Incontrolado poder del crimen

En las ciudades la extorsión domina la vida cotidiana de muchos. La población afectada parece resignarse a sobrevivir a la disputa de territorios por parte de organizaciones criminales. Es decidora la escenografía montada por ‘El Monstruo’ hace pocos días, en la que se amenaza de muerte a los que paguen a otros que no sean ellos. El gobierno, en la práctica, ya tiró la esponja. El país se acostumbra a la nueva realidad y los muertos de cada día se apilan, pero casi ya no son noticia.

De su lado en el mundo rural operan con bastante impunidad muchas economías criminales; entre ellas, trata de personas, narcotráfico, tala ilegal de madera, tráfico de flora y fauna, contrabando y minería ilegal.

¿Qué une a las organizaciones criminales de la ciudad y del campo? Su capacidad de ejercer toda la violencia que requieran para lograr sus objetivos; la facilidad con la que corrompen y hasta reclutan a miembros de las instituciones que las enfrentan; así como su interés en consolidar su influencia en el Congreso y los tres niveles de gobierno.

En este escenario general el poder que ha llegado a tener la minería ilegal la coloca como el principal problema criminal del país.

Su poder económico es virtualmente ilimitado. Si ya fue impactante que en el 2024 el precio de la onza rondara los US$2.400, en el 2025 se mantiene por encima de los US$3.300. El valor de sus negocios para este año puede superar fácilmente los US$7.000 millones, suma mayor que el presupuesto total de los ministerios del Interior y de Defensa.

Lo es también por su expansión por el territorio. El Comercio ha documentado que hay al menos 10 lugares que deben llevarnos a niveles de preocupación similares a los que tenemos por Pataz. La realidad es incluso más cruda, ya que no hay región del Perú que no tenga minería ilegal y son muchas las que se están convirtiendo en un fenómeno incontrolable.

Notoriamente, además, tienen mucha capacidad de incidir para que se legisle a su favor en el Congreso y creciente influencia lo propio en el Ejecutivo.

La ya anunciada ampliación por seis meses del Reinfo acompañada del bochorno de haberle agregado, vía reglamento, que los que lo deseen pueden dejar en herencia su registro no augura nada bueno.

El ministro de Energía y Minas ha dicho que no hay de qué preocuparse, porque toda esta fallida legislación termina en diciembre. O es muy ingenuo o muy sabido, porque cualquier persona bien informada sabe que el Congreso ha demostrado en múltiples ampliaciones anteriores, y con mayorías dignas de mejor causa, que pueden continuar con el Reinfo por un año más. El argumento será esta vez que un Congreso y un Ejecutivo de salida no deben imponer una política a los futuros gobernantes, los que con una visión de cinco años pueden buscar soluciones adecuadas.

Y esto nos lleva al poder electoral de una minería ilegal que, rebosante de dinero, puede financiar y promover discretamente a sus favoritos y, a la vez, usando la amenaza e incluso la violencia, pueden sacar de carrera a quienes no les convengan.

De hecho, están más activos políticamente y por cientos ya están afiliándose en los partidos que sienten más confiables. No solo ellos: de acuerdo con una investigación de RPP, están haciendo lo propio requisitoriados que están en el programa de recompensas por narcotráfico, homicidio y violación.

Todos los que queremos un país donde no prime la ley de la selva tenemos que estar muy atentos en estas elecciones, para reducir en lo posible los perjuicios del crecimiento de las economías criminales y muy en particular de la minería ilegal.