La primera medida del nuevo presidente José Jerí frente a la creciente inseguridad es, lamentablemente, más de lo mismo. Mejor comunicada, mejor empaquetada, pero es la repetición de una receta fallida del gobierno de Dina Boluarte.
Los estados de emergencia han demostrado ser altamente ineficaces para combatir tanto el crimen de poca monta como el organizado. Si no, la provincia de Pataz sería un modelo de formalidad y de seguridad, y no el epicentro de asesinatos y atentados perpetrados por criminales asociados con la minería ilegal.
Este calco preocupa, principalmente, porque el avance de la delincuencia no es el único problema urgente que no puede esperar más. Como ha alertado esta semana el Consejo Fiscal (CF), este Congreso ha aprobado y está evaluando una cantidad casi obscena de iniciativas legislativas que crean gastos que no tienen cómo financiarse o reducen los ingresos a través de impuestos, creando el riesgo de que se disparen tanto el déficit fiscal como la deuda pública a niveles no vistos en las últimas décadas. Esto podría derrumbar la sostenibilidad fiscal, una de las columnas que le otorgan su probada solidez a la economía peruana, abatida constantemente por la incertidumbre política.
Boluarte había claudicado frente a estas presiones y no es difícil imaginar que Jerí, cuya permanencia en la presidencia también pende del hilo que sostiene la mayoría parlamentaria, siga ese ejemplo. Pero ojalá el nuevo gobierno y la nueva ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, reconozcan la urgencia de que regrese la cordura al manejo fiscal y encuentren la forma de construir un dique para contener el empuje populista del Congreso, especialmente en el presupuesto para el 2026 que deberá aprobarse el próximo mes.
Otra pregunta que sería ideal que se respondiera en los próximos meses es qué hacer con Petro-Perú. La salida de Alejandro Narváez es una buena señal, pero la inercia en la petrolera estatal es poderosa y, desatendida, es fácil predecir que su crisis financiera solo seguirá agravándose.
El fin del Reinfo también sería una excelente señal de resistencia frente a la minería ilegal, que le roba recursos al Estado Peruano, alimenta al crimen organizado y corrompe a autoridades a todo nivel.
El problema es que toda nuestra clase política está en campaña. Tendríamos que encontrar la manera de que los incentivos cambien y que la demolición de nuestras fortalezas económicas y las alianzas con fuerzas destructivas realmente les cuesten electoralmente a los partidos políticos, que les hagan un daño que ninguna dádiva o video de TikTok pueda reparar.
