La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este domingo de que el ejercicio de la libertad de prensa en Ecuador se desarrolla en un entorno de “elevada vulnerabilidad”, marcado por la violencia del crimen organizado, la limitada capacidad de los mecanismos estatales de protección, y diversas presiones y restricciones institucionales.
Según el informe de la SIP publicado en el marco de su Asamblea General celebrada en Bogotá, si bien el acceso a la información pública se mantiene en términos generales estable, el ejercicio independiente del periodismo enfrenta importantes obstáculos que afectan su seguridad, cobertura efectiva sobre temas sensibles y sostenibilidad.
Subraya que la violencia de grupos criminales constituye uno de los principales mecanismos de presión contra los periodistas, lo que ha “obligado a cerca de una docena de reporteros a abandonar el país y ha provocado el retiro definitivo de al menos una periodista de la actividad informativa, así como el abandono de investigaciones de interés público por razones de seguridad y presiones políticas”.
La contracción de la cobertura independiente ha contribuido, además, a la aparición de zonas de silencio informativo, principalmente en mercados locales pequeños que carecen de medios con trayectoria consolidada, alerta.
Añade que, a pesar de la existencia formal de un Mecanismo Estatal de Protección para periodistas, su funcionamiento continúa siendo limitado debido a la falta de presupuesto.
A ello se suma la persistencia de “altos niveles de impunidad” frente a agresiones y crímenes contra comunicadores, indicó al señalar que la integridad física de los trabajadores de prensa también se ve afectada por agresiones y actos de hostigamiento “atribuidos tanto a actores estatales como a grupos criminales”.
Asimismo, señala que persisten campañas de desprestigio, amenazas y hostigamiento en línea contra periodistas, “aunque sin un incremento significativo respecto de períodos anteriores. La violencia, combinada con la precariedad laboral y la inestabilidad económica, ha contribuido al aumento de la autocensura”.
La SIP destacó el caso del periodista Hernán Higuera, de la televisión Ecuavisa, quien el 19 de junio anunció su decisión de apartarse de la investigación sobre el caso Progen -que indaga presuntas irregularidades en contratos suscritos durante la crisis energética de 2024-, tras denunciar presiones de instituciones estatales contra su esposa y su hijo.
Por otra parte, en el ámbito institucional, la SIP anotó que se han registrado prácticas que afectan el acceso de los periodistas a fuentes y espacios oficiales, y recordó que en febrero, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aprobó un reglamento interno para establecer filtros y mecanismos de acreditación de los periodistas autorizados a cubrir eventos militares.
De igual manera, funcionarios del Gobierno han rechazado durante al menos seis meses las invitaciones a entrevistas formuladas por Ecuavisa, añadió al agregar que diario Expreso (que tras más de medio siglo, este mes dejó de circular en papel) denunció una estrategia de hostigamiento estatal mediante el uso de organismos de control.
También generó preocupación una sentencia emitida a finales de abril por el Primer Tribunal de la Sala Especializada Civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que ordenó a la organización Fundamedios eliminar de su portal una alerta sobre la seguridad de periodistas publicada en 2025.
Fundamedios acató la resolución bajo protesta y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que la sentencia vulnera estándares internacionales de libertad de expresión y protección de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
El acceso a fuentes institucionales y el flujo de información pública también han experimentado restricciones derivadas de decisiones administrativas discrecionales, alertó la SIP en su informe.
