Una dieta cara

Detrás de la inseguridad alimentaria, el hambre y la desnutrición en el Perú está el elevado costo de una dieta nutritiva. Según una metodología validada en todo el mundo, se ha determinado el costo mensual para la adquisición de alimentos locales y asequibles que satisfagan las necesidades nutricionales de una persona, determinando que el monto en Sudamérica es más alto que en otras regiones y que al menos 11 millones de personas en el Perú no pueden permitírselo.

Esta situación impacta tanto en las personas que tienen hambre como en las que no. En el Perú, las pérdidas económicas por causa de la desnutrición serán de alrededor de US$10,5 mil millones en el 2025, según un estudio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) con el Ministerio de Salud y la CEPAL. Esto, principalmente, como consecuencia de la reducción de la productividad asociada al hecho de que la desnutrición ya ha limitado la capacidad cognitiva de una parte de la mano de obra peruana, y del incremento del gasto público en salud relacionado con las enfermedades derivadas de la desnutrición. Este monto se aproxima a la proyección de crecimiento de la economía peruana en el 2025, por lo que la situación de la desnutrición podría neutralizar efectivamente el crecimiento desde una perspectiva nacional.

El diagnóstico es un choque; hay que empezar a hablar del tratamiento. La inseguridad alimentaria es un problema complejo, pero algunas medidas pueden ayudar de inmediato. El Perú ha dado algunos pasos en la dirección correcta.

A corto plazo, se necesitan medidas para incrementar la capacidad de compra de alimentos por parte de la población, especialmente de aquellos nutritivos como frutas, verduras frescas y proteínas de origen animal. El apoyo directo a las familias que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad debe ser una prioridad, con el objetivo de erradicar la inseguridad alimentaria grave (hambre).

El plan del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para integrar las ollas comunes al Programa de Complementación Alimentaria y seguirlas apoyando de manera continua es un paso en la dirección correcta, al igual que el plan para la expansión de otros programas sociales. El Programa Mundial de Alimentos y el Midis han colaborado este año para poner en marcha proyectos piloto para nuevas modalidades de apoyo a las ollas comunes, con el objetivo de generar mayor eficiencia y capacidad de elección.

Además, la recuperación y redistribución de alimentos de calidad a familias en situación de vulnerabilidad es una estrategia que alivia la inseguridad alimentaria a corto plazo (aunque no la resuelve). Puesta en marcha hace diez años por el Banco de Alimentos del Perú, en la actualidad existen iniciativas de recuperación y redistribución de alimentos en nueve regiones del país, en seis de ellas, con instituciones apoyadas por el Programa Mundial de Alimentos. A escala mundial, esta estrategia es utilizada en Europa, Norteamérica y América Latina y el Caribe.

El Programa Mundial de Alimentos en el Perú está apoyando la expansión de esta importante iniciativa y financiando los costos logísticos para transportar los alimentos desde los lugares donde existen excedentes hasta donde se encuentran quienes los necesitan, especialmente donde existen organizaciones de base como las ollas comunes. El PMA transportó más de 8.200 toneladas de alimentos durante el 2023, beneficiando más de 400.000 personas, pero todavía hay mucho margen para ampliar: 8.200 toneladas representan solo el 0,5% de las más de 1,6 millones de toneladas de alimentos desperdiciados en los mercados y supermercados del Perú anualmente.

Una expansión de las operaciones de recuperación y redistribución de alimentos de calidad que no se venden ayudará directamente a las familias a consumir cada día una mayor variedad de alimentos que de otro modo no podrían permitirse y, al mismo tiempo, mitigaría los serios efectos medioambientales que el desperdicio genera. El Programa Mundial de Alimentos está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y otros actores para aprovechar el enorme potencial del Perú en este tema.

A mediano plazo, conectar a los pequeños agricultores peruanos con los mercados públicos y privados mejorará los ingresos de esta población que en gran medida se encuentra en situación de vulnerabilidad (el 40% son pobres), permitirá generar beneficios económicos locales y hará que los alimentos nutritivos estén disponibles y sean más asequibles para todos.

En el Perú, la Ley 31071 de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar menciona que el 30% del presupuesto anual de los más de US$700 millones del Midis para los programas alimentarios –como el Programa de Alimentación Escolar Qali Warma, Programas de Complementación Alimentaria y Cuna Más– debe destinarse a la compra de productos provenientes de la agricultura familiar, lo que brinda una oportunidad transformadora. Se calcula que 200.000 pequeños agricultores peruanos podrían, en teoría, vender sus productos a este mercado público (actualmente, casi ninguno lo hace). Los programas sociales cuentan con grandes presupuestos para alimentos, pero no compran a los pequeños agricultores. Si los pequeños agricultores pudieran superar las barreras que les impiden competir en los mercados públicos, sin duda tendrían la capacidad de ofrecer sus productos a los mercados privados.

El reto para lograr la efectividad de la Ley de Compras Estatales, por supuesto, es la implementación. Durante el 2024, el Programa Mundial de Alimentos ha iniciado proyectos multianuales en Piura, Ayacucho y Cusco, para generar evidencia y establecer un modelo de gestión con una hoja de ruta definida. Para ello, será necesario la inversión en infraestructura (centros de acopio y procesamiento) y en el fortalecimiento de capacidades. Con los proyectos puestos en marcha, estas regiones tendrán la oportunidad de conectar mejor el gasto público y, al hacerlo, mejorarán la disponibilidad y la asequibilidad de dietas saludables para todos.

Por último, es importante reconocer que juntos podemos hacer que los alimentos que comemos hoy valgan más. En todo el mundo hay evidencia del poder de la fortificación de los alimentos para transformar el panorama nutricional de un país. A menudo se cita el caso de éxito de Costa Rica, que ha logrado reducir la anemia del 19% al 4% en poco más de diez años. En el Perú se ha incorporado el arroz fortificado en los diversos programas sociales –un gran logro–, pero el impacto transformador en la salud pública depende de que el arroz fortificado esté al alcance de todos.

Los gobiernos regionales de Lambayeque y San Martín abrieron el camino en el 2023, haciendo que el arroz fortificado estuviera disponible en los mercados locales. En julio del 2024, el Ministerio de Salud y el Gran Mercado Mayorista de Lima –ubicado en Santa Anita– lanzaron a la venta el arroz fortificado, que ya se puede encontrar en los grandes supermercados. Son pasos en la dirección correcta. El siguiente es la universalización de la fortificación del arroz en el Perú, una medida que actualmente está siendo evaluada por el Congreso.

La energía y los recursos invertidos en estas y otras medidas deben ser proporcionales al hecho de que la erradicación del hambre en todas sus formas es fundamental para el crecimiento, el desarrollo y el futuro del Perú. La realidad es que el hambre nos cuesta a todos, pero para las personas en mayor situación de vulnerabilidad el efecto es inmediato, mientras que las pérdidas sociales y económicas para el país tardarán más en hacerse tangibles para los demás. Tendría sentido entonces coordinar entre todos los sectores un mejor acuerdo colectivo.