El plan de “mano dura” de Kast y cómo hará para sacar de Chile a los migrantes irregulares en sus primeros 90 días de gobierno

Una encuesta de Ipsos de octubre reveló que casi dos de cada tres chilenos adultos (63%) señalan que el crimen y la violencia son los temas que más les preocupan.

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Esta percepción de inseguridad se debe al incremento de crímenes violentos y a la consolidación en Chile del crimen organizado, con la llegada de bandas extranjeras como la venezolana Tren de Aragua, que tiene presencia en varias regiones y conexiones fuera del país. Es responsable de delitos de alto impacto como sicariato, secuestros, extorsión, explotación sexual, tráfico de inmigrantes, entre otros.

Sin embargo, la tasa de homicidios en Chile es baja en comparación con los países más violentos. En el 2024, cerró con 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, similar a la del Perú y muy por debajo de Ecuador, que tuvo 39 homicidios por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a la migración irregular, se estima que en Chile hay más de 300.000 extranjeros en situación indocumentada.

En ese contexto, Kast prometió un apoyo político explícito a Carabineros, con mayor presupuesto, equipamiento, tecnología y aumento de dotación. Su programa incluye reformas legales para ampliar las facultades policiales en controles, detenciones y uso de la fuerza, además de protección jurídica para los funcionarios que actúen en procedimientos, con el objetivo de reducir querellas y procesos judiciales en su contra.

Kast ha planteado la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo de infraestructura crítica, control de fronteras y apoyo en zonas de alta criminalidad. El enfoque apunta a tratar el crimen organizado como una amenaza a la seguridad nacional.

En cuanto a migración, Kast prometió un mayor despliegue de fuerzas policiales y militares en la frontera norte, con el objetivo de impedir el ingreso irregular al país. Su principal bandera de campaña en este tema es la expulsión rápida de extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular, en especial aquellos que cometan delitos o tengan antecedentes penales. Kast ha planteado simplificar los procedimientos administrativos y judiciales para ejecutar deportaciones con mayor celeridad.

Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, manifiesta a El Comercio que las promesas en seguridad y migración de Kast apuntan a un cambio de enfoque frente al avance del crimen organizado y la migración irregular en Chile.

Según la experta, el eje central del programa de Kast no es solo el endurecimiento del control policial, sino un enfoque más exigente frente a dos fenómenos que hoy están estrechamente vinculados: la inmigración ilegal y el crimen organizado transnacional. “El presidente electo ha buscado un enfoque más fuerte frente a la inmigración ilegal y desordenada, que ha sido clave para el ingreso del crimen organizado que hoy está instalado en el país”, explica.

En ese contexto, sostiene, Kast habría observado experiencias internacionales para diseñar sus propuestas, entre ellas el sistema carcelario impulsado por Nayib Bukele en El Salvador, particularmente en lo referido a la segmentación penitenciaria, así como experiencias europeas, como el caso italiano. “La idea es avanzar en medidas más exigentes de control fronterizo, pero también en una mejor persecución penal, segmentación en cárceles, reinserción y rehabilitación”, indica.

En cuanto al fortalecimiento de las policías, Greene sostiene que Carabineros y la PDI ya cuentan con amplias facultades, pero agrega que en los últimos años se produjo un debilitamiento del respaldo político. “Después del estallido social hubo un repliegue que afectó la persecución y el control de la criminalidad”, afirma.

En esa línea, la experta considera clave la promesa del presidente electo de entregar mayor equipamiento, recursos y respaldo político para que las policías puedan cumplir su rol de manera efectiva.

Respecto a la participación de las Fuerzas Armadas, Greene marca una diferencia clara. Valora su apoyo en labores logísticas, estratégicas y de control fronterizo, pero advierte sobre los riesgos de utilizarlas como fuerza policial. “Militarizar la delincuencia no es una buena política pública”, sostiene, recordando que en otros países esto ha derivado en más corrupción, debilitamiento institucional y escalamiento de la violencia.

Para Greene, el diagnóstico en Chile es claro: el crimen organizado ya es una realidad instalada. Sin embargo, advierte que una estrategia basada únicamente en el control y la sanción no es sostenible. “La evidencia internacional demuestra que se requieren políticas de control, pero también una buena persecución penal, sanción efectiva, rehabilitación y reinserción”, detalla.

En su análisis, la seguridad debe abordarse como un conjunto de políticas que incluyan prevención, especialmente para evitar que niños y jóvenes ingresen a trayectorias delictivas. “Las políticas de prevención son las únicas sostenibles y costo-eficientes en el largo plazo”, subraya.

Esto implica, añade, cárceles de alta y máxima seguridad para líderes de bandas criminales, segmentación penitenciaria y cumplimiento efectivo de las penas, todo ello con pleno respeto a los derechos humanos.

En el ámbito migratorio, Greene reconoce que la promesa de expulsiones rápidas de migrantes indocumentados enfrenta importantes desafíos. “No es solo un tema de gestión interna”, advierte. La viabilidad de estas medidas depende de la coordinación interinstitucional y de la voluntad de otros países.

“La diplomacia va a ser clave”, afirma, señalando que Chile necesitará cooperación internacional para que estas políticas se materialicen en el corto plazo.

La experta ve probable que el gobierno de Kast busque acuerdos bilaterales y regionales, especialmente con países vecinos como el Perú. “Hoy la seguridad es un fenómeno transnacional”, explica, por lo que ningún país puede abordarlo de manera aislada.

Por su parte, Kenneth Bunker, doctor en Ciencia Política de la London School of Economics, y máster en Ciencias Políticas por San Diego State University, dice a El Comercio que la contundente victoria del domingo le otorgó a Kast un mandato amplio para actuar con rapidez y, eventualmente, ir más allá de lo prometido en campaña, una especie de cheque en blanco.

“La victoria en todas las regiones y en la gran mayoría de las comunas muestra que lo que Kast estaba proponiendo tiene mucha resonancia con los votantes”, señala Bunker. A su juicio, el énfasis del presidente electo en un “gobierno de emergencia”, con resultados visibles en los primeros 90 días, responde directamente a una demanda ciudadana. “Eso es un mandato”, afirma.

Según el analista, ese respaldo podría empujar a Kast a combinar dos vías de acción: la legislativa, para reformas de largo plazo, y la administrativa, mediante decretos, para cumplir con metas inmediatas. “No llegar a resultados en 90 días va a generar frustración y podría perjudicarlo bastante en el largo plazo”, advierte.

En materia de seguridad, Bunker reconoce que el camino no está exento de costos. El eventual aumento de facultades policiales y el mayor rol de las Fuerzas Armadas podrían abrir una tensión con los derechos humanos. “Va a haber una tensión entre conseguir orden con cierta premura y los derechos humanos”, afirma, aunque estima que este tema será más relevante para la oposición que para los votantes que respaldaron a Kast con una elección histórica.

Bunker cree que el presidente electo intentará equilibrar ambas dimensiones, pero considera inevitable que el debate emerja temprano en su administración. “No creo que quiera tener problemas con derechos humanos, pero inevitablemente va a ser un tema”.

Sobre la eficacia o no de las políticas de mano dura, el analista es categórico. “Eso es empíricamente comprobado”, dice, citando el caso de El Salvador. A su juicio, el desafío está en aplicar ese enfoque dentro de democracias con fuertes contrapesos institucionales. Para enfrentar el crimen organizado, plantea, se requiere más poder policial, más cárceles y mayor inteligencia estatal coordinada.

El principal límite, advierte, será político: la falta de una mayoría sólida en el Senado. “Ahí va a tener que negociar con la oposición, que no le va a regalar la solución de la crisis de seguridad”, subraya.

En el ámbito migratorio, Bunker observa un matiz entre el programa original de Kast y su discurso en las últimas semanas de campaña. “El discurso se moderó un poco”, señala, en un contexto marcado por la segunda vuelta y la necesidad de asegurar el triunfo.

Más que expulsiones masivas inmediatas, el analista percibe un giro hacia una política de incentivos para la salida voluntaria de migrantes irregulares. “La idea es generar todas las condiciones para que los migrantes irregulares salgan del país”, explica. Eso incluiría la reducción de beneficios sociales y económicos y facilidades para abandonar Chile con la posibilidad de retornar legalmente en el futuro.

“Es apretar un poco para no tener que expulsar, que es más difícil políticamente”, resume.