Presidenta de la SNMPE: “Vemos un círculo vicioso alrededor de Petro-Perú, que solo demanda más recursos de todos los peruanos”

-En este segundo día de Perumin, ¿cuáles son sus impresiones sobre el evento?

Estamos muy contentos porque no solamente se vive el entusiasmo de los visitantes; también hay un impacto económico y generación de empleo que se da gracias a este evento, a través de la demanda de servicios en hoteles, restaurantes, taxis y otros.

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-Uno de los temas que más preocupa al sector es la minería ilegal. ¿Qué conclusiones tiene al respecto?

No solamente es un problema que afecta la competitividad de la minería peruana, sino de todos los peruanos. La minería formal contribuye con todo el país a través de los impuestos, regalías o derechos de vigencia por las concesiones. El 50% del canon minero va las regiones, y las regalías y el derecho de vigencia retornan íntegramente a las regiones y a los municipios. Entonces, esas carreteras, los pocos colegios y las postas médicas que se construyen se hacen con el canon minero, y eso es lo que necesitamos privilegiar.

El gobierno convocó a una mesa técnica hace poco, que ha tenido como resultado 11 recomendaciones, entre las cuales se pide no prorrogar el Reinfo. Estas recomendaciones han sido consensuadas con la sociedad civil y con el Ejecutivo en pleno, y ahora lo que necesitamos es que estas 11 conclusiones puedan ser tomadas en cuenta por la Comisión de Energía y Minas, para que el nuevo proyecto de Ley Mape venga recargado.

-Sabemos que no solo Pataz sufre a causa de la minería ilegal. Como gremio, ¿qué otras regiones identifican como las más críticas?

Sabemos que son 14 áreas las que ha identificado, no solamente el alto comisionado, sino también el primer ministro y el Ministerio de Energía y Minas.

-Con tantos cambios en los últimos meses, ¿cuál es la situación actual del Reinfo?

Desde la Sociedad Nacional de Minería invocamos a que no se amplíe el Reinfo porque ha sido realmente un régimen muy pernicioso que, en teoría, era temporal. Pero ocho años no representan temporalidad en ningún tipo de actividad. Necesitamos que se cierre este registro y se den las responsabilidades que le competen al Ministerio de Energía y Minas como ente rector, que tanto OEFA como Osinergmin puedan hacer las auditorías y la fiscalización correspondiente en cada una de las regiones. También necesitamos que Sunat, la UIF y otros tomen su rol, a fin de lograr que esta minería ilegal se convierta en formal si es que están en el proceso; y si no, que empiecen su actividad como cualquier otro peruano, haciendo el trámite correspondiente.

-El Ministerio de Energía y Minas ha reducido de 80.000 a cerca de 30.000 inscripciones en el Reinfo. ¿Ese proceso de depuración debería continuar?

Independientemente de la oposición, el Ejecutivo y el Ministerio de Energía y Minas tienen un mandato por ley de lograr que este proceso culmine. Por ende, esperamos que se cumpla.

-De las 11 recomendaciones de la mesa técnica, ¿cuáles deberían priorizarse en la Ley Mape que prepara el Congreso?

Las 11 son importantes; sin embargo, el tema de la rectoría del Ministerio de Energía y Minas y el control de explosivos —que tiene que ser para todos, independientemente del tamaño de la empresa, porque no puedes darle dinamita a una persona que no tiene el permiso correspondiente— podrían resaltarse. No podemos bajar los estándares.

Sí se pueden simplificar [los trámites], y ojalá lo logre la Ley Mape, pero sin bajar los estándares. Y lo que sí es importante también —y esto pido siempre— es que esperamos que pueda hacerse una revisión de esta Ley Mape para que sea aplicable. No puede venir con un régimen disfrazado de Reinfo nuevo, con otro nombre, para prolongar la ilegalidad bajo ningún supuesto. Y tampoco puede dar impunidad a los mineros en proceso de formalización ni a los ilegales, porque eso es algo que nos preocupa.

“Se dedican a la empresa sin que entendamos por qué se le da tantas oportunidades y tanto salvataje, cuando esos recursos pueden destinarse a otra empresa”

-Estando a puertas de la campaña electoral —o ya en campaña—, es muy importante que nuestras autoridades nos afirmen que sus campañas no vienen financiadas por la minería ilegal o por economías ilegales. Invoco a que los candidatos a cualquiera de los puestos al ejecutivo, ya sea gobernadores, alcaldes, presidencia y congreso, firmen un pacto de gobernabilidad y transparencia, a fin de que puedan garantizarnos a nosotros, los electores, que sus campañas no son financiadas con dinero de economías ilegales.

-Queda poco tiempo para el cierre del año. ¿Hay margen para que la Ley Mape se concrete y se publique en lo que resta del 2025?

Cuando hay voluntad política, todo se puede lograr. Pero si no se publicara la Ley Mape, porque no se logran internalizar estos 11 temas, cualquier peruano, sea minero artesanal, minero pequeño, mediano o grande, puede empezar sus actividades con el régimen actual y seguir estos trámites y pedir el permiso correspondiente. Puede ser un poco engorroso, sí, pero se logra.

-Respecto a la sobrerregulación, ¿qué avances se han dado a nivel estatal?

Hay una mesa convocada por el Ministerio de Economía y Finanzas que ya lleva varios meses, en la que nos han reunido a varios gremios —no solamente a la Sociedad Nacional de Minería— y nos han ido contando los avances. Todavía falta que nos enfoquemos en minería y por ello invoco al ministro Pérez Reyes, porque necesitamos que el paquete de minería pueda plasmarse pronto. Eso va a traducirse en la reducción del número de días, no de estándares. No pedimos que se relajen los estándares, sino que las evaluaciones sean favorables o desfavorables en menor tiempo.

“Invocamos a que no se amplíe el REINFO porque ha sido realmente un régimen muy pernicioso”.

-En cuanto a los proyectos mineros, ¿qué iniciativas están iniciando construcción o producción este año o el siguiente?

El Ministerio de Energía y Minas ha actualizado la lista de proyectos: son 67 y alrededor de US$64.000 millones en inversión. También hay otros tantos en exploración que son muy importantes.

Necesitamos impulsar más proyectos mineros y, sin duda, conocemos que hay varios. Por ejemplo, en Cerro Verde hay una modificación de estudio de impacto ambiental que está en proceso de revisión, y lo que va a permitir es extender el periodo de vida de la mina, si es que se aprueba, por lo menos hasta el año 2053. Hay que hacer modificaciones dentro de nuestro asiento minero para lograrlo, y esto está en evaluación por parte de Senace.

También hay otros proyectos como Tía María, Zafranal, San Rafael —que también ha hecho anuncios importantes— y otros tantos que ya tienen permisos concedidos o están en proceso de obtenerlos. Como decía, puede ser que la revisión sea desfavorable, pero se necesita que haya predictibilidad en los plazos. Y ojalá que con el tiempo podamos tener una plataforma, la famosa ventanilla virtual, con tecnología y con gente preparada para usarla.

-En el caso de Cerro Verde, ¿de qué año a qué año se extendería la vida útil de la mina?

Del año 2045 al 2053.

-Pasando a otro tema: Petro-Perú sigue siendo motivo de debate. ¿Qué opinión tiene la Sociedad de Minería sobre la forma en que el Estado maneja la empresa?

Para nosotros no solo ha sido una sorpresa, también necesitamos expresar nuestra molestia porque venimos repitiendo que Petro-Perú debe gobernarse como cualquier otra empresa —sea pública o privada—, pero con gobernanza clara, con objetivos, un plan de trabajo y presupuesto asignado. Sin embargo, vemos que lo que se genera es un círculo vicioso alrededor de Petro-Perú, que solamente demanda más recursos de todos los peruanos en vez de destinarlos a escuelas, postas y carreteras.

Se dedican a la empresa sin que entendamos por qué se le da tantas oportunidades y tanto salvataje, cuando esos recursos pueden destinarse a otra empresa. Y en lugar de que sea Petro-Perú el que haga alguna de estas actividades, lo haga un privado. Entonces, existe la oportunidad de mejorar su gobernanza, de tener más transparencia y de lograr que lo que se invierte se traduzca en metas cumplidas, pero que las conozcamos todos para entender cuál es la estrategia que se está teniendo con esta empresa. Auguramos que pronto podamos recibir esa información.

-Da la impresión de que hay un doble estándar con Petro-Perú frente al resto de empresas del sector. ¿Lo perciben así?

Hay un doble estándar, no solamente permisividad. Se les da carta blanca para muchas cosas, incluidos temas ambientales o de seguridad en el caso de Osinergmin y otros de temas energéticos, mientras que a los demás sí se nos fiscaliza como corresponde.

No estamos pidiendo que dejen de fiscalizarnos, sino que también se haga lo propio con Petro-Perú. Esperamos que pronto el Estado nos pueda decir qué más va a hacer con la petrolera y con este dinero que se le está destinando nuevamente.