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En tiempos digitales, la protección de la información, de las plataformas de comunicación y de contenidos, así como la utilización de equipos conectados al Internet o los sistemas que ayudan a procesos de gobierno, y más aún los que están vinculados con procesos electorales, nos enfrenta a un reto permanente y transversal: la ciberseguridad.

Empecemos por el próximo proceso electoral, y para ello miremos lo ocurrido en Rumanía. La BBC titulaba la noticia de esta manera: “La supuesta operación rusa en TikTok a favor del ganador que llevó a la justicia de Rumanía a anular el resultado de las elecciones”. Y no es la primera vez que se usan redes sociales en procesos electorales y que han generado diversas discusiones como lo fueron el caso de Cambridge Analytica y Facebook o los bloqueos a determinadas redes durante procesos electorales. La diferencia es que es la primera vez que directamente se anula un resultado porque se ha utilizado una red social en concreto para cambiar la tendencia de la población. La discusión de fondo a hacerse es: ¿puede una red social cambiar la tendencia de votación? ¿Qué responsabilidad tiene la plataforma de contenidos en un proceso electoral?

Ya debemos pensar en nuestras elecciones, donde la ONPE pretende desplegar el uso de voto electrónico. Pero no solamente en la votación se pretende utilizar la tecnología, sino que se usa en la consolidación de datos, en la transmisión de los datos, en la publicación de los mismos, siendo que todos esos sistemas deben tener protocolos de ciberseguridad, para que no se vean afectados los procesos, como ocurrió en diversos países cuestionando los resultados o más aún con resultados a favor de un candidato que se le termina desconociendo.

Siendo que ahora todo está conectado a la red, es imprescindible que las entidades que gestionan dichas aplicaciones y sistemas tengan protocolos claros de ciberseguridad para resguardar la información de los usuarios/ciudadanos en primer lugar y de las mismas entidades también.

Y es que vemos noticias sobre diversas brechas de ciberseguridad que aparecen. Y es aquí donde las organizaciones que trabajan la ciberseguridad deben cumplir con las normativas de protección de datos personales, un real diferenciador de su compañía.

Pero, aun con los miles de dólares en inversión permanente y la actualización de sistemas, pueden aparecer brechas, y es aquí donde las entidades que enfrentan adecuadamente e informan a los usuarios (cuando hubieren sido afectados) tienen una ventaja frente a quienes ocultan la información, y terminan frente a una crisis reputacional cuando son conocidas esas brechas.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Erick Iriarte es abogado especialista en derecho digital.

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