Revisión unilateral de contratos de concesión sería inconstitucional

A pesar de que el funcionario fue enfático al afirmar que buscaría que la propuesta esté “dentro del marco constitucional y de las normas internacionales”, especialistas consultados advirtieron que esta medida es inconstitucional.

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“La única forma de cambiar un contrato de concesión de asociación público-privada (APP) es sentarse a negociar y ver las opciones, la principal es una adenda. Ningún actor que conozca el sector podría alegar eso, porque apoyado en el marco legal no será posible”, advirtió María Luisa Peña Hartog, associate partner de EY Law.

Cabe recordar que ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones el ministro Barranzuela señaló que algunos de los contratos que serían revisados serían el de la línea 2 del metro de Lima y los relacionados a peajes.

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“Podríamos ver las razones en la exposición de motivos; no obstante ello, ni siquiera la coyuntura actual del paro nacional indefinido convocado por el gremio de transportistas puede justificar la vulneración constitucional que dicha norma implicaría”, remarcó Francisco Ibazeta, asociado principal del estudio PPU.

Reacciones negativas

A pesar de que sea poco probable que la norma sea aprobada, los especialistas señalaron que su sola mención ya genera incertidumbre en los inversionistas. Los nacionales podrían tomar acciones mesuradas en el corto plazo, mientras que los extranjeros podrían dilatar su ingreso al Perú.

“Los actores del sector privado tendrán que evaluar medidas para defender los proyectos que tienen, mientras que los foráneos verán golpeada su confianza. Eso puede generar que su interés se reduzca o desaparezca y que lleven sus inversiones a otros países”, aseguró Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.

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Uno de los riesgos que podría conllevar la caída de la confianza es que la adjudicación de los proyectos de APP en cartera de Pro Inversión sigan dilatándose.

“Los contratos de APP implican una ley. No se pueden modificar de manera arbitraria porque no dependen de un gobierno de turno, sino que pueden durar hasta 30 años”, remarcó Daniela Leguía, economista del Consejo Privado de Competitividad.

Asimismo, Leguía advirtió que la adjudicación de las APP en el 2021 fue la más baja de la historia. Solo se dio la buena pro de un proyecto por US$20 millones.