La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE era necesaria. Contra lo que algunos sostienen, no solo fue legal, sino correcta. El fiasco que significó la primera vuelta constituye un impedimento plenamente justificado para su permanencia en el cargo, tal como exige la ley.
En realidad, es lo que debería ocurrir en cualquier democracia donde prime el sentido común y donde las autoridades rindan cuentas por sus actos. Preocupa que, en nombre de una supuesta institucionalidad, aún haya quienes sostengan que debía permanecer en el cargo quien es responsable de que miles de peruanos no hayan podido votar, afectando la legitimidad del proceso electoral.
Cabe preguntarse qué hubiese ocurrido si Corvetto se negaba a renunciar. Lo más probable es que hubiese dirigido la segunda vuelta. Difícilmente la investigación preliminar iniciada por la Junta Nacional de Justicia hubiese concluido a tiempo para reemplazarlo antes. Esto habría profundizado la desconfianza ciudadana en el proceso electoral, con consecuencias fatales para la democracia.
Se trata de un escenario hipotético, sí, pero no lejano. Por eso, es necesario reflexionar sobre el diseño del sistema electoral. Los organismos electorales cuentan con autonomía constitucional para preservar su neutralidad política. Sin embargo, a diferencia de otros organismos autónomos, sus cabezas no son designadas por poderes electos ni pueden ser destituidas por estos en casos graves.
El objetivo es evitar presiones o capturas políticas, pero la independencia no debería convertirse en aislamiento. Un sistema completamente ajeno a los mecanismos de control político debilita los pesos y contrapesos y deja a la democracia sin respuesta ante crisis como la actual, generando un serio problema de falta de rendición de cuentas.
A diferencia de organismos como el BCR, el TC o la Defensoría del Pueblo –designados por el Ejecutivo o el Congreso–, el jefe de la ONPE es elegido mediante concurso público por la JNJ, cuyos miembros también acceden al cargo por concurso.
Esto plantea una pregunta clave: ¿quién asume la responsabilidad política por el resultado de un concurso público? En la práctica, nadie. Así, la ONPE queda fuera del sistema de control democrático y muy distante de la voluntad popular. Paradójicamente, los organismos completamente desvinculados de estos controles resultan más vulnerables a influencias indebidas de poderes fácticos, sin que exista un mecanismo claro de corrección.
Recuperar la confianza en el sistema electoral exige repensar su diseño institucional. Que esté al menos sujeto a algún mecanismo constitucional de control por parte de los poderes electos debe ser evaluado. No hay sistema perfecto, pero un modelo totalmente blindado frente a los poderes electos puede generar más problemas de transparencia y accountability que los riesgos de politización que busca evitar.
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