Caso ‘Vacunagate’: Contraloría determina responsabilidad en ocho funcionarios de la Cancillería

Por: Mayté Ciriaco

La Contraloría de la República informó ante Comisión Especial COVID-19 del Congreso que ha culminado las investigaciones de control sobre los presuntos responsables del Caso ‘Vacunagate’. Los informes encuentran responsabilidades en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), el Instituto Nacional de Salud (INS), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Dirección Regional de Salud de Loreto.

La información se da después de que este diario revelara que, a más de cuatro meses del escándalo de vacunación irregular conocido como ‘Vacunagate’, varios funcionarios se mantienen en sus cargos porque las investigaciones avanzan a paso lento. Hasta la fecha, al menos 120 involucrados aún no reciben sanciones.

Según explicó la Contraloría, se formó una Comisión de Auditoría para las investigaciones de control posterior del ‘Vacunagate’. En el caso de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, la investigación tuvo como objetivo determinar si los funcionarios y servidores públicos se vacunaron con dosis importadas de Sinopharm y si esta vacunación se realizó conforme a la normativa o si se transgredió la misma.

Son ocho los funcionarios involucrados de este ministerio: la exministra Elizabeth Astete, el exsecretario General del Ministerio Francisco Tenya y los Embajadores Jorge Jarama, Javier Sánchez-Checa, Manuel González Chávez, Óscar Suárez Peña y Jorge Lazo Escalante, y la servidora CAS, Claudia Halabi Almeyda. Como se recuerda, el Congreso inhabilitó por un año a la exministra Astete.

La Contraloría de la República, a través de su informe de control 012-2021, emitido el 30 de junio, determinó que estos ocho funcionarios y servidores, pertenecientes a la alta dirección fueron inoculados en el ejercicio de sus cargos y, en algunos casos, se aprovecharon de su condición de miembros de la comisión multisectorial para beneficiarse, así como a sus familiares, con la inoculación de vacunas de emergencia importadas con fines explícitos de un ensayo clínico.

Por esta razón, la Comisión de Auditoría, formada para investigar el caso, ha determinado responsabilidad penal sobre tres de ellos, ya que dadas las circunstancias en que ocurrieron los hechos hay indicios de responsabilidad por el delito de concusión. Uno de ellos es Jorge Jarama, director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería, quien era uno de los encargados de asignar las vacunas por fuera del ensayo clínico. El órgano de control ha entregado al ministerio el informe para que, a través de su procuraduría pública, se haga la denuncia correspondiente ante la fiscalía especializada.

Los otros cinco funcionarios tienen responsabilidad administrativa, ya que se vacunaron de forma indebida fuera del ensayo y quebrantaron así las normas administrativas como el código de ética de la administración pública, la ley de la carrera del servicio diplomático, y la ley Servir, en el caso de la asistente administrativa.

Para realizar el informe, la Comisión del órgano de control analizó correos, fax, cartas de comunicación entre la Embajada de Perú en China y la Cancillería, y realizó entrevistas al personal para saber cómo se dieron los hechos, además de analizar la normativa vigente.

Este Diario buscó un pronunciamiento de Cancillería, pero hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta. En los días previos, la misma entidad explicó que los funcionarios implicados venían siendo investigados internamente y los resultados se conocerían aproximadamente en agosto. “Todos los funcionarios implicados (diplomáticos y administrativos) fueron relevados de los cargos que ostentaban. Sin embargo, continúan en actividad, por lo que siguen percibiendo las remuneraciones que les corresponden”, explicó dicho ministerio.

Funcionarios del Ministerio de Salud

La Contraloría también informó que las investigaciones a funcionarios del Ministerio de Salud por presunta vacunación irregular aún se encuentran en proceso debido a que esta entidad no ha entregado toda la información a la Comisión. “Dada la importancia y la complejidad de este caso, nuestra Comisión de Auditoría necesita contar con toda la información para poder establecer los hechos e identificar responsables”, explicó el vocero de la Contraloría.

En el caso del Instituto Nacional de Salud, la comisión de auditoría investigó si la autorización a la modificación de la ampliación del listado de productos y suministros a utilizar en el ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm, desarrollado por la universidad Cayetano Heredia, así como el uso de las 3.200 vacunas en el personal del INS se realizaron conforme a la normativa aplicable y siguiendo el protocolo establecido.

Según el informe 013-2021, emitido el 10 de junio del 2021, se encontró responsabilidad administrativa en 11 funcionarios del INS, entre ellos el exdirector Director General de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, Franco Ronald Romaní Romaní; Catherine Hernández Sotomayor, directora ejecutiva de Investigación de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, y miembros titulares y alternos del Comité de Transparencia y Ética de investigación, ocho de ellos. Además, de un servidor nombrado del Centro Nacional de Salud Pública por haber transgredido las normas administrativas que regulan los ensayos clínicos al ampliar el número de vacunas a ser utilizadas en este ensayo.

Por su lado, se ha determinado que dos funcionarios de la Digemid involucrados en el caso también tienen responsabilidad. Según el informe 027-2021, emitido el 14 de junio, se vacunaron a pesar de que no formaban parte del ensayo clínico. Según lo narrado por los mismos funcionarios, se llevó a cabo un sorteo para ver quiénes se vacunarían. Ellos resultaron ganadores y aceptaron vacunarse. De esta manera. han quebrantado la ley del servicio civil, el código de ética del funcionario público y normas que regulan la realización de ensayos clínicos y se ha postulado las responsabilidades administrativas sobre los dos.

El caso de la UNMSM

En el caso de los implicados de la Universidad Mayor de San Marcos, se ha determinado que se inoculó al equipo de investigación y personal de esta casa de estudios sin contar con la autorización de Digemid. Asimismo, se vacunó a funcionarios que no eran parte del ensayo clínico, lo que transgrede la normativa aplicada a dicho ensayo y protocolos.

En este contexto, la Comisión investigadora ha identificado un accionar irregular en Eduardo Ticona Chávez, en su calidad de investigador principal, coordinador del Ensayo Clínico y Jefe de la Unidad de Ensayos clínicos de San Marcos por haber autorizado la inoculación del personal investigador y personal relacionado sin contar con la autorización correspondiente, así como no haber sustentado la asignación de responsabilidades al personal vinculado al ensayo clínico.

También se señala la responsabilidad sobre Oreste Cachay, rector de la universidad y Felipe San Martín, vicerrector de investigación y postgrado quien, además, recibió 4 vacunas en total: dos en el proceso irregular (’Vacunagate’) y dos en el proceso regular llevado a cabo por el Minsa. a ambos se les inoculó la vacuna de Sinopharm incluso sin tener participación alguna en el ensayo. En ese sentido, se recomienda al consejo universitario disponer de acciones administrativas contra estos funcionarios.

Vacunación indebida en Loreto

El día sábado 20 de febrero, se realizó vacunación a adultos mayores en Loreto. Se programó la inoculación en cinco puntos autorizados con vacunas de Pfizer. También, se programó que se remitieran vacunas a algunos centros de residencias de adultos mayores que eran parte de la red de pensión 65 para que pudieran ser vacunados. Estas vacunas fueron retiradas de los almacenes. Sin embargo, un grupo de once viales -pequeños frascos destinados a contener medicamentos inyectables- no salieron, sino que se quedaron en las instalaciones de la Dirección Regional de Salud. Con estas vacunas se inoculó a una serie de personas, según el informe 007-2021, emitido el 28 de junio.

La comisión de auditoría de la Contraloría ha determinado que funcionario a cargo de la vacunación de Loreto, sin sustento alguno, no distribuyeron 66 dosis de vacuna de Pfizer, las que utilizaron a favor de personas no comprendidas en el grupo priorizado, en un lugar y fecha no autorizados.

Este hecho fue irregular y que además fue organizado y autorizado por Carlos Calampa del Águila, director regional de salud y Patty Rodríguez Arévalo de Diaz, Coordinadora Inmunizaciones y Cadena de Frío. “Se ha encontrado responsabilidad penal de parte de estos funcionarios, por lo que el informe debe ser remitido a la fiscalía a efectos de que postulen los servicios penales correspondientes”, explicó el vocero de la Contraloría de la República.