida, sino la obtención de capital criminal no transferible: contactos y habilidades para la producción ilegal y violencia que los atrapó en una espiral perniciosa, elevando en más de 30% su probabilidad de terminar en la cárcel en su adultez por delitos violentos y de drogas.

Pero Sviatschi también nos dio algo de luz al final del túnel: el programa Juntos. Al dar un subsidio condicionado a la asistencia escolar, el programa afectó el costo de la deserción, elevando el ingreso familiar y logrando reducir la producción de coca en las zonas donde operaba. Los incentivos importan.

Llámese enfermedad o como se prefiera, debemos interpelarnos. ¿Están nuestras autoridades mapeando cómo mitigar este riesgo? ¿O vamos a jugarnos el futuro aquí también? Un punto impostergable para la campaña electoral.