El viernes de la semana pasada, una carta firmada por más de 170 personalidades fue enviada al presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, para solicitar que se deje sin efecto la sorpresiva destitución –conocida apenas dos días antes– del editor Dante Trujillo de la jefatura del Fondo Editorial del Congreso (FEC). Un despido abrupto, que se dio en medio de una situación compleja y sin mayores explicaciones.
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Trujillo explica que, hasta el miércoles 6 de mayo, su nombre estaba incluido en una nómina de Recursos Humanos que servía para coordinar el regreso al trabajo del FEC tras la cuarentena. Pero fue al día siguiente que recibió una breve llamada de Víctor Hugo Neciosup, secretario técnico del oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, en la que le comunicaba que había sido retirado del cargo.
Sorprendido por la decisión, Trujillo Ruiz intentó comunicarse con la tercera vicepresidenta del Congreso, María Teresa Cabrera, pues de ese cargo depende la jefatura del FEC. “La llamé inmediatamente y le escribí mensajes por WhatsApp, que leía, pero no me respondió. Al rato, me llamó una asistenta suya que, de una forma bastante prepotente, me dijo que la señora Cabrera había tomado la decisión y que, básicamente, no tenía por qué darme explicaciones porque el mío era un puesto de confianza”, explica Trujillo.
Minutos después, le hicieron llegar en una moto el documento (que ha circulado en redes sociales) con el que se anuncia su relevo, así como la designación de Antonio Jáuregui como nuevo jefe del FEC. Trujillo asegura que dicha notificación tiene un vicio procesal: “Es simplemente un oficio con la firma del oficial mayor. Un cargo de ese tipo debe ser nombrado o destituido por acuerdo de Mesa, como ocurrió en mi designación, en setiembre pasado. Es decir, debe reunirse la Mesa Directiva [el presidente del Congreso y los tres vicepresidentes], conversar la propuesta de la tercera vicepresidencia, y acordarlo. Hasta hoy [jueves 14] eso no se ha dado. Dicho sea de paso, ni la señora Cabrera ni el señor Forno se han comunicado conmigo para darme una mínima explicación”.
El Comercio intentó comunicarse con la congresista María Teresa Cabrera, pero no obtuvo ninguna respuesta. Quien sí respondió fue Antonio Jáuregui, designado como nuevo jefe del FEC. Comunicador de profesión, Jáuregui ha trabajado en instituciones del Estado como la ONPE, la Presidencia del Consejo de Ministros y el propio Congreso, donde hasta hace poco se desempeñó como editor web.
Jáuregui señaló que no respondería a las polémicas suscitadas por el cambio en el FEC. Sin embargo, confirmó que ya inició sus funciones y que entre sus planes de trabajo estarán fortalecer la línea de trabajo del bicentenario y la digitalización de una serie de procesos. Sobre los cuestionamientos a su poca experiencia editorial, señaló: “En el rubro de las comunicaciones, se edita mucho. Lo que más se hace es editar. Todas las publicaciones de distintas oficinas del Estado pasan por las áreas de comunicaciones, en las que yo he laborado. Solo que esas publicaciones no llevan mi nombre”.
En los cortos siete meses que Trujillo ocupó el puesto de jefe del FEC, no han sido pocos los incidentes que debió encarar. En primer lugar aparece, por supuesto, la disolución del Parlamento, que creó una lógica incertidumbre respecto de su permanencia en el cargo. Por suerte, el trabajo del Fondo continuó.
En enero pasado, se intentó restar autonomía al FEC, moviéndolo en el organigrama del Congreso para colocarlo por debajo de muchas oficinas. En ese entonces, y tras un reclamo general, quien ocupaba la tercera vicepresidencia era el congresista Marvin Palma, quien respaldó al FEC para evitar ese cambio. Finalmente, el intento de restarle autonomía no prosperó.
Por último, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 volvió a poner en suspenso sus funciones, hasta el desenlace ya narrado. Para él, sin embargo, el asunto está lejos de quedar resuelto. “Más allá de haberme dejado sin trabajo repentina e injustificadamente en plena crisis –dice Trujillo–, me parece importante precisar tres cosas: primero, que la ciudadanía merece una explicación cabal y técnica del porqué he sido destituido. Segundo, que se dé un acuerdo de la Mesa Directiva: hasta entonces mi retiro no es tampoco legal. Y, por último, que cargos así deben dejar de ser ‘de confianza’ precisamente para que la autoridad de turno no haga uso arbitrario de dicha prerrogativa. No puede ser un cheque en blanco ni un instrumento político ni servir a fines menos honorables. Por un mínimo respeto a la cultura y a los ciudadanos”.
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