Florida se dispone a romper el récord anual de ejecuciones con la novena pena de muerte del año, en tan solo siete meses y más que ningún otro estado, al suministrar este jueves la inyección letal a Edward J. Zakrzewski, un exmilitar condenado por asesinar con un machete a su esposa y dos hijos cuando ella pidió divorciarse.
Pese a críticas de organizaciones civiles y religiosas, como la Arquidiócesis de Miami, las autoridades tienen previsto aplicar esta noche la inyección letal a Zakrzewski, de 60 años y quien fue miembro de la Fuerza Aérea de EE.UU., en la Prisión del Estado de Florida en Raiford, pueblo al oeste de Jacksonville, tres décadas después del crimen.
El hombre se declaró culpable de haber asesinado con un machete a su esposa en junio de 1994, después de que ella le pidiera el divorcio, en su vivienda del condado de Okaloosa, donde también mató a su hija Anna, de 5 años, y a su hijo Edward, de 7, por lo que la Corte Suprema de Florida ratificó en 1998 sus tres sentencias de muerte.
El caso despertó interés nacional porque, cuatro meses después de estar prófugo en Hawái en una comuna religiosa, apareció en la serie televisiva ‘Unsolved mysteries’ (‘Misterios sin resolver’), por lo que él se entregó al día siguiente.
Más muerte
Con este hecho, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, rompe el récord de penas de muerte ejecutadas en un año en Florida: nueve, lo que representa una de cada tres de las 27 que han ocurrido en todo Estados Unidos en lo que va de 2025, según la organización Death Penalty Information Center.
El ‘Estado del Sol’ es además el segundo con más prisioneros sentenciados a muerte, con 278, solo por detrás de los 585 de California, indica un reporte de dicha asociación.
Pero también lidera en el número de condenados de forma errónea a la pena capital, pues 30 personas con esta sentencia han resultado ser inocentes desde 1973, seguido por 22 de Illinois y 18 de Texas, detallan los datos del Death Penalty Information Center.
El récord de Florida también resalta porque el año pasado solo hubo una ejecución, en 2023 hubo seis, y de 2020 a 2022 no hubo ninguna.
El gobernador DeSantis y los republicanos en Florida han impulsado leyes en el último año para ampliar la pena capital, como una que implementa este castigo para ciertos crímenes de tráfico sexual y otra que la obliga en casos de migrantes indocumentados que cometen algún delito aplicable.
Tras la ejecución de este jueves, está programada para el 19 de agosto la de Kayle Bates, de 67 años y quien mató a cuchilladas a una mujer de 24 años en el condado de Bay, y para el 28 de agosto la de Curtis Windom, de 59 años, que mató a tres personas en el condado de Orange.
“Muertes patrocinadas por el estado”
Ante el récord impuesto por el caso de Zakrzewski, la asociación Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP) circuló una petición para exigir al gobernador que “termine este ciclo de muertes patrocinadas por el estado”.
“Cada ejecución nos deshumaniza a todos. Creemos que la verdadera seguridad pública viene de la justicia arraigada en la rendición de cuentas, no de la venganza. La clemencia en este caso reflejaría los valores de justicia, mesura y dignidad humana”, expone la carta.
El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, publicó un artículo de opinión contra la pena de muerte en Florida al argumentar que “una sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de perdón es un castigo severo y justo que también permite a los malhechores la continua reflexión del daño que han causado”.
“¿Por qué insistir en la pena de muerte? Acompañar a las familias de las víctimas de asesinato no nos obliga a nosotros, como sociedad, a buscar otra muerte a cambio. Su dolor no puede limpiarse y la pérdida de la vida de sus seres queridos no puede restaurarse con otra muerte”, indicó Wenski el 14 de julio.
El apoyo a la pena de muerte está en uno de sus menores niveles desde la década de 1970 en la encuesta anual de Gallup, que en 2024 encontró que 53 % de los estadounidenses apoyaban el castigo capital.
