La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) manifestó su preocupación sobre la Ley de Presupuesto 2025, que está próxima a debatirse en el pleno del Congreso, indicando que proyecta una distribución centralista e inequitativa de los recursos.
Mediante un comunicado la ANGR sostuvo que este proyecto de Ley elimina el TOPE CIPRL, mecanismo para la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios esenciales. “Esta disposición elimina el TOPE CIPRL, medida que representa un grave retroceso al desarrollo regional y local al privar a los gobiernos subnacionales de un mecanismo clave para la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios esenciales”.
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La ANGR indicó que la eliminación del TOPE CIPRL, implica la pérdida de S/34.000 millones destinados a 25 gobiernos regionales, 1.828 gobiernos locales y 32 universidades públicas. Asimismo, esta medida obliga a financiar proyectos de Obras por Impuesto (OxI) exclusivamente con recursos presupuestales de cada entidad, los cuales ya están comprometidos para la continuidad de proyectos y otros gastos operativos, restringidos además por las normas presupuestales.
Ante este panorama la ANGR sostuvo que la Ley de Presupuesto 2025 proyecta una distribución centralista e inequitativa de los recursos asignando un 63,5% al Gobierno Central, mientras que solo un 21,6% corresponde a los gobiernos regionales y un 14,9% a los gobiernos locales.
“Esta medida pone en riesgo la ejecución de OxI, mecanismo que en 16 años permitió financiar 614 proyectos por S/ 10,598 millones en sectores como educación, salud, transporte, agua, saneamiento y seguridad ciudadana en 22 regiones del país”, explicó la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
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“Desde la ANGR, rechazamos la implementación de esta disposición y solicitamos su revisión inmediata. Las regiones no pueden asumir un recorte que desarticula su capacidad de inversión, agravando la brecha de infraestructura y limitando su respuesta ante emergencias”, agregó la ANGR.
Finalmente, hicieron un llamado al Congreso de la República para evaluar el impacto de esta medida que afectará a las autoridades regionales y locales y directamente a millones de ciudadanos.
