Dentro de un mes, el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (Simco) de la Defensoría del Pueblo cumplirá 20 años. Pocas veces en el Perú una entidad estatal le sigue la pista a un hecho, problema o fenómeno durante un tiempo prolongado para tratar de descifrar sus claves principales o poner en evidencia la gravitación que estos tienen en la vida del país. Un recurso con el que esta institución y los actores en los conflictos han hilado fino en numerosas ocasiones para crear oportunidades de diálogo y contener la violencia. No siempre las cosas salieron bien. Hubo y hay limitaciones. Pese a ello, de los 1.339 casos registrados en todos estos años, 579 (47%) fueron resueltos por la vía del diálogo. No es un dato menor en un país de historial autoritario, desigualdades agraviantes e indicadores de confianza en rojo.
Vale la pena detenerse allí y ver si hay algo bueno que transferir a las prácticas políticas, entendiendo que, hoy por hoy, el factor más influyente en las tensiones sociales y en la marcha accidentada de la economía es el funcionamiento de la política. Una primera evidencia es que las movilizaciones de protesta en la mayoría de los casos han estado orientadas a buscar diálogo. La gente reclama, exige, cuestiona, pero a la vez pide diálogo. Si la agenda es básicamente de demandas por servicios públicos, riesgos ambientales o cuestionamientos a normas y resoluciones, por poner unos ejemplos, crece la valoración positiva de los espacios de diálogo.
Además, la presión de la comunidad sobre los dirigentes para que negocien con habilidad y logren buenos resultados es alta. Se abre campo, diríamos, un ‘pragmatismo razonable’ legitimado por las aspiraciones inmediatas de bienestar. No se busca la derrota total de las otras partes ni predomina un ánimo vindicativo. Liquidar a los jugadores es liquidar el juego. Y en el caso del diálogo político con mayor razón, porque está o debe estar cargado de continuidad histórica. Esto no significa que el conflicto social no sea, a su vez, un conflicto político en la medida en que los problemas que se tratan representan una crítica implícita a las responsabilidades de las instituciones públicas o al funcionamiento del mercado.
Pero hay dos elementos más para destacar: el cara a cara disuelve prejuicios. Las veces que comunidades y empresas se han sincerado y abierto a un mutuo entendimiento se acercaron más a soluciones satisfactorias. Y lo segundo es que el diálogo crea oportunidades para ver más allá de las rigideces normativas y las obsesiones políticas. Hace falta, por supuesto, gestionar mejor el cumplimiento de los acuerdos o profundizar en las relaciones interculturales y la participación de las mujeres en los diálogos. Pero que estamos ante un fenómeno generador de aprendizajes, de eso no hay duda.
No obstante, estos meritorios avances, la inestabilidad política y sus dramáticas derivaciones empujan al país hacia los bordes. Hace diez años, en el 2013, se registraron 1.102 protestas; el 2023 cerró con 4.883, 2.000 de ellas relacionadas con el conflicto iniciado el 7 de diciembre luego del golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. País caldeado, país errático.
Sería espeluznante que alguien pensara que en una democracia la muerte de 67 personas constituye un desenlace político. Amplios sectores de la población no han volteado la página, y todavía se respira en esta historia un aire de impunidad. De ahí la urgencia de aplacar los odios y retomar el carácter de bien público que tiene la democracia. No hay otra salida que hacer justicia y dialogar. Tensar la cuerda o administrar el estancamiento no son opciones. La política debe ser la respuesta a la crisis, no su factor de agravamiento.
Tenemos una democracia en observación permanente, con varias instituciones en claro retroceso. Si se resta importancia a las evidencias, si no se sale del metro cuadrado de los intereses personales, si no se detienen las estigmatizaciones que cancelan las relaciones humanas, lo perderemos todo.
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