El proyecto pro combis que presentó hace un mes el nuevo jefe de la PCM

El gobierno de Pedro Castillo y el Congreso han discrepado en casi todo en los seis meses que tienen en el poder. En lo que siempre han coincidido, incluso entre posiciones ideológicas opuestas, es en los intentos por retroceder lo avanzado en reforma del transporte. Si desde el Ejecutivo, con el hoy ratificado ministro Juan Silva en el MTC, se evidenciaba una intención de favorecer a transportistas informales y hasta prometer cabezas de entidades supervisoras, en el Parlamento se han presentado proyectos para perpetuar el reinado de las combis y coasters en Lima y Callao. Hoy, uno de los legisladores promotor de esas iniciativas es el nuevo presidente del Consejo de Ministros.

Hace apenas un mes, el 21 de diciembre de 2021, el entonces congresista Héctor Valer Pinto (Perú Democrático, ex Somos Perú, ex Renovación Popular) presentó el Proyecto de Ley N°1048-2021-CR, que busca modificar la Ley 30900 (que creó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao) y ampliar la circulación de las combis por 10 años más.

Según la propuesta de Valer Pinto, se busca evitar que estas empresas de transporte quiebren en el marco de la pandemia del COVID-19. Esto pese a que la precariedad de los servicios pone, precisamente en términos sanitarios, en riesgo a la población. Sin contar con los miles de soles en papeletas sin pagar por infracciones de tránsito que cargan muchas de ellas.

En el artículo 6 de proyecto de ley se señala que, además de que la vigencia de las autorizaciones para la prestación de servicio se extendía automáticamente por 10 años, estas eran “prorrogables por otros cinco (5) años en caso de haber tenido una limpia historia a lo largo de los años de concesión, que justifique técnica, económica y financieramente su operación y haberse incorporado eficientemente al Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, SIT”.

Uno de los problemas con las ampliaciones automáticas es que no se establecen requisitos de seguridad y calidad para garantizar el mejoramiento del servicio. Sin exigencias para las empresas, se prolonga el sistema de caos en los que el titular de la ruta no tiene vínculos formales con los choferes, situación que se hace evidente cuando coasters y combis de una misma empresa realizan ‘correteos’ para ganar pasajeros y, con ello, más dinero.

Otro punto del proyecto, articulo 12, planteaba que sea el MTC el encargado de designar a una persona de “carácter de confianza” para la ATU. Unas semanas antes, Juan Silva había anunciado a los representantes de los gremios de transportistas el cambio en las jefaturas de la ATU y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Este proyecto, según anunció el mismo Valer Pinto días antes, el 17 de diciembre, en una conferencia de prensa en el frontis del Congreso, había sido realizado junto a gremios de transportistas. Junto a él estaba Wilfredo Chávez Falconí, dueño de la empresa Orión (hoy llamado Holding Real Express) y presidente del Consorcio Empresarial del Callao (Conecsa), con quien ya en noviembre se había reunido el ministro Silva.

Según el nuevo jefe de la PCM, el proyecto de ley buscaba “solucionar de una vez por todas los paros o los inconvenientes que ellos tienen de pasar a la ilegalidad porque la pandemia los ha golpeado y hay muchas empresas a punto de quebrar”. Por esas fechas, gremios de empresas de transporte amenazaban con ir un paro a nivel nacional.

Ese día también habló Chávez Falconí, quien agradeció a la bancada de Perú Libre y Somos Perú, cuyos congresistas fueron los que recibieron a la delegación de transportistas, por presentar el proyecto de ley y evitar que vayan “al camino de la informalidad”.

La iniciativa contaba con firmas del vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, así como de los parlamentarios Wilmar Elera García, José Jerí Oré, Hitler Saavedra Casternoque, Carlos Zeballos Madariaga, Alfredo Azurín Loayza, Yonel Alcarráz Agüero.

Actualmente se encuentra en las comisiones de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado y en la de Transportes y Comunicaciones. De ser aprobada en estos grupos de trabajo, pasaría al pleno.

APOYO A SILVA

El 11 de noviembre, cuando ya se habían conocido las polémicas designaciones del ministro Silva en el MTC, las promesas de amnistía de multas a empresas de transporte deudoras y hasta que él mismo tenía deuda de S/ 4.300 por prestar servicio (colectivo) sin autorización, el Pleno del Congreso debatió una moción de interpelación en su contra.

Pese a los serios cuestionamientos, 48 parlamentarios decidieron blindarlo, entre ellos, Héctor Valer.

“Qué bonito es echarle la culpa a un ministro el fracaso de la reforma de tránsito que viene desde las épocas de la señora [Susana] Villarán, cuando el señor Gustavo Guerra García Picasso [hoy viceministro de Hacienda] era, nada menos, quien dirigía el plan de modernización del transporte de Lima”, dijo durante su intervención. Luego, añadió que a Silva se le pretende también culpar por las “irresponsabilidades de la ATU”.

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