Las 132 razones, por Fernando Rospigliosi

Conocido el informe final de la Comisión Lava Jato del Congreso, se explica por qué la coalición antifujimorista lo atacó y pretendió descalificar aun antes de hacerse público. Los principales acusados son conspicuos integrantes de esa alianza y sus colegas, amigos, abogados, allegados y seguidores han tratado de ocultar y desacreditar la investigación y sus conclusiones.

Al final, son 132 los imputados de haber cometido delitos en la trama de corrupción Lava Jato, entre individuos y empresas (“Gestión”, 8/11/18).

Entre los más significativos están Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynski, Luis Castañeda y Susana Villarán, muchos ministros y funcionarios de todos los gobiernos desde el 2001, los principales directivos de las más grandes compañías constructoras del país y las empresas mismas.

Así, la coalición antifujimorista no solo está unida por la animadversión al fujimorismo, sino por el interés de proteger a los principales incriminados por la corrupción de Lava Jato.

Ciertamente, como suele ocurrir en investigaciones congresales y judiciales, no son todos los que están y no están todos los que son. El mayor cuestionamiento a la comisión es la exclusión de Alan García. Aunque no hay –hasta ahora– declaraciones de los brasileños que lo involucren, ni cuentas vinculadas a él, ni pruebas de lavado de activos, sus enemigos lo acusan de una suerte de autoría mediata, porque siendo presidente, Odebrecht se benefició con jugosos contratos y hay evidencias de que sobornó a funcionarios de su gobierno.

En el caso de Keiko Fujimori, el antifujimorismo la usa en su operación de desprestigio a sabiendas de que la comisión no investigaba aportes de campaña sino corrupción en el Estado.
Posiblemente también varios de los señalados no estén comprometidos en ningún acto ilícito.

El informe pasará al Ministerio Público que investigará y determinará la responsabilidad legal de los 132 denunciados. Por eso los ataques encendidos, persistentes, incansables contra el fiscal Pedro Chávarry. Es indispensable para muchos de los acusados –y sus abogados– tener fiscales amigos o dúctiles. Es mucho lo que está en juego.

Entretanto, el presidente Martín Vizcarra ha emprendido una campaña electoral de un mes en la que recorrerá todo el país haciendo propaganda a sus propuestas para el referéndum, al que presentará luego como una suerte de plebiscito sobre su gobierno. Como señala “Gestión” en un editorial, “este viaje se inicia el 8 de noviembre y culmina el 8 de diciembre, un día antes de que se realice el referéndum. Esta coincidencia en las fechas podría empañar la labor presidencial al poner un halo de duda sobre la finalidad real de la visita y asociarla más a una campaña a favor del referéndum que a un interés por asegurar el crecimiento de la inversión pública” (31/10/18).

Previsiblemente, las mamarrachentas propuestas de reforma política de Vizcarra se impondrán sin obstáculos.

Para justificar al presidente algunos entusiastas, que son conscientes de lo negativo de sus proyectos, insistían en que esas propuestas eran solo una carta de transacción. Eso no era posible. Como sostuve aquí, “un argumento que usan algunos para respaldar el referéndum de Vizcarra es que en realidad es solo un arma de negociación con el Congreso, y que finalmente lo canjeará por otra cosa. Eso es inviable. El presidente ya no puede retroceder y va a ir hasta el final con su insensata propuesta” (11/8/18). Era obvio que sería así, porque lo que había subido su popularidad –su verdadero interés– eran las propuestas demagógicas y populistas de no reelección de congresistas y de no aumentar el número de parlamentarios. Que eso empeore el sistema político le importa un comino.

A pesar de lo cual algunos insistían. Por ejemplo, Andrés Calderón en esta página pretendía refutarme, sosteniendo que Vizcarra “podría sacrificar o modificar algunas de sus propuestas (como la reelección parlamentaria o el número de diputados y senadores) a cambio de que sí se aprueben prontamente otras. No entiendo por qué Fernando Rospigliosi (EC, 11/8/18) dice que esto es ‘inviable’” (13/8/18). Ahora supongo que Andrés entenderá por qué eso era inviable.

La única reforma indispensable y urgente es la del Consejo Nacional de la Magistratura, aunque incluso en este caso algunos expertos consideran “insatisfactoria” la alternativa del gobierno (Luis Pásara, “Reformar la justicia. Una mirada a la propuesta del presidente de la República”, 2/8/18). Probablemente el nuevo organismo no será peor que el anterior, pero tampoco cabe esperar resultados milagrosos.