(Foto: El Comercio)
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La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) es la receta que el Poder Ejecutivo ha ofrecido para solucionar la grave congestión vehicular, al fusionar en una única autoridad a todas aquellas que tienen alguna competencia en este territorio. Estando próximos a que el Congreso apruebe su creación, considero necesario advertir que está en ciernes un grave peligro para la nueva institución: que la ATU nazca con las manos atadas.

La creación de la ATU no solo pasa por dotarla de las competencias idóneas, de recursos económicos, de incentivos para atraer a los mejores cuadros técnicos y de autonomía. Es fundamental prestar atención a las decisiones que se vienen tomando en materia de transporte urbano, que impactarán a la ciudad en los siguientes años, como la decisión de la Municipalidad de Lima de ampliar por 10 años las autorizaciones a las vetustas combis.

En Lima, se impulsó la implementación del Sistema Integrado de Transporte (SIT), para otorgar la concesión a operadores con sólida estructura empresarial que operen de manera exclusiva y excluyente en rutas troncales y alimentadoras con buses patrón de su propiedad. Es decir, con orden y una calidad muy superior a la que tenemos el día de hoy. Sin embargo, en el 2015 la actual gestión municipal emitió la muy cuestionable Ordenanza 1876, luego de anular el proceso de concesión promovido por la Gerencia de Transporte Urbano (GTU), para autorizar por tres años a las empresas que hoy operan y que son representadas por la combi y su cultura del correteo e impunidad. Dichas autorizaciones están por vencerse y la municipalidad se alista a prorrogarlas por 10 años más.

Decisiones tan trascendentes no pueden tomarse a oscuras de la población. Del mismo modo, tiempo atrás esta gestión edilicia mediante la Ordenanza 1974 cambió el bus patrón como vehículo del SIT por la combi y la coaster. Gracias a este viraje, aún tenemos más de 9.000 combis y coasters, es decir casi 2/3 del total del parque de transporte público habilitado por la GTU.

Asimismo, el recaudo del sistema de transporte, es decir el componente tecnológico que permite que los usuarios abonen sus pasajes con una sola tarjeta sin importar si abordan el metro, el Metropolitano o si culminan en cualquiera de los corredores complementarios, ha sido entregado a una empresa sin mediar concurso, tras haber anulado el proceso de licitación respectivo. Dicha medida no solo es cuestionable legalmente: es contraproducente porque su tecnología no es interoperable con la del metro de Lima. Así las cosas, la integración real demorará años.

En cuanto a la gestión vehicular, recién en el último año de gestión se ha convocado a procesos para la semaforización de vías por más de S/130 millones sin haber resuelto el problema de la integración de las tecnologías que permiten el manejo centralizado de los semáforos de la ciudad.

En suma, ante la inminente creación de la ATU es imperativo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le preste atención a este tiempo de transición. Que diseñe un plan estratégico que contenga todos los proyectos de infraestructura y de índole regulatoria de la ciudad. Que estos sean monitoreados a través de indicadores claros y eficientes para evaluar los grados y compromisos de inversión. El objetivo será determinar si se justifica la ejecución de proyectos hoy o si es mejor dictar disposiciones temporales para no hipotecar los primeros años de funcionamiento de la nueva autoridad.