No es juego

Lo último que necesitábamos era un trabalenguas sobre la constituyente. Obra de la presidenta Boluarte cuando habló de una “reforma total” y “urgente” de la Constitución a través del propio Parlamento.

No estamos para que la presidenta abra un peligroso tablero de Jumanji del cual puede salir cualquier cosa. Ya llevamos años atrapados en un agujero negro donde todos los actores políticos comparten una perversa complicidad con el caos. Pero han sido Castillo y sus secuaces quienes sostenidamente construyeron un discurso de división y victimización del cual ahora brota el hepático “que se vayan todos”. Un clamor que todas las vertientes de izquierda aprovechan para promover su máxima obsesión: la asamblea constituyente.

Sus impulsores fingen creer que un texto extirpará los males de la sociedad. Instalarla significa otorgar un poder absoluto. Se suspenden las garantías y derechos y estos quedan en manos de quienes redacten la nueva carta. Perú Libre proponía que un grupo salga de los mismos partidos que hoy generan tantos anticuerpos y otros sean delegados de gremios y sindicatos. Los mismos que Aníbal Torres se encargó de azuzar cuando prometía que correría sangre. Entre políticos probadamente ineptos y demagogos altamente ideologizados estaría el destino del Perú.

Quienes repiten que es una obligación moral cambiar la Constitución del 93 porque se gestó durante el fujimorato omiten reconocer que bajo esta Carta Magna no solo cayó el régimen de Alberto Fujimori, sino que fue procesado y encarcelado. Cosa que no pasa con otras constituciones que sirven para perpetuar en el poder al gobernante de turno. Sino pregúntenles a los venezolanos.

El gran objetivo es desarmar el capítulo económico y traer de vuelta al fallido Estado empresario que controlaba precios y generaba una inflación desbordada. Con la actual Constitución se garantizó la independencia del BCR, se redujo la pobreza a más de la mitad, se triplicó el PBI, se lograron bajas tasas de inflación y se promovió la inversión privada y las exportaciones. La inversión privada genera el crecimiento y el empleo, pero necesita reglas claras. Recordemos que en el 2021 sufrimos la mayor fuga de capitales de nuestra historia, más de US$15 mil millones, por la incertidumbre que generó Castillo coqueteando con una constituyente. ¿Queremos algo peor?

Con 12 constituciones a cuestas ya deberíamos asumir que los problemas no pasan por la redacción de un texto, sino por un Estado ineficiente que no cumple funciones elementales. No aprovecha los recursos para reducir desigualdades. La calidad de gasto es paupérrima. Basta ver el desempeño de los gobiernos regionales y también del Ejecutivo.

Mientras Castillo renegaba de la “Constitución neoliberal” iba nombrando a un ministro cada 6 días (79 en total) y un viceministro cada 5 (104). Entre secretarios generales y directores hubo un récord de 710 remociones por escándalos de corrupción y falta de idoneidad. Los sectores que más sufrieron fueron Interior, Desarrollo Agrario, Transportes y Energía y Minas. Sectores claves para atender urgencias sociales. ¿La culpa de esta gestión ineficiente la tuvo la Constitución? Antes de apretar el botón de autodestrucción recomiendo que lean el documento que quieren cambiar. Evitemos un próximo arrepentimiento.