A un mes de la tragedia en Los Olivos: las repercusiones por lo ocurrido en la discoteca Thomas Restobar

Mira: discoteca Thomas Restobar: dos agentes sindican a exjefe del Escuadrón Verde de ordenar el retiro de equipo que grabó videos

Al final de la noche, el saldo de la intervención en el local ubicado en la cuadra dos de la avenida El Zinc fue de 13 personas fallecidas (12 mujeres y un hombre) y seis heridos.

Los detalles de la tragedia

Tras llegar el contingente policial a la discoteca, tres agentes ingresaron al local. Al interior había más de 120 personas, quienes bailaban y bebían bajo un ambiente decorado con luces psicodélicas. Después de ordenarle al encargado que pusiera fin a la fiesta, los policías dieron la voz de alto.

Según testimonios de los asistentes, un grupo de policías ordenó a las mujeres ponerse en un solo lugar y bajar las escaleras en dirección a la puerta de salida. En ese momento, varios comenzaron a correr hacia la puerta, lo que originó un tumulto que aplastó y asfixió a decenas de personas.

Incluso, en un primer momento algunos asistentes indicaron que la policía lanzó bombas lacrimógenas y efectuó disparos al aire. Esto fue descartado por las autoridades del Ministerio del Interior (Mininter) y de la Policía Nacional, negando el uso de algún tipo de arma y dando cuenta de que el examen pericial realizado al local de la discoteca Thomas arrojó que no se encontraron indicios ni evidencias de uso de gases lacrimógenos por parte de los efectivos policiales.

Luego de que los policías ubicados en el exterior consiguieron abrir con una comba la puerta metálica de dos pliegues, las personas atrapadas pudieron salir. Aquellas con lesiones y problemas de asfixia recibieron atención en hospitales y clínicas. Sin embargo, otras 13 perdieron la vida. Estas fueron: Jessica Vanesa Ramos Acevedo (35), Karen Milagros Ucañan Rodríguez (31), Daphne Fiorella Rioja Santos (23), Miriam Paola Rosso Loja (27), Angie Inés Flores Esminio (22), Lyz Yoselyn Melosevich Huanca (27), Sandra Thalía Peña Osco (24), Milagros Roxana Quiroz Sánchez (21), Mayhurit Salcedo Velásquez (26), Alison Daya Montañez Sudario (24), Mercedes Miksu Sánchez Sánchez (24) y Joan Diego Flores Paz (30).

Según el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Alfaro, en el 2016 la gestión municipal de ese entonces le otorgó a este local una licencia de funcionamiento como restaurante. El permiso no fue renovado, ya que la empresa no había tramitado su certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones (antes conocido como certificado de Defensa Civil). Además, en junio del 2019, cuando el hoy congresista Daniel Urresti era jefe de Seguridad Ciudadana y Fiscalización de Los Olivos, este local fue intervenido.

Detenidos y presuntos responsables

En total se detuvo a 23 personas durante la intervención a la discoteca Thomas. De estas 15 dieron positivo al COVID-19 en las pruebas serológicas. Asimismo, un informe realizado por el programa Cuarto Poder indicó que tres de los detenidos registraban antecedentes penales.

El dominical detalló que Robinson Cristtian Marinez Pinto (25) registra antecedentes por robo agravado en banda, actos contra el pudor y violación sexual. En el caso de Erik Elías Rosales Paredes (24), presenta antecedentes por tráfico ilícito de drogas, hurto agravado y robo agravado en banda. Mientras que Marcelo Castilla Samir (22) tiene denuncias por tenencia ilegal de armas y fabricación de explosivos. Además, al menos cinco de las mujeres fallecidas presentaban antecedentes penales.

En tanto, horas después de la tragedia, la policía detuvo a Leandro Montoya Callirgos y su esposa, Irene Díaz Serrano, representantes legales de Monditex SRL, empresa dueña del inmueble. Según su registro ante la Sunat, esta compañía se dedica a la fabricación de prendas textiles, calzado y otras actividades empresariales. Ambos fueron interrogados en el Departamento de Investigación Criminal de la PNP en Los Olivos.

En sus descargos, Montoya Callirgos contó que su local lo alquilaba por S/600 mensuales a Judith Yolanda Ortega Godoy (34), quien tenía como administradora a Noemí Ruth Bautista Ayala. El contrato de arrendamiento venció el 31 de diciembre del 2019, por lo que se volvió a firmar un nuevo alquiler, pero esta vez con Job Jonatan Luque Ayala (37).

Seis días después de la tragedia, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN) dictó 18 meses de prisión preventiva contra Luque Ayala, en el marco de la investigación que se le sigue por homicidio simple en agravio de 13 personas y violación de medidas sanitarias en agravio de la sociedad. Sin embargo, el jueves de la semana pasada la Segunda Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la CSJLN dejó al voto [los magistrados que la integran van a tomarse un tiempo para emitir su decisión en una resolución] la apelación de la prisión preventiva presentada por la defensa de Job Luque.

El pasado 28 de agosto, un informe de América Noticias indicó que Luque Ayala señaló al cantante Juan Peña Arias, más conocido como ‘Juancho’ Peña, como verdadero organizador de la fiesta clandestina. “Ese día yo le di el local a ‘Juancho’ Peña, ya que iba a hacer una transmisión en vivo y también una reunión familiar. Luego, me retiré (en la tarde) a mi domicilio”, indicó Luque Ayala a la Policía Nacional, según el citado noticiero.

El noticiero indicó que de acuerdo con el parte policial, Luque Ayala señaló que a las 7:30 p.m. del sábado recibió la llamada telefónica de una amiga, quien le avisó que su local se encontraba lleno de personas, por lo que regresó al inmueble.

En el lugar halló a unas 70 personas tomando licor y a la orquesta de ‘Juancho’ Peña en el escenario, por lo que subió para, según dijo, increparle y exigirle que termine la fiesta.

Luque Ayala aseguró que fue a la barra a decir que ya no vendan más cerveza y que esperaría que los asistentes terminen de tomar para pedirles que se retiren, pero fue en esa circunstancia que ingresó la policía al local. Además, precisó que la persona encargada de cobrar la entrada a la fiesta clandestina fue la pareja de ‘Juancho’ Peña.

Por su parte, el músico implicado en la tragedia acudió la mañana del 3 de setiembre último a la sede de Dirección de Investigación Criminal para rendir su manifestación. A Peña se le ha impuesto 18 meses de impedimento de salida del país mientras duran las investigaciones. Por el momento permanece en libertad y como citado para cuando se le requiera.

Irregularidades que provocaron la renuncia del ministro

En un principio, el capitán PNP Jorge Amézquita, policía a cargo del operativo en la discoteca Thomas el pasado 22 de agosto, detalló en su informe que la puerta del local se encontraba abierta y que fue el tumulto de personas lo que generó que esta se cerrase.

Sin embargo, el programa de TV América Noticias mostró videos en los que se visualiza que la puerta ya estaba cerrada antes de la estampida de personas que, según el testimonio de la Policía Nacional, generó el bloqueo de la única vía de escape.

Otro informe de Cuarto Poder dio cuenta que el suboficial PNP y miembro del Grupo Terna Aarón Salcedo Recoba reconoció haber retirado el dispositivo que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad de Thomas Restobar.

Fuentes policiales del programa dominical señalaron que habría actuado por orden directa del coronel PNP Enrique Felipe Monroy, jefe del Escuadrón Verde que fue removido de su cargo junto a todos los oficiales que participaron en el operativo el último lunes 31 de agosto.

Además, según el informe Salcedo Recoba explicó que luego de sustraer el DVR, lo lacró y –terminado el operativo– lo entregó al Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos sin borrar las imágenes. Sin embargo, este DVR recién estuvo en manos del Ministerio Público el 25 de agosto, tres días después de la tragedia.

A partir de ello, los peritos de alta tecnología del Ministerio Público detectaron que se eliminaron 5.924 archivos de video que habían sido captados por las cuatro cámaras del local, según el análisis digital forense elaborado por la Oficina de Peritajes de la institución.

Debido a esta situación, la gestión de quien en ese momento era el ministro del Interior, Jorge Montoya, recibió diversos cuestionamientos. Por tal motivo, Montoya se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República.

En diálogo con dicho grupo de trabajo, el entonces titular del Mininter brindó detalles sobre el operativo en la discoteca. Durante su participación estimó que hubo “irregularidades en el recojo, custodia y conservación” de los videos que registraron cómo se llevó a cabo el operativo y el fallecimiento de las 13 personas.

“A la luz de los elementos de investigación, la información inicialmente brindada, lamentablemente, y reitero, ha sido falsa, no habiéndose ajustado a la verdad. Se ha brindado información falsa, incluido a mi persona”, sostuvo.

Finalmente, el 9 de este mes Montoya renunció al cargo de ministro del Interior, en el cual permaneció solo 56 días. En su reemplazo fue nombrado el general en retiro de la Policía Nacional, César Gentile.

Vale precisar también que el comandante general de la Policía Nacional procedió a remover de su cargo al personal involucrado en el operativo en Los Olivos, mientras que se desarrolla la evaluación por parte de una comisión de todos los procedimientos de la intervención policial.

Se trata de 10 oficiales fueron reasignados en nuevos puestos. Entre ellos figura el capitán José Amézquita Lucana, quien encabezó el operativo de intervención a la discoteca Thomas Restobar, el pasado 22 de agosto.

Otras intervenciones realizadas en Los Olivos

Tras la tragedia, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, manifestó que su municipio cumple su función fiscalizadora “en la medida de sus posibilidades”. Agregó que la mitad de su personal de serenazgo y fiscalización se encontraba infectado con el coronavirus, pero que aun con todos aptos para trabajar no tendría personal suficiente.

Sin embargo, RPP indicó, tomando como referencia la plataforma del Ministerio de Economía (MEF), que el municipio de Los Olivos recibió este año más de S/97 millones, de los cuales ejecutó solo el 37,3%. Por su lado, el alcalde Castillo indicó al citado medio que “ese dinero es para diversas obras y no solo para seguridad”.

Consultada por los operativos e intervenciones realizados en las últimas semanas en el distrito a locales que no cumplen con las medidas necesarias para funcionar, la Municipalidad de Los Olivos detalló a El Comercio que al menos 38 locales han sido clausurados.

Entre los principales motivos del cierre de estos locales se encuentra la falta de implementación de los protocolos de bioseguridad, ausencia del certificado ITSE y por no contar con licencia de funcionamiento.

Vale precisar también que a fines de agosto decenas de jóvenes fueron detenidos por la policía al reunirse en un domicilio de Comas para brindar el último adiós a Lyz Melosevich Huanca, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Thomas de Los Olivos. Las personas bebían licor y no guardaban distancia social.

Sin embargo, estos no fueron los únicos. Los familiares y amigos de tres de las mujeres que fallecieron en la tragedia hicieron una velada en sus viviendas de Comas y Rímac, con música, baile y abundante cerveza. En tanto, los amigos de otras de las víctimas decidieron llevar el ataúd por las zonas altas de los cerros.

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