El crimen de la data

La medicina no siempre fue una ciencia cuyos diagnósticos y tratamientos se basaban en la observación, teoría y estadística. De hecho, hasta antes del siglo XVIII, las fuentes centrales de la práctica médica occidental incluían textos “irrefutables” de la antigüedad, la teoría humoral, la experiencia personal de cada doctor y la superstición. La ciencia médica que conocemos hoy toma forma recién en el siglo XX con la popularización de avances estadísticos aplicados.

La economía tuvo su propio proceso de “profesionalización”, un poco detrás de la medicina, pero la historia es parecida. Antes se partía de teorías crudas, a lo sumo intuitivas, y se diseñaba política económica sobre esa base. Ahora se exige algún nivel de rigurosidad técnica y evidencia estadística antes de tomar decisiones. La realidad manda, y la teoría se mide contra ella. Otras ciencias van algo más atrasadas, pero también en ese camino –la ciencia política peruana, de cuyo incipiente desarrollo estadístico se lamentaba Carlos Meléndez en una reciente columna en este Diario, es un ejemplo–.

¿Qué hay de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen? A juzgar por los palos de ciego que el gobierno ha ensayado en los últimos años, cualquiera pensaría que no existe ciencia alguna a la cual acogerse. Que la implementación caprichosa de estados de emergencia, toques de queda, suspensión de actividades, entre otras, es lo único que hay, algo así como las sangrías médicas del siglo XIX. Pero estas últimas mataban gente, y los errores en seguridad ciudadana también.

No es cierto que no haya mayor ciencia. Diversas universidades peruanas tienen espacios de estudio dedicados a la criminología y economías ilegales. Centro de estudios independientes con profesionales especializados también existen. Estos pueden responder preguntas como: ¿cuándo funcionan –o no– los estados de emergencia? ¿Qué tipo de preparación y equipamiento es el más efectivo para el personal policial? ¿Cómo se debilita el vínculo entre pobreza y acción criminal? ¿Qué combinación de vigilancia digital y patrullaje es la óptima en nuestras circunstancias? Las vidas –y presupuesto público– que se ahorrarían con estas respuestas justifican de sobra el pequeño esfuerzo.

En otras palabras, técnicas de evidencia sistematizada existen. Los palos de ciego no son necesarios. Otros países han resuelto esto antes y no se trata de inventar la pólvora, sino de escuchar más a los que han estudiado el asunto. A nadie se le debe ocurrir hoy hacer medicina sin evidencia médica. A nadie se le debe ocurrir hacer economía sin evidencia económica. ¿Por qué sí nos parece normal hacer políticas de seguridad sin evidencia criminológica?

Algo de esto, por supuesto, se trabaja ya en el Ministerio del Interior, pero ¿cuánto de los casi S/13 mil millones de presupuesto anual del pliego se destina a hacer más efectivas las intervenciones con base en evidencia? ¿Quiénes son los responsables? ¿Tienen las herramientas para hacerlo bien y la legitimidad interna para implementar sus recomendaciones? Los pésimos resultados hablan por sí solos. La dimensión económica tampoco es menor. ¿Cuánto le cuestan al país la inseguridad y políticas como la suspensión de la minería por 30 días en Pataz? El costo de saber que estamos haciendo lo mejor posible, dentro de la mejor evidencia a disposición, sería apenas una fracción de eso. Si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la SBS y el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) invierten abundantes recursos en entender y analizar cualquier propuesta económica antes de implementarla, ¿por qué aquí es diferente?

Nadie dice que sea suficiente para vencer la delincuencia ni que sea fácil. Los factores alrededor del crimen son complejos y se prestan de varias ciencias (sociología, economía, psicología, etc.). Pero es precisamente por esta complejidad –no al revés– que se deben estudiar más las intervenciones que sí funcionan. En un mundo que hoy está repleto de data, softwares y profesionales, el crimen es no utilizarlos para salvar vidas.