

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE.UU. se negó el jueves a levantar la orden de una jueza que exige que la Administración Trump “facilite” el regreso de Kilmar Ábrego García al país norteamericano tras su deportación a El Salvador, informó The Hill.
El Departamento de Justicia (DOJ) había impugnado la orden aclaratoria emitida la semana pasada por la jueza federal Paula Xinis, después de que la Corte Suprema validara su decisión original que exigía el regreso de Abrego García, al que la Administración reconoció haber expulsado por error el pasado 15 de marzo.
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MIRA AQUÍ: ¿Quién es Kilmar Ábrego García y por qué fue deportado a la megacárcel de El Salvador?
Esta es la segunda vez que el Cuarto Circuito rechaza la decisión de la Administración Trump en este caso.
De acuerdo con la publicación estadounidense, la Administración Trump ahora podría pedirle a la Corte Suprema que detenga temporalmente la orden de la jueza, mientras el caso sigue en proceso.
Ábrego García actualmente se encuentra detenido en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) tras haber sido deportado desde a pesar de que un juez estadounidense emitió una orden para evitar que sea deportado.
El Gobierno de Trump ha aceptado que la deportación del hombre fue un “error administrativo”, pero ha argumentado que los tribunales no pueden actuar en este caso, ya que el hombre no está bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
MÁS INFORMACIÓN: La Casa Blanca asegura que salvadoreño deportado “por error” por el gobierno de Trump a la megacárcel de Bukele nunca volverá a vivir en EE.UU.
El lunes, tanto Trump como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, descartaron el retorno de Ábrego García a EE.UU. pese a los fallos del Supremo.
Miembros del Gobierno Trump han dicho además que no tiene derecho a protección judicial por ser un pandillero, acusación que no ha certificado ningún tribunal.
El salvadoreño Ábrego es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. el pasado 16 de marzo y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de defensa de los derechos humanos han calificado como “desaparición forzada”.
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