La minería moderna y la tercera generación de conflictos

Estamos en abril del 2002. Meses antes, en febrero, se promulgó la Ley 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, la prehistoria del Reinfo, pero eso es harina de otro costal. Ahora estamos en abril. Se inicia una gran campaña de comunicación cuyo centro de gravedad es Lima. La campaña se llama Adiós al Cebiche. Es una campaña creativa, potente, pero sobre todo artera. Demasiado artera.

La campaña moviliza el orgullo limeño y peruano hacia la gastronomía. La política y la gastronomía, cuando se juntan, suelen crear neologismos: ‘gastropolítica’, ‘gastrodiplomacia’, etc. La campaña “sensibiliza” al “limeño cebichero” y construye una percepción negativa contra el proyecto minero Manhattan que en Tambogrande, Piura, insistía en su desarrollo. Tambogrande es la tierra del mango y, sobre todo, del limón, ingrediente esencial para el cebiche, orgullo nacional. En junio siguiente, del 2002, se organiza un referéndum en Tambogrande en el que el 98% rechaza el proyecto minero, según sus autores. En diciembre del 2003, el gobierno le da la estocada final al proyecto cuando fulmina el estudio de impacto ambiental.

Todo lo anterior representa una primera generación de “conflictos” alrededor de la minería moderna. En esta primera generación se constituye, por primera vez, un software que luego será replicado contra otros proyectos y operaciones mineras. Las ONG ideológicamente antimineras, red de medios locales y nacionales, operadores políticos, frentes de defensa, agricultores poco informados de las experiencias exitosas entre agro y minería, pero, sobre todo, un poderoso relato que enarbolaba una bandera ambientalista con paros y movilizaciones a menudo violentas de fondo. Años después, la minería informal y la extracción ilegal de minerales invadirían zonas de Tambogrande. El silencio de las ONG y operadores es desconcertante. Si hay una forma sencilla de resumir esta primera generación de conflicto, diríamos que es “ideológica-política”.

La segunda generación de conflictos aparece en el denominado corredor minero del sur. Ya no es un conflicto ideológico en esencia, sino que se reviste de ello. Es decir, se crea y utiliza una bandera de supuestas afectaciones ambientales y sociales, pero en el fondo, muy en el fondo, el objetivo es obligar a la empresa minera a renegociar acuerdos y convenios ya firmados. El fin último: más “renta minera”; he ahí la cuestión. En esta segunda generación de conflictos aparecen el “asesor” y el “abogado”, quienes no pretenden generar consensos entre comunidad y empresa minera, sino atizar el fuego del desacuerdo. El “asesor” y “abogado”, junto al dirigente comunal, codo a codo, diseñan una estrategia de negociación dura, fortalecen su capacidad de “dialogar”, utilizan a algunas ONG con sus campañas de propaganda antiminera, se apoyan en medios locales y “sensibilizan” a inadvertidos y románticos limeños que consideran a las comunidades como “buenos salvajes”, víctimas del capitalismo y la empresa privada. La lógica es que “si no me das mayores rentas, te hago paro”. A esta segunda generación la denominamos “rentismo y extorsión minera”.

Hoy ya se percibe una tercera generación de conflictos. Entre Pataz, Puno y Apurímac empieza a asomar un nuevo tipo de conflictividad. Esta vez el objetivo son la superficie y el subsuelo. El relato gira alrededor de la vieja teoría de los “pueblos originarios”, de la cual se desprende la de los “mineros ancestrales”, quienes tendrían “mayores derechos” mineros y legitimidad social y cultural frente a las concesiones mineras otorgadas “sin permiso” por la república moderna. La superficie es de las comunidades originarias y el subsuelo de los “mineros ancestrales”. En Pataz y en Pamputa, cerca de Las Bambas, las comunidades o sus representantes aseguran ser “mineros ancestrales” de “toda la vida”, pero la “verdad verdadera” es que la minería de cobre allí aparece en 2013. En Pataz, los ideólogos de la “minería ancestral” dicen que el oro de la zona “sirvió para el rescate de Atahualpa”. Aquí participan ilegales, informales, operadores políticos, medios locales y ONG. A esta tercera generación podríamos llamarla “ilegal-extractiva”.