Tres días después del ataque sicarial del que fue víctima el senador y precandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay, las autoridades están concentradas en establecer cuál organización criminal es la responsable del atentado que tiene al político Centro Democrático en una UCI de la Clínica Santa Fe, con un pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas que los impactos de bala ocasionaron en su cabeza.
Para ello, los equipos judiciales y de inteligencia desplegaron a 251 agentes que centraron esfuerzos investigativos en el rastreo del arma utilizada, y en el análisis de información digital decomisada durante allanamientos, con el objetivo de identificar a los responsables del atentado perpetrado en el parque El Golfito, del barrio Modelia, al suroccidente de Bogotá, el pasado sábado.
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Durante una declaración conjunta, el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, revelaron que la pistola empleada en el ataque —una Glock calibre 9 milímetros— fue adquirida legalmente en el estado de Arizona, Estados Unidos.
La pistola incautada no figura en los registros del departamento de Control y Comercio de Armas, Munición y Explosivos de Colombia, pero el análisis balístico y documental permitió establecer que Charles Joe Anderson, un residente en Mesa, Arizona, la compró el 6 de agosto de 2020 -en plena pandemia- al distribuidor AJI Port. Esta trazabilidad, confirmada con apoyo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), constituye un elemento clave para entender cómo llegó el arma a territorio colombiano y quién pudo haberla recibido.
El estudio de uniprocedencia del arma, según la fiscal Camargo, también servirá para conocer en qué otro hecho delictivo de similares características fue utilizada. “Ese es el objetivo número uno, qué red sicarial contacta como ejecutor material a este menor, para eso hacemos un estudio de balística, que es identificar si esa arma que se utilizó ha estado involucrada en otros atentados similares. Ese examen se está haciendo en este momento, es muy relevante. En este momento no tenemos la información, la estamos trabajando”, dijo.
Otro de los elementos fundamentales en la investigación será la declaración que entregue el señalado sicario, un menor de 15 años que fue aprehendido por las autoridades para enfrentar cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Sobre él, el presidente Gustavo Petro dijo que alcanzó a hacer parte del programa nacional “Jóvenes en Paz”, estrategia del Gobierno para romper ciclos de violencia que afectan a sectores vulnerables.
Según el reporte entregado por profesionales del programa, señalado por el primer mandatario, el menor mostró una conducta “altamente conflictiva y dificultades severas para establecer vínculos sociales”. De hecho, EL TIEMPO conoció el historial del joven en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que registra cinco anotaciones entre 2020 y 2024.
Para la fiscal, lo que diga el menor será fundamental, y empezará a ser indagado una vez termine la imputación de cargos y se encuentre más estable de salud. En aras de proteger su seguridad, solicitará que le permitan a la Fiscalía tenerlo bajo un cuidado especial.
Allanamientos, videos y testigos, otras piezas clave
Paralelo al análisis del arma y declaración del menor, investigadores de la Dijín y del CTI de la Fiscalía practicaron dos diligencias de allanamiento en el barrio Villas de Alcalá, localidad de Engativá, Bogotá, en viviendas de familiares (tía y abuela) del señalado sicario.
Durante estos procedimientos, según pudo conocer este diario, se incautaron dos celulares, un computador portátil, cuadernos y documentos físicos. Esos dispositivos, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, almacenan más de 10 terabytes de información, cuya revisión está en curso por parte de peritos forenses especializados.
Las autoridades buscan desencriptar archivos, rastrear direcciones IP y acceder a historiales de mensajería, videos, fotografías y correos electrónicos. El propósito es identificar posibles contactos, coordinaciones previas y vínculos con terceros que puedan estar implicados, directa o indirectamente, en la planeación o ejecución del atentado.
En total, los agentes tienen 1.000 videos de la zona donde ocurrieron los hechos, donde también aparecieron 15 vainillas que serían de la Glock utilizada en el ataque sicarial.
Detrás del atentado
En la noche del domingo, al término del segundo consejo de seguridad realizado en el Puesto de Mando Unificado (PMU) celebrado en la Dirección de la Policía Nacional, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro del Interior, Armando Benedetti; la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez; y la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía, se refirió a los posibles responsables del ataque.
Durante su intervención, el alto funcionario sostuvo que las autoridades no descartan “la participación de grupos armados, grupos de delincuencia común, organizada, las mafias como la ‘junta del narcotráfico’ y también otros actores ocultos”.
Además, enfatizó que los responsables estarían utilizando estrategias para evitar ser detectados por los cuerpos de inteligencia del Estado. Por eso, la fiscal Camargo anunció que están analizando el recorrido que hizo el menor para entrar al Parque El Golfito. Para ella, llamó especial atención que haya llegado a pie, y no lo hubiera estado esperando una moto o un vehículo para la huida.
Fuentes de inteligencia intuyen que el ‘desplante’ se habría dado como una anticipación a que el sicario hubiese podido morir a manos del cuerpo de escoltas -lo hirieron en la pierna- tras el ataque. De esa forma evitarían dejar un testigo directo de la planificación del atentado.
Dentro de esta línea, las autoridades también buscan determinar si detrás del ataque sicarial hay células del ELN, guerrilla que en el pasado ya ha sembrado el terror en Bogotá con diferentes atentados como la bomba a la Escuela General Santander, de la Policía, y la bomba al centro comercial Andino.
A la par, buscan verificar la información revelada por la candidata presidencial Vicky Dávila, quien dijo que el jefe de las disidencias FARC, alias Iván Mordisco, habría sido el que ordenó el atentado al precandidato Miguel Uribe, y “que se trata de un plan terrorista que incluye atacarnos a María Fernanda Cabal y a mí. La misión la estaría ejecutando alias Pelo o alias El Grande, de las disidencias de las FARC”.
Para el ministro Benedetti es claro que “estamos frente a un eslabón más de una cadena. Esto no es un caso aislado. Hay grupos muy poderosos que podrían estar detrás, con intereses claros de desestabilizar la sociedad y sabotear el proceso de paz”, y añadió que detrás del ataque podría haber “fuerzas poderosas” con capacidad de alterar el curso político del país.
De igual manera, se indaga la advertencia hecha por el expresidente Álvaro Uribe, quien manifestó que “la inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en mi contra”.
La cartera de Defensa anunció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que conduzca a los responsables intelectuales del atentado. Uno de los presuntos autores materiales ya se encuentra bajo custodia, según confirmaron las autoridades. El ministro Sánchez hizo un llamado a evitar discursos violentos y mensajes de odio en redes sociales, señalando que estas prácticas pueden obstaculizar los esfuerzos investigativos y beneficiar a estructuras delictivas.
