Mosquito al poder

Rafael López Aliaga se acerca en la contabilidad de votos a Roberto Sánchez. ¿Puede pasarlo? Quizá no, pero puede acercarse lo suficiente, lo suficiente para confirmar que le robaron las elecciones.

López Aliaga no es mi opción, pero se debe reconocer que la barbarie de la ONPE le escamoteó miles de votos.

Por culpa de la ONPE, en algunas circunscripciones la elección se hizo en dos días. Hubo problemas de horario y de gente que no regresó a votar.

También la ONPE puso avisos de que no se iba a cobrar multa a los que no votaran. Muy justo con ellos, pero muy injusto con todos los demás. Muchos votaron porque querían evitar la multa. ¿Por qué no fueron liberados de la obligación del voto? La obligatoriedad es un mandato constitucional. ¿Por qué razón unos deben cumplir con este deber y otros no?

Imaginemos que la diferencia entre Sánchez y López Aliaga se redujera a 10.000 o menos. ¿López Aliaga no perdió acaso 10.000 o más votos debido a la irresponsabilidad y la corrupción en la ONPE?

¿Cuál sería la legitimidad de Sánchez en caso de que esto suceda? La vía de la anulación del proceso electoral está cerrada. El abismo institucional está casi garantizado.

Supongamos que Sánchez pasa a segunda vuelta. Y supongamos que vence a Keiko Fujimori. Tendríamos un presidente que pasó cuestionablemente a segunda vuelta. Tendría la legitimidad de un mosquito.

Sánchez y su grupo proponen no un gobierno para administrar nuestras crisis y contenerlas. No, ellos proponen un quiebre constitucional disfrazado.

En el plan de gobierno de Juntos por el Perú sostienen que cancelarán el “modelo neoliberal”. En su lugar anuncian que va a cambiar “hacia un verdadero Estado social y democrático de derecho, con soberanía y justicia social, para recuperar la patria y reivindicar la dignidad” (Juntos por el Perú, plan de gobierno).

¿Qué es un Estado social de derecho? ¿Qué es un Estado “democrático de derecho”? ¿Qué es “recuperar la patria”?

Este palabreo choca con las definiciones de la Constitución. Esta habla de una “república democrática, social e independiente”. Un “verdadero” Estado democrático de derecho es algo distinto y, por ahora, incognoscible.

Sánchez representa un salto al vacío y a la escasa legitimidad. Pretende cambiar el modelo económico y la definición del Estado peruano. Es una revolución, no un cambio democrático.

Se pondría a los poderes del Estado al servicio de un mosquito en cuanto a legitimidad.