Se está haciendo costumbre —una mala costumbre— que cada presidente nuevo o nueva pida facultades legislativas al Congreso. Quizás se justifique recurrir a lo que es y debería ser un procedimiento excepcional cuando hay que enfrentar una emergencia, como el Fenómeno del Niño, o un problema mayúsculo, como la criminalidad, aunque vaya uno a saber si son más leyes lo que se necesita para hacerles frente. Eso parece ser lo que tiene en mente la señora Fujimori. Pero para reactivar la economía, que es algo que también ha mencionado, o reducir la informalidad, debería seguir más bien el proceso institucional regular, que es mandar sus proyectos de ley al Congreso para que los discuta y los apruebe (o los rechace).
Se está haciendo costumbre —una mala costumbre— que cada presidente nuevo o nueva pida facultades legislativas al Congreso. Quizás se justifique recurrir a lo que es y debería ser un procedimiento excepcional cuando hay que enfrentar una emergencia, como el Fenómeno del Niño, o un problema mayúsculo, como la criminalidad, aunque vaya uno a saber si son más leyes lo que se necesita para hacerles frente. Eso parece ser lo que tiene en mente la señora Fujimori. Pero para reactivar la economía, que es algo que también ha mencionado, o reducir la informalidad, debería seguir más bien el proceso institucional regular, que es mandar sus proyectos de ley al Congreso para que los discuta y los apruebe (o los rechace).
No hay ninguna emergencia económica que requiera una intervención del gobierno. La economía viene creciendo a tasas anualizadas de 3% o 4% desde hace dos años. El empleo formal crece más rápido todavía. La inversión privada, ni se diga: los tres últimos trimestres son los tres trimestres con la inversión privada más alta de la historia en términos reales. Tanto que se habla de destrabar...
En todo caso, se puede destrabar y desregular a punta de decretos supremos y resoluciones ministeriales. Dicho de otra manera, el nuevo gobierno debería avanzar todo lo que pueda avanzar con normas de menor jerarquía, sin esperar que el Congreso le apruebe sus proyectos o le conceda facultades legislativas.
¿En qué podría avanzar? En materia de formalización, que es una de las cosas que le preocupan, debe olvidarse de repartir beneficios tributarios. Es un despropósito exonerar de impuestos a las empresas que se formalicen, así sea temporalmente. Se supone que el objetivo de la formalización es que las empresas tributen. Una exoneración temporal no va a hacer que el empresario, una vez que haya experimentado las maravillas de la formalidad, tribute gustoso; lo que va a hacer es inducirlo a cambiar de razón social para tener unos años más de exoneración.
Mejor sería bajar el precio de la entrada al mundo formal. Constituir una empresa por escritura pública cuesta lo que para muchos emprendedores es todo el capital que tienen para comenzar su negocio. Podrían ir directamente a Registros Públicos a constituir su empresa, como se “constituye” una persona natural cuando sus padres van a inscribirla.
En el frente laboral seguramente encontrará más requisitos prescindibles, y en otros, también. Es cuestión de ponerse a buscar.
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