Comercio Electrónico: Empresas deberían considerar situaciones de fuerza mayor en plazos de entrega

Por María Claudia Medina

A raíz de la medida cautelar dictada por la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi esta semana contra 13 empresas que realizan comercio electrónico por presuntos incumplimientos en las entregas, las compañías deberán fijar plazos más razonables. Así lo consideró Pierino Stucchi, socio del Estudio Muñiz y presidente de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales (Sodital).

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“En una situación de crisis sanitaria puede haber demoras por hechos fortuitos o de fuerza mayor. Es posible que alguna de las empresas haya tenido demoras porque alguno de su personal clave cayó enfermo de COVID-19. Además, hay protocolos que se deben cumplir y causan demoras de implementación. Ante todo, hay que asegurar lo sanitario y después, que la entrega sea a la mayor velocidad posible”, explicó.

Plazos y negocios fiscalizados

En vista que las compras por Internet seguirán teniendo alta preferencia entre los consumidores, recomendó a las compañías tener en cuenta estas demoras en sus canales de atención e incorporarlas a los plazos normales para evitar cualquier proceso sancionador y la pérdida de la confianza del cliente.

“Las empresas tienen que estar a la altura de las circunstancias y tener proveedores diversificados, asegurar sus cadenas de suministro, y en ese equilibrio, pactar un plazo razonable que incluya algunas posibles demoras dentro de lo que era antes el plazo promedio para la entrega”, precisó.

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También destacó que las 13 empresas con proceso sancionador abierto realizan comercio electrónico desde sus propias plataformas, pero muchas pequeñas y medianas empresas hacen sus transacciones a través de los ‘marketplace’ sitios web que agrupan distintas marcas, a modo de centros comerciales en el canal físico. “Esas plataformas no se responsabilizan de los plazos de entrega al consumidor”, advirtió.

Por lo tanto, pidió que antes de aplicar medidas sancionadoras, se haga uso de comunicaciones directas y medidas correctivas, para evitar afectar a pequeñas empresas que podrían verse perjudicadas ante un procedimiento similar.

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