Movimiento indígena de Ecuador exige a Noboa datos de operativos en el paro donde murieron comuneros

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, interpuso este jueves una acción de acceso a la información pública en contra del presidente, Daniel Noboa, para que se les entregue datos sobre los policías y militares que participaron en los operativos realizados durante las protestas registradas entre septiembre y octubre, en las que murieron dos comuneros.

El objetivo de la acción es conocer quiénes intervinieron en las operaciones específicamente en la provincia de Imbabura, que fue el epicentro de las protestas, y quiénes estaban al mando de ellas, para “determinar responsabilidades personales y a nivel del Estado” por los disparos que recibieron Efraín Fuerez y José Guamán, dos comuneros indígenas que fallecieron durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

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Además, solicitaron un informe del material letal y no letal utilizado durante esos enfrentamientos.

“No solo hay responsabilidad en la persona que disparó, sino también en quienes dieron la orden de que la protesta social sea reprimida con armas letales”, dijo a EFE el abogado Washington Andrade, quien acompañó al presidente de la Conaie, Marlon Vargas, y a la vicepresidenta, Ercilia Castañeda, a interponer el recurso, con el que también exigen información a los ministros de Defensa e Interior y a los comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas.

Andrade señaló que ellos ya pidieron al Gobierno información de este tipo cuando falleció Fuerez, a finales de septiembre, pero que nunca se les entregó nada, por lo que ahora buscan saber si los datos han sido declarados como reservados.

“Si es información clasificada, pondremos una acción ante la Corte Constitucional para que se desclasifique y que no quede en la impunidad”, añadió.

El jurista cree que esta información es indispensable para que la muerte de los comuneros se investigue como un presunto crimen de lesa humanidad y no solo como un homicidio.

Las protestas fueron convocadas por la Conaie, la organización social más grande del país, tras la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel. Iniciaron el 22 de septiembre, duraron 31 días y dejaron también 473 heridos, 206 detenidos y 391 violaciones a los derechos humanos, según organizaciones de la sociedad civil.

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Agencia EFE

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